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La nueva Constitución egipcia definirá el camino que tome el país tras liberarse del exdictador Hosni Mubarak. Sin embargo, hay serias dudas sobre la Carta Magna que será sometida a referéndum el próximo 15 de diciembre por el gobierno del presidente islamista Mihammed Mursi.
Este viernes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó su alarma por las crecientes tensiones en Egipto y las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas en contra del proceso de redacción de la Constitución.
Mientras en El Cairo los islamistas celebraban un masivo funeral en la mezquita de Al Azhar (principal institución del islam sunni en el mundo) por dos fallecidos en los enfrentamientos registrados el pasado miércoles en torno al Palacio Presidencial, Pillay sostuvo que una de las principales razones para "la desastrosa situación" que vive el país desde hace dos semanas ha sido la falta de voluntad de incluir a importantes actores nacionales en el proceso de redacción de la Constitución.
Más concretamente, la alta comisionada se refirió a la falta de una referencia a los tratados internacionales de derechos humanos que Egipto ha ratificado, contrariamente al texto constitucional todavía vigente -desde 1971- y que reconoce el carácter legal de esos tratados.
También lamentó que a pesar de que se garantiza la igualdad ante ley en derechos y deberes, sobre una base no discriminatoria, el texto "no prohíba de forma explícita la discriminación por razones de género, sexo, origen o religión", al tiempo que mantiene a la ley musulmana (la sharia) como fuente de derecho y de jurisprudencia. En esta línea, el borrador de Constitución garantiza la libertad de credo, pero sólo menciona a las tres religiones monoteístas, lo que igualmente preocupa por el tratamiento que podrían recibir el resto de comunidades religiosas, incluida la Bahai, que representa una minoría en Egipto.
Otra cuestión que preocupa a Pillay, y que ha sido motivo de protestas sociales por parte de organizaciones independientes y ONG, tiene que ver con que la libertad de expresión quede garantizada, pero con limitaciones en casos que tengan que ver con la vida privada y la seguridad nacional, mientras que se concede al Consejo Nacional de Medios el rol de regular la profesional, lo que se considera que podría ser "muy problemático". Así mismo, a Pillay le inquieta que aunque quede prohibido el juicio de civiles en tribunales militares, se reconozca una excepción en casos de delitos contra las fuerzas armadas.
Durante un discurso pronunciado el jueves, Mursi convocó a un diálogo nacional, propuesta que fue rechazada este viernes por la oposición, pero no se pronunció, según Pillay, sobre cuestiones esenciales relacionadas con la Constitución y que son objeto de crítica por una parte de la opinión pública.