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Las autoridades egipcias han comenzado a castigar con más dureza a los Hermanos Musulmanes tras considerarlos un "grupo terrorista" entre los temores a nuevos atentados, como el que este jueves causó cinco heridos al paso de un autobús en El Cairo.
Una bomba explotó en el barrio de Ciudad Naser, en el este de la capital, donde las fuerzas de seguridad desactivaron otros dos artefactos.
Cerca del lugar de la explosión se hallan la sede de la Seguridad Nacional y una comisaría, así como la Universidad de la prestigiosa institución del islam suní Al Azhar.
Los cinco heridos eran pasajeros del autobús público afectado, que pasaba por la avenida Mustafa Nahas, la misma en la que el pasado septiembre el ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, salió ileso de un atentado.
El ataque de este jueves se produjo al día siguiente de que el Gobierno declarara "grupo terrorista" a los Hermanos Musulmanes, a los que responsabilizó del atentado del martes pasado contra una sede policial que causó 16 muertos en la ciudad de Mansura, en el delta del río Nilo.
A pesar de que esa acción fue condenada por la cofradía y reivindicada por el grupo yihadista "Ansar Beit al Maqdis" (Seguidores de la Casa de Jerusalén), las autoridades aprovecharon la ocasión y dieron un paso más en su lucha abierta contra los islamistas.
Si este miércoles fueron detenidos 65 seguidores de los Hermanos Musulmanes en varias zonas del país, este jueves fue el turno de otros 16, acusados de pertenecer a una organización terrorista en la provincia de Al Sharquiya (norte).
Este segundo grupo está implicado en la supuesta difusión de la ideología de la cofradía mediante folletos, incitación a la violencia y destrucción de instalaciones públicas.
La Fiscalía ordenó la prisión preventiva de otros once partidarios de los Hermanos por intento de asesinato en la universidad de Zaqaziq, capital de Al Sharquiya y localidad natal del presidente depuesto Mohamed Mursi, donde volvieron a registrarse choques entre estudiantes y agentes de seguridad.
Otras 35 personas fueron arrestadas en la provincia de Menufiya y 19 en la ciudad de Alejandría por su supuesta implicación en disturbios y protestas.
A quienes pertenezcan al grupo islamista, propaguen sus ideas o se unan a sus manifestaciones les espera una condena de cinco años de prisión, de acuerdo al artículo 86 del Código Penal, recordó el portavoz del Ministerio del Interior, Hany Abdel Fatah, a la agencia estatal de noticias Mena.
En caso de ocupar un cargo en la organización, financiarla o darle información, la pena va acompañada de trabajos forzosos, afirmó.
Las autoridades se han comenzado a aplicar la decisión del Gobierno y crearon seis nuevas cortes penales para agilizar los procesos por terrorismo.
Este jueves prohibieron la difusión del periódico "Libertad y Justicia", del brazo político de los Hermanos y creado en noviembre de 2011,
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Nabil Fahmi, informó a la Liga Árabe de la polémica medida para que la traslade a los países árabes que firmaron un convenio de lucha antiterrorista en 1998, que establece las normas de cooperación al respecto.
El Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad en las principales calles del país, edificios públicos y embajadas, y se ha elevado el estado de alerta en museos y sitios arqueológicos.
También se ha preparado un plan para desactivar bombas en zonas como las universidades, donde en los últimos meses se ha concentrado el movimiento contestatario.
Pese a la amenaza terrorista, el jefe del Ejército, Abdel Fatah al Sisi, aseguró que la situación "no es preocupante" y que las fuerzas armadas "se sacrificarán" por Egipto y "pueden llevar al país hacia la estabilidad".
Asimismo, instó a las tropas a mantener alta su moral, después de que hayan sido objeto de un creciente número de ataques desde la destitución de Mursi en julio pasado.
La aplicación de la ley antiterrorista contra los Hermanos Musulmanes fue alabada por distintas fuerzas liberales y no islamistas, como el Partido Socialdemócrata o el de los Egipcios Libres, y el movimiento juvenil Tamarrud.
En cambio, el grupo radical islamista Gamaa al Islamiya, responsable de numerosos atentados en la década de 1990 hasta su renuncia a la violencia en 2003, consideró "injusta" la decisión del Ejecutivo, que "elimina cualquier posibilidad de resolver la crisis política y sus consecuencias pueden ser catastróficas para el futuro del país".
En contra de ese paso también se ha pronunciado el movimiento revolucionario 6 de Abril.
Sus destacados activistas Ahmed Maher y Mohamed Adel -condenados a tres años de cárcel por infringir la ley de protestas y agredir a la policía- han iniciado una huelga de hambre en protesta por los "malos tratos" que padecen en la cárcel, al igual que hicieran esta semana 450 seguidores y miembros de los Hermanos Musulmanes.