La Cámara de Diputados de Brasil aprobó por mayoría la admisibilidad del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Ahí en las tribunas del hemiciclo estuvieron los partidos que tienen a varios de sus integrantes vinculados a la operación Lava Jato (investigación de corrupción en Petrobras). Eduardo Cunha, el intocable presidente de la Cámara que maneja el legislativo de Brasil a su antojo y que tiene en este momento siete procesos en su contra en el Supremo Tribunal Federal y comprobadas cuentas en Suiza, fue quien comandó la sesión.
El impeachment previsto en la Constitución brasileña es una herramienta legal cuando se demuestra un crimen de responsabilidad, lo que para muchos no ha ocurrido. Es verdad que el juicio popular ha ocurrido de distintas formas desde que la presidenta asumió su segundo mandato, pero es importante mencionar que el impeachment de Rousseff, por la forma como está siendo conducido, es antiético: Transparencia Brasil divulgó que de los 513 diputados que votaron, más de 60 % están siendo investigados.
Sin embargo, ante la opinión pública es casi imposible desvincular la apertura del juicio contra Rousseff (que no tiene nada que ver) de los avances y desaciertos de la Operación Lava Jato, liderada por el juez Sérgio Moro, que ha concedido a la rama judicial el mismo papel que las fuerzas armadas cumplieron en 1964, cuando Brasil entró en una noche oscura por 21 años. Hoy el futuro del gobierno está en manos del Senado, que tomará la decisión final acerca de la continuidad o no del mandato de la Rousseff.
Se creía que la sombra de las dictaduras militares y los golpes de Estado se había alejado del continente, pero en junio de 2009 se asistió al golpe de Estado del expresidente Manuel Zelaya en Honduras. En 2012 ocurrió la destitución del presidente Lugo por el Congreso de Paraguay en aproximadamente 40 horas. Se pensaba que Brasil, a pesar del complejo contexto doméstico –en donde es imposible separar la crisis económica de la política–, sobreviviría a esta nueva tipología refinada de destituciones de presidentes.
Las justificaciones de los votos fueron caricaturescas y demostraron la precaria formación política de la mayoría de los parlamentarios: Dios, la familia y la moral dejaron a un lado el verdadero motivo: maniobras fiscales.
Nadie justifica la corrupción, nadie afirma que los culpables no deban ser juzgados, lo que no se puede aceptar es decir que lo del domingo fue en defensa de la democracia brasileña. El Brasil de 1964 se tardó años en recomponerse; el Brasil de 2016, nacerá bajo escombros éticos.
Supuestamente Brasil pasará la página para seguir como siempre estuvo: en manos de “algunos”, gobernado por “pocos”, según el interés de las minorías, aunque la gente crea que todo fue por la mayoría o por el bien del pueblo.
Este final de Rousseff impacta a Brasil y a toda América Latina. La izquierda falló cuando puso en práctica el inaceptable “manual de la derecha” y al tratar de justificar una corrupción con el histórico despojo de los segmentos conservadores.
Dentro de algunos meses Rousseff será destituida, la Operación Lava Jato será olvidada, sus protagonistas serán recompensados y Eduardo Cunha, con el apoyo de los partidos de la concertación pro impeachment, seguirá burlándose de Brasil y de la justicia, ya que la lucha en contra de la corrupción y la defensa de la democracia tenía un objetivo: la reacomodación del poder tradicional en el país. Dentro de algunos meses, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) tendrá la presidencia de la Cámara, la del Senado y el nuevo presidente de Brasil.
* Analista brasileña.