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Miles de egipcios se manifestaron este martes tras el anuncio de que el presidente islamista Mohamed Mursi mantendría un decreto con el que acogerá amplios poderes suplementarios.
Miles de abogados desfilaron hacia la plaza Tahrir en El Cairo gritando "el pueblo quiere la caída del régimen", una de las consignas emblemáticas de la revuelta del año pasado que terminó con la caída de Hosni Mubarak.
Otras columnas de manifestantes avanzaron hacia la célebre plaza del centro de la ciudad donde progresivamente llegó cada vez más gente que protestó contra la deriva "dictatorial" del nuevo poder.
"Los Hermanos Musulmanes son mentirosos", se podía leer en un cartel que llevaba un manifestante, mientras que una banderola desplegada en una entrada de la plaza proclamaba: "Prohibido a los Hermanos Musulmanes", la formación a la que pertenece Mursi.
Así mismo se registraron enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la policía a poca distancia de la Plaza Tahrir en El Cairo. Estos choques esporádicos, que comenzaron la semana pasada alrededor de la plaza, se reanudaron en los alrededores de la embajada estadounidense con pedradas y disparos de granadas lacrimógenas.
Los militantes opuestos a Mursi llamaron al cese de los enfrentamientos, por temor a que se extendieran al lugar de la manifestación. En la Plaza Tahrir, una aldea de carpas está instalada desde el viernes para protestar contra el decreto mediante el cual el presidente islamista puso sus decisiones por encima de cualquier recurso ante la justicia, una iniciativa que la oposición denunció como una desviación dictatorial.
Esta crisis es la más grave desde la elección de Mursi, surgido de los Hermanos Musulmanes, para dirigir el país más poblado del mundo árabe, con 83 millones de habitantes. Los disturbios que provocó en Egipto en los últimos días dejaron dos muertos y cerca de 450 heridos, según cifras oficiales.
"El presidente empuja al pueblo a la desobediencia civil", "Los Hermanos Musulmanes roban la revolución", proclamaban las banderolas en la Plaza Tahrir. "Nos quedaremos en Tahrir hasta que Mursi haya anulado su declaración", afirmó Ahmed Fahmy, un desempleado de 34 años que acampa en esta plaza, símbolo de la revuelta que provocó la caída de Mubarak en febrero de 2011.
Después de una entrevista con la jerarquía judicial el lunes, Mursi decidió mantener el polémico decreto. La única inflexión aparente es que sólo sus "poderes soberanos" están excluidos de toda posibilidad de un recurso ante la justicia, indicó su portavoz, Yaser Ali.
Este vocero sugirió que las decisiones de rutina podrían ser sometidas al juez, aunque sin definir en detalle esos "poderes soberanos". El decreto anunciado el 22 de noviembre permite al presidente tomar toda decisión que juzgue necesaria para "proteger la revolución", e impide que la justicia examine las demandas contra el proceso de redacción de la Constitución, que sus adversarios consideran dominado por los islamistas.
Los partidarios de Mursi destacan que esos poderes excepcionales darán al mandatario los medios para realizar reformas indispensables y aseguran que cesarán con la adopción, prevista dentro de algunos meses, de la nueva Constitución. En su decreto, el jefe del Estado también pidió "nuevas investigaciones y sentencias" en los casos de asesinatos de manifestantes durante la revuelta de 2011, lo que constituye una amenaza para ciertos altos jerarcas militares y policiales, y quizás de un nuevo proceso contra Mubarak. Este último punto responde a los insistentes pedidos de la oposición y de una gran parte de la opinión pública.