La primera conferencia de donantes de la Convención sobre la prohibición de minas antipersona acabó este miércoles con el compromiso de donar al menos 72 millones de francos suizos (72,3 millones de dólares) para programas de desmantelamiento de campos minados y asistencia técnica.
El evento, organizado por la presidencia chilena, fue un intento de obtener fondos para ayudar a los países que aún tienen grandes cantidades de minas esparcidas en su territorio para poder desmantelarlas.
"Sabemos que lo que hemos recibido hoy es tan sólo una parte de lo que serán las contribuciones durante el año a nivel bilateral y multilateral así como de aquellos fondos nacionales", dijo la presidenta de la Convención, la embajadora chilena Marta Maurás.
El tratado, conocido como Convención de Otawa, es el acuerdo que prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de minas antipersona y entró en vigor en 1999.
En total, "159 de los 162 países miembros hemos declarado haber destruido nuestros arsenales, pero todavía quedan muchos desafíos", afirmó durante el evento el canciller chileno, Haraldo Muñoz.
Concretamente sobre Chile, Muñoz dijo que su país ha destruido ya el 70 por ciento de las minas existentes en su territorio y que "el grado de avance" permite asegurar que estará libres de minas en 2020.
Se calcula que en los 17 años desde que la Convención entró en vigor, la mitad de los 162 Estados miembros han cumplido con su obligación de destruir los arsenales de artefactos no usados y limpiar las áreas donde fueron colocados, pero aún queda mucho camino por recorrer.
En la última conferencia de Estados miembros, se acordó que todos los países sin excepción debían destruir sus arsenales guardados y desminar todo su territorio antes de 2025, pero para ello se necesitan fondos.
Actualmente, "30 Estados aún deben cumplir sus obligaciones de limpiar las minas en su territorio", dijo Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, durante su intervención en el foro, y aprovechó la ocasión para solicitar fondos financieros robustos para poder ayudar a dichas naciones.
"Nosotros continuaremos dando prioridad a la asistencia a las víctimas y a la educación sobre el riesgo de las minas", agregó Maurer.
Uno de los Estados más afectados es Colombia, donde se calcula que todavía hay dos millones de minas esparcidas por el territorio y que es el segundo país del mundo con más víctimas.
"La dinámica del conflicto armado interno que nuestro país ha afrontado ha hecho y sigue haciendo difícil la identificación precisa del nivel de contaminación por minas antipersonal de nuestro territorio. Durante años tuvimos que dar prioridad a la variable de seguridad, en detrimento de intervenciones con impacto humanitario", afirmó la canciller colombiana, María Ángela Holguinn.
No obstante, según la ministra, la situación ha cambiado actualmente.
"Tras tres años de negociaciones" entre el Gobierno y la guerrilla más antigua de América Latina, las Farc, "se llegó a un entendimiento crucial en la mesa de negociaciones de La Habana", dijo.
El acuerdo versó sobre la necesidad de actuar unidos en el desmantelamiento de los campos de minas en dos zonas rurales del país, proceso que está en marcha con la colaboración de distintas entidades internacionales.
"Aun antes de lograr la firma definitiva de fin del conflicto las partes llegaron a un acuerdo para mitigar sin demora los perversos efectos de las minas antipersonales. Desde hace diez meses, y como gesto inequívoco de paz, estamos trabajando hombro a hombro", destacó Holguin.
Este acuerdo le da esperanzas de que en 2019 el 60 por ciento del territorio -unos 199 municipios- puedan haber quedado libres de minas, y se logre restituir las tierras a familias víctimas de desplazamiento.