:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/ycoTa0vcZic-lSsijSQ8imuKwck=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/RRWPR6ODIZHLFMKSQMNL6ZUCUQ.jpg)
Apenas 24 horas después de que el presidente colombiano, Juan M. Santos, hiciera pública la estrategia frente al fallo adverso de la Corte de La Haya en el litigio fronterizo con Nicaragua y dijera que el mismo es inaplicable en tanto no exista un tratado fronterizo, su homólogo nicaragüense Daniel Ortega le tomó la palabra.
Lo hizo mediante alocución televisada en la que se mostró dispuesto a trabajar en la definición del acuerdo de límites, pero enfatizó en que el mismo debe ceñirse a lo establecido por el tribunal internacional. Esto es, que a Nicaragua le pertenecen cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar en la zona del departamento colombiano de San Andrés.
Dicho de otra manera, a partir de este momento los dos países protagonistas del diferendo fronterizo más publicitado de los últimos años en las aguas caribeñas están de acuerdo en que es necesario trabajar de manera conjunta en la construcción de un instrumento internacional con las características de un tratado para ponerle fin a la disputa sobre el área que a cada uno le corresponde en el Caribe. El problema es que aun cuando comparten la idea sobre el instrumento a utilizar, parecen quererlo para fines distintos: el gobierno de Ortega lo busca para consignar allí las directrices de la Corte de La Haya, mientras que Colombia aun cuando no ha dicho que desacata el fallo, no parece tan decidida en acogerlo.
Pero las declaraciones presidenciales, que por momentos parecen distantes, en la práctica no lo serían tanto. Santos dice que el fallo es inaplicable si no hay tratado. Ortega, que firmen el tratado para aplicar el tratado. Claro está, el problema es que las negociaciones entre dos países para suscribir un tratado pueden tardar varios años.
La verdad es que, aunque bastante difundidas por los medios de comunicación nicaragüenses, las palabras de Santos anunciando la inaplicabilidad del fallo no parecieron sorprender al gobierno Ortega, pues este ya se había anticipado al invitar a Santos a buscar un acuerdo para “hacer el tránsito a una disputa resuelta”, propuesta que ratificó ayer al responder punto por punto los cuatro ejes de la estrategia de defensa de Santos.
El presidente colombiano había revelado que sin tratado no aplica el fallo que Colombia decretará una Zona Contigua Integral en su mar Caribe, que asumirá la defensa de la reserva Seaflower y que actuará para contrarrestar las “ambiciones expansionistas de Nicaragua”.
Ortega también dijo querer proteger la reserva natural Seaflower y calificó como “ridículo” el señalamiento sobre su supuesto interés para extender sus fronteras más allá de lo que realmente le pertenece y dijo que es su país el que ha sido víctima de dicha conducta por parte de otros.
Otro aspecto del debate en el que dejó claro hacia dónde camina Nicaragua tiene que ver con la aceptación por parte de Ortega de la idea de que su país tiene la facultad, amparado en el derecho internacional, de extender su plataforma continental. Esa afirmación apunta a la idea de una nueva demanda ante tribunales internacionales que, de ser fallada a su favor, aproximaría aún más al país centroamericano a las costas de San Andrés. El temor ante tal escenario fue el que llevó al gobierno Santos a anunciar el lunes que creará una zona contigua integral en el Caribe desde el archipiélago hasta Cartagena.
Pero la voz de Ortega, aunque es la oficial, no fue la primera que se oyó en Managua tras las declaraciones que el lunes hizo Santos sobre el litigio. El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, expresó que su país “no va a negociar ni una gota de agua” con Colombia y que el único procedimiento posible es apegarse al fallo de La Haya, que reconoció los derechos de su país en la plataforma marítima que se le restituyó. Aseguró que mantendrán presencia en ese espacio marítimo y que no caerán en provocaciones colombianas.
El experto en derecho internacional Mauricio Herdocia, uno de los encargados de desarrollar la estrategia de Nicaragua en el diferendo limítrofe, calificó como “confuso, contradictorio e insostenible” el discurso de Santos: “Esta es una alocución que tiene una profunda motivación política, pero tiene un elemento peligroso y es el argumento relacionado con la posibilidad de extender el mar territorial fijado para los accidentes insulares a una zona contigua de 24 millas. Esto lo que hace en el fondo es tratar de reconstruir la muralla de contención de Colombia, establecida en 1969, frente a la costa de Nicaragua”, explicó.
El analista cree que el de Santos es un “intento de borrar” la sentencia de la CIJ y, por lo tanto, es una decisión contradictoria: “Por un lado, critica a la CIJ injustificadamente, pero por el otro se reserva el derecho de acudir a la CIJ”.
Del mismo modo, el jurista Norman Miranda expresó que el mandatario colombiano utilizó el eufemismo de “inaplicable” para “evitar decir que están desacatando la sentencia de ineludible cumplimiento”. Miranda cree que los únicos recursos aplicables en este caso eran los de aclaración y revisión: “Recurrieron a falacias legales diciendo que se violan derechos de terceros países, porque la misma sentencia deja salvaguardados los derechos de otros países”, comentó a El Espectador. En ese sentido, cree que Santos “se está erigiendo como agravado de países que no se han reportado como afectados”.
Debe aplicarse el fallo
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habló la semana pasada de la importancia de crear una comisión binacional con Colombia para trabajar la sentencia de la CIJ, que permita respetar de manera plena el fallo de noviembre de 2012: “Le proponemos al presidente Juan Manuel Santos que trabajemos una comisión para que de ahí salga un tratado que nos permita respetar, poniendo en práctica el fallo de la Corte”.
Ortega todavía no se pronuncia sobre las últimas declaraciones de Santos. El Espectador se comunicó con el viceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, quien anticipó que pronto hablarán al respecto.
Miranda, de otra parte, dijo que lo único que resta es aplicar la sentencia de la CIJ, porque ya no cabe un tratado para “arreglar el diferendo”, pues la frontera fue definida por La Haya. De paso, el experto en derecho internacional calificó como un “juego sucio procesal” la posición de Colombia y recordó el caso similar del conflicto territorial entre Nigeria y Camerún en 2012, por los territorios de la península Bakassi.
“Nigeria aludía que en su Constitución se establecía que ese territorio les pertenecía, pero finalmente debieron reformar la Constitución: ninguna ley interna puede estar por encima del derecho internacional”.
Debe haber solución
Carlos Guerra, magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, calificó la situación como “un retroceso al entendimiento de la justicia y a la solución pacífica de conflictos entre países de la región”. Bajo su concepto, la decisión del Gobierno de Colombia “es una posición de fuerza, no del mundo civilizado”, y opinó que Estados Unidos debe tomar acciones, porque es primordial para la estabilidad de los países centroamericanos.
Otra voz fue la del destacado jurista y filósofo Alejandro Serrano Caldera, quien valoró como un “juego de palabras” las declaraciones de Santos: “Por un lado, políticamente dice que no pueden aplicar el fallo, pero está dejando abierta la puerta al diálogo”.