Desafíos de la justicia transicional a los DD.HH. en Colombia

Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ve como un gesto fundamental la incorporación de víctimas a los diálogos de paz en Colombia. / Luis Ángel

Foto: LUIS ANGEL

¿Cómo valora la CIDH los esfuerzos del Estado colombiano por adelantar un proceso de paz y mejorar los mecanismos para garantizar a justicia, verdad y reparación?

Este es un informe complejo, largo, que dialoga con la realidad colombiana. Es el cuarto que presenta la CIDH y parte de reconocer que hay un momento histórico y del reconocimiento a los esfuerzos del Estado en términos de la construcción de la paz y los diálogos de la paz. Reconoce entonces la Comisión no solo el fenómeno de los diálogos sino también que el conflicto armado es una fuente primaria de violación a los DD.HH. y que de ahí se han generado otras condiciones de guerra, que han llevado a fenómenos de violencia que se han extendido prácticamente por todo el país, y que han tenido una particular forma de expresión con los grupos en situación de vulnerabilidad. La Comisión, no solo en este informe, sino durante años ha resaltado el papel histórico del conflicto armado como generador de violencias y violaciones a DD.HH. Esto hace entender la importancia estratégica y significativa del proceso de paz. La Comisión ha saludado esos esfuerzos, ha reconocido su importancia y la importancia de que no haya nuevas violaciones ni víctimas en el futuro.
Es un caso muy impresionante que en pleno conflicto se están iniciando procesos de trabajo con víctimas. La Ley de Víctimas en ese sentido, en Colombia, marcó un precedente. No hay un ejercicio así. Es un fenómeno que hay que tomar en cuenta. Son hechos que la Comisión toma en cuenta y así se refleja en el informe.
(Vea el informe completo aquí)

Uno de los desafíos centrales que plantea el informe es la aplicación de la justicia transicional con relación a las obligaciones que tiene el Estado de cumplir estándares de derechos humanos.

Es un desafío para todos los países. La manera en que los propios países van encontrando la forma para la construcción de su justicia transicional no es uniforme. Lo que hace la Comisión, y lo ha hecho en particular con Colombia, es ir construyendo ciertos criterios a partir de las obligaciones internacionales de los estados. Ha ido monitoreando las obligaciones con Colombia. El caso de Colombia tiene la particularidad de que es un fenómeno donde del conflicto armado se quiere pasar a la paz, no es el paso de dictadura a democracia.

La Comisión ha dialogado con fenómenos de distinta naturaleza a lo largo de los años con Guatemala, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú. Colombia tiene que también, en su propio proceso, generar los mecanismos para construir paz apoyándose en la plena vigencia de los DDHH. Lo que la Comisión dice es: qué bueno que se apuesta a una paz duradera, estable, verdadera, fundada justamente en el respeto a los DD.HH. Y ahí, entonces, el tema de la justicia transicional ha ido cambiando a lo largo del tiempo.

En los últimos 10 años Colombia ha hecho distintos instrumentos, ha dialogado en su propia evolución y ha hecho leyes que han ido cambiando, como el Marco Jurídico para la Paz, la Ley de Víctimas, el tema de la restitución de tierras y diría que hasta la Unidad de Protección son expresiones que tienen que ver en ese diálogo con las víctimas. La Comisión considera que si bien pueden y deben buscarse formas para acompañar ese proceso de paz, tiene que generarse condiciones para tener pendientes estructurales, tienen que generarse procesos ad hoc eventualmente, donde se revisen los procesos de justicia, las violaciones a los DD.HH., donde no se generen condiciones de impunidad. Lo que la Comisión dice con mucha claridad es: hagamos los procesos de revisión pero generemos condiciones para revisar las graves violaciones a los DD.HH. Y se pueden buscar formas, pero en esencia la Comisión recupera en el informe todo el trabajo que ha hecho a lo largo de los años en materia de cuáles son los criterios básicos en justicia transicional de verdad, reparación y justicia.

Un tema problemático es la incompatibilidad de las amnistías. El Estado observó en el informe que, en la transición de un conflicto armado hacia la paz, tiene cabida la amnistía excepto para “crímenes internacionales”. ¿Cómo se ve esto a la luz de los derechos humanos?

La manera en la que Colombia se aproxima no está del todo definida. Creo que está en proceso de construcción, porque están en pleno proceso de diálogo y no han terminado del todo la aproximación jurídica ni el acuerdo político. Tendrá que haber una solución política expresada en un acuerdo, que busque poner fin al problema con las Farc y ojalá con todas las demás personas o grupos que se han levantado en armas, para construir ese concepto que tendrá expresiones jurídicas. La Comisión, a lo largo de su historia, ha revisado casos donde se han considerado incompatibles las amnistías con las obligaciones internacionales del Estados. Se habla de casos en Argentina, Perú, Salvador, Guatemala, Brasil, porque lo que dice es que se tienen que revisar las violaciones a los DD.HH. y atender a las víctimas.

Veo como una señal positiva el hecho de que hayan estado presentes las víctimas en La Habana. Me parece una señal importante, que estén allí presentes con sus testimonios es una constatación de realidad para los equipos de negociación. Su incorporación a la mesa me parece un componente fundamental que puede poner las violaciones de las víctimas en el centro de esta discusión y en la búsqueda jurídica de esa forma.

Ahora, eso no ha sido uniforme y ha ido cambiando. Por ejemplo, las comisiones de la verdad, que son una expresión jurídica pero también social y política, han ido evolucionando. Las expresiones legales, la forma de reparación a las víctimas, el uso del derecho penal, el derecho administrativo, los mecanismos internacionales. Perú, por ejemplo, hizo un mecanismo de aproximación muy interesante donde no puso en el centro el tema de quiénes eran los perpetradores de la violación, sino quiénes eran las víctimas. La Comisión de la verdad de Perú cambió el enfoque. Cada proceso de revisión va generando nuevos aportes y lo que la Comisión ha manifestado es la disponibilidad de acompañar ese proceso y dialogar en el mismo. Así se hizo en el informe sobre Colombia: se envió el borrador al Estado, el Estado mandó observaciones, ahora se entrega el informe y responderán. Es un proceso de diálogo, no es algo definido y acabado y menos en un país como Colombia, con las complejidades y las instituciones que tiene. Vamos a tener que seguir dialogando, eso es lo que se le manifestó al presidente Santos: reiterar la voluntad de la Comisión de acompañar este proceso de diálogo y de generar y buscar formas donde se puedan atender algunos de los elementos estructurales anotados en el informe.

¿Cómo cuales elementos?

El informe hace señalamientos importantes sobre el desplazamiento forzado de personas, los grupos en situación de vulnerabilidad y cómo han sido afectados en su momento por los paramilitares, las autodefensas, las Bacrim. También qué ha pasado con las comunidades indígenas y cómo en particular se recrudece la violencia con las comunidades afros, cómo viven los periodistas la afectación de sus derechos, cómo hay un problema que es estructural del Estado: el de la impunidad. Si haces todo un Marco Jurídico para la Paz, lo cual se reconoce en el informe como notable, pero ves que han pasado ocho años y hay pocos resultados en la implementación y pocos casos sancionados por la justicia, entonces eso se convierte en un nuevo pendiente y eso es parte de lo que la Comisión dice: qué bueno que exista ese Marco, abrió nuevas posibilidades, pero la implementación es un desafío. Que la Fiscalía proponga la priorización de algunos casos, es un criterio que la Comisión no considera per se contra la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), pero sí importa subrayar que hay que generar condiciones para no hacer de lado otro tipo de violaciones.

¿El problema es el criterio de selectividad?

El criterio de la selectividad va del lado de la lógica de la priorización. Igual, no se considera per se contra la Convención, puede dar resultados importantes, pero debe buscar la atención de las violaciones graves de los DD.HH. en materia de justicia. Por eso el tema de la impunidad está mencionado en el informe.

Cuando la Comisión visitó Colombia, se fue preocupada porque se veía venir la reforma al fuero militar. ¿Qué dice ahora al respecto en el informe?

Es uno de los ejemplos sobre cómo evolucionó la materia: luego de la visita, la Corte Constitucional dijo que eso no es transitable. Ahora hay una nueva discusión de cómo abordar desde otros instrumentos jurídicos un mecanismo similar. Por ejemplo, sobre el tema de los falsos positivos, la Comisión ha dicho reiteradamente que la jurisdicción militar no es una instancia pertinente para atender las graves violaciones a los DD.HH. No es un tema específico de Colombia, sino que se ha reiterado de manera sistemática. México acaba de tomar la decisión de establecer con claridad que las violaciones cometidas por integrantes de las fuerzas armadas serán tornadas al fuero civil. Esa es una decisión que ya había tomado Colombia, por eso es que la Comisión dice que hay un retroceso.

Lo que no quiere la Comisión es que se generen condiciones donde no se puedan investigar de manera eficaz y eficiente, aquellos hechos con la participación de integrantes de las fuerzas armadas o de las fuerzas de seguridad. Es un criterio aplicable a la región, no a la medida de Colombia, es una interpretación que ha hecho la Comisión y la Corte Interamericana a la luz de la Convención Americana.

El Estado también observó que es mejor no calificar como paramilitares a las bandas criminales. La posición de la Comisión es distinta.

La Comisión dice: el Estado nos ha pedido considerar que son fenómenos diferentes y tienen dinámicas y procesos diferenciados. Lo que la Comisión está poniendo en la mesa tiene que ver con el fenómeno de las violaciones a los DD.HH., y entonces hay que regresar al tema de la investigación de los actos que pudieran constituir posibles delitos o violaciones a los DD.HH. La Comisión durante su visita recibió muchas denuncias. Yo escuché en Quibdó cómo algunas comunidades habían sido desplazadas recientemente. La Comisión habla de nuevos fenómenos de desplazamiento generados por las Bacrim. Entonces, si bien lo que hace el informe es poner la conceptualización que el Estado contiene y la actualización jurídica del concepto, la Comisión llama la atención sobre las consecuencias de los hechos. Pueden entenderse como fenómenos diferenciados, pero si hay factores de violación o de generación de delito o de investigación, puede haber elementos comunes. No hay un irreductible en la discusión conceptual, el tema sustantivo es que se investiguen los hechos de posible constitución de delito o violación a los DD.HH. Ahí es donde se manifiesta con más claridad la preocupación de la Comisión.

El informe dice que implementar la justicia transicional en un conflicto no acabado plantea desafíos adicionales. ¿Cuáles?

Estamos ante un conflicto vivo, eso genera nuevas afectaciones, nuevas víctimas. Eso genera tensión y nuevos agravios, con todas las espirales de violencia que eso implica, que inicialmente tienen manifestaciones locales, diferenciadas según el contexto, los actores, el territorio. Cuando se dan esos fenómenos simultáneamente, generan más tensión en el proceso de negociación. Por otra parte, estamos ante el dilema de si hasta que no se resuelva eso no se debe iniciar la paz. Eso también genera una tensión de un proceso macro, de qué es lo que quieres incentivar o desincentivar. Lo que se está viendo, y que la Comisión saluda, es que la apuesta a la paz y a finalizar el conflicto es desincentivar los espirales de violencia.

Entonces, si se logra un acuerdo de paz, estas generando incentivos para parar los fenómenos de violencia. Por supuesto que hay una discusión sobre si esos fenómenos son un problema mientras se está negociando, si se debe esperar a que acaben para ahí sí negociar. Es una discusión dialéctica, en la que hay que descolocarse de la suma cero, porque si no el dilema acaba generando una discusión en espiral. La Comisión empieza remarcando que el conflicto es una fuente de violencia, que la situación de guerra se expresa con particular crudeza con los sectores en situación de vulnerabilidad, entonces es estratégica la apuesta a la paz. La paz verdadera, también entendida en el soporte del respeto a los DD.HH. Ese es el mensaje de la Comisión, porque si no generas condiciones de incentivar detener los espirales de violencia, estos se siguen retroalimentando. Fue muy bueno escuchar al presidente Santos decir que los diálogos en La Habana no son un intercambio de impunidades.

Aquí el gobierno celebra la salida del Capítulo 4 como si fuera un triunfo. Salir de la llamada ‘lista negra’ de los DD.HH. ¿Pero se debe a un mejoramiento de los derechos o más bien a una cuestión procedimental de la Comisión?

Esta visita in loco permitió que, a partir de la reforma reglamentaria, Colombia saliera del Capítulo 4, que mandara un mensaje de apertura al escrutinio internacional y fortalecer la relación con la Comisión. Claramente un mensaje de distancia con respecto a administraciones anteriores.

Será el cumplimiento de las recomendaciones del informe, y con que se vaya avanzando en la solución de problemas estructurales, lo que puede llevar a Colombia a no estar en el Capítulo 4. Es importante el mensaje del presidente a sus colaboradores: atendamos este informe, porque esa es la garantía de que Colombia no estará en el Capítulo 4, sino monitoreada a través de otros mecanismos. No es que la Comisión sustituya a los actores nacionales, nuestra labor es complementaria. Los actores tienen su papel. Lo que queremos es que este informe les de elementos complementarios para avanzar en el camino propio, que Colombia tendrá que resolver.

dsalgar@elespectador.com

@DanielSalgar1