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Desde antes de conocerse la fecha exacta en la que tendrían lugar las elecciones presidenciales, era evidente que el mariscal Abdel Fatá Al Sisi sería el próximo jefe de este Estado árabe.
A pesar de que Al Sisi llegó al escenario político en agosto de 2012, cuando fue nombrado por el hoy destituido presidente Mohamed Mursi como jefe supremo de las Fuerzas Militares, sus influencias en el poder se remontan al período de Hosni Mubarak, cuando Al Sisi ocupaba el cargo de jefe de Inteligencia. No obstante, su rol cobró real importancia el 3 de julio de 2013, al anunciar públicamente la destitución de Mursi a petición de más de 20 millones de personas que desde la plaza Tahrir de El Cairo exigían la renuncia del presidente islamista.
Desde entonces, el objetivo de los militares egipcios ha sido restaurar la confianza en la fuerza pública. De ello han resultado afectados los miembros y partidarios de la Hermandad Musulmana, organización de la cual hace parte el otrora presidente Mursi, catalogada por el gobierno interino como agrupación terrorista. Actualmente, todas las actividades de esa organización han sido vedadas y los vínculos con ella penalizados. Asimismo, el gobierno del presidente interino, Adly Mansour, sancionó una ley que restringe las manifestaciones y que ha sido objeto de todo tipo de críticas por parte de las ONG defensoras de derechos humanos. Igual rechazo han despertado los encarcelamientos y detenciones de gran número de opositores. Según Human Rights Watch, se estima que al menos 20.000 personas se encuentran detenidas. Mientras que centenares han sido condenados recientemente por las cortes civiles a la pena de muerte, bajo la acusación de tener nexos con los grupos islamistas radicales.
Sin embargo, tanto de la impopularidad del expresidente Mursi como de la inestabilidad política ha resultado beneficiada la institución militar, lo cual no sólo queda en evidencia por el monumental apoyo que mostró la ciudadanía al “golpe de Estado” del pasado julio, sino que se constató con los resultados del referendo constitucional votado en enero del presente año, en el que el 98,1% aprobó el proyecto de Constitución presentado por el Gobierno. Durante la votación se escucharon expresiones como: “Voto por el sí porque apoyamos al mariscal Al Sisi y a las Fuerzas Armadas”.
A pesar de que las calles de la capital egipcia fueron empapeladas desde entonces con el rostro del mariscal, y hoy (cinco días después de las elecciones) todavía es posible conseguir máscaras y camisetas con su nombre y foto, e incluso en la plaza Tahrir los vendedores ofrecen copias del documento de identidad de Al Sisi por una libra egipcia, el alto nivel de abstencionismo en la primera jornada de las elecciones presidenciales de los días 26 y 27 de mayo captó la atención de los analistas.
El fenómeno catalogado por muchos como “sisimanía” no se reflejó en las elecciones presidenciales. Debido a la poca participación durante los dos primeros días de votaciones, el gobierno interino se vio obligado a modificar, sorpresivamente, el régimen electoral y extender los comicios, lo que despertó serias críticas por parte de las organizaciones internacionales encargadas de observar el proceso.
Pese a ello, según los resultados publicados por diferentes medios no oficiales, el 96% de los 24 millones de votos depositados en las urnas fueron para Al Sisi, mientras que la campaña del único candidato que se enfrentó al líder militar, Hamdeen Sabahi, sólo alcanzó cerca de 800.000 votos en total (3,07% del censo electoral).
El panorama político y económico no es alentador. Como consecuencia de la discutida mala administración del expresidente Mursi y de la turbulencia política, Egipto atraviesa una crisis económica grave que pone en evidencia la incapacidad del Gobierno para mantener el Estado de bienestar.
Durante años, la sociedad egipcia se ha mantenido gracias a los auxilios estatales. El Estado subsidia un gran porcentaje de los servicios públicos domiciliarios, la salud, la gasolina, incluso los alimentos. Recientemente puso en marcha una política que asegura 150 raciones de pan mensuales por cada ciudadano, como muestra de los excesos a los que ha llegado dicha dependencia. La situación es preocupante porque el déficit estatal aumenta rápidamente mientras la inversión extranjera disminuye, la reserva de divisas ha caído en picada y la crisis del turismo es cada vez más notoria.
El sector turístico pasó de recibir US$14.000 millones a recibir menos de US$6.000 millones, entre 2012 y 2013. A ello se suma la crisis energética que enfrenta Egipto, cuya incapacidad de suplir las necesidades de sus 85 millones de habitantes se evidencia con los constantes cortes de energía que se experimentan actualmente y que han puesto en jaque a importantes industrias como la siderúrgica y la construcción.
Si bien es cierto que el muy probable retorno de los militares al poder puede coadyuvar a la restauración de la gobernabilidad, fragmentada durante el mandato de Mohamed Mursi y evidente con el incremente de los índices de criminalidad, el tráfico de drogas en la península del Sinaí y el acoso sexual, cuyas cifras llevaron a catalogar a Egipto como el “peor de los estados árabes para una mujer”, desde el punto de vista democrático no parece dejar claro que se haya instaurado un gobierno civil, objetivo primordial de la revolución del 25 de enero de 2011. Aunque Al Sisi se despojó de su uniforme militar durante el proceso electoral, ello no puede traducirse en que haya sido un candidato independiente del poder militar.
El reto más importante para el mandatario será contener el descontento popular frente a la actual coyuntura económica. Es de anotar que la ola de protestas de los últimos meses no responde únicamente a la situación política sino también a la crisis económica que afecta directamente a los ciudadanos, pues el precio de los alimentos, la inflación y el desempleo han aumentado; este último alcanza el 13,4%. El incremento de los grupos laboristas y de los paros en diferentes sectores condujo, en pasados meses, a la renuncia de gran parte del gabinete ministerial. Ahora bien, con la conformación de un nuevo gobierno no habrá excusa para incumplir las demandas de los ciudadanos, especialmente de la población joven, principales afectados por la crisis. Según el Banco Mundial, aproximadamente 28% de la población joven se encuentra desempleada en Egipto.
Para solventar la crisis, Al Sisi ha mencionado que promoverá el incremento de la inversión extranjera, mayor dependencia de la ayuda internacional, reducción del gasto público y reforma del sistema tributario. Lo interesante será observar cómo el mariscal va a comunicar esas políticas a las clases media y baja de Egipto y cómo va a convencer a la mayoría de la población, que se encuentra entre los 15 y 29 años, de que la única salida a la crisis es poner en marcha una “política de austeridad”, sin que ello despierte nuevamente la ira del pueblo. Dos revoluciones en menos de tres años hacen evidente que la sociedad egipcia de hoy no es la misma a la que en los años cincuenta se enfrentó Nasser, con quien Al Sisi ha sido abiertamente comparado.
Finalmente, luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales queda en evidencia que lo que interesa al gobierno transitorio y a las Fuerzas Militares es lograr la estabilidad mediática, a cualquier costo. De igual forma quedó manifiesto el temor frente al resurgimiento de células extremistas islámicas por parte de quienes apoyaron al mariscal y, por último, que la mayoría de la población, que decidió no acudir a las urnas, se encuentra escéptica frente al futuro de Egipto. Del desempeño de Abdel Fatá Al Sisi como presidente de esta república árabe depende el futuro de la hasta hoy mal llamada Primavera Árabe.