Egipto: una polémica condena a muerte

Los egipcios parecen estar condenados a vivir bajo un régimen militar. Durante treinta años estuvieron regidos por la dinastía faraónica de Hosni Mubarak, un militar de vieja guardia a quien lograron derrocar el 11 de febrero de 2011, en la ola de protestas que sacudió al mundo árabe y que logró echar del poder a cuatro dictadores: primero cayó Zine El Abidine Ben Ali, en Túnez; luego Hosni Mubarak, en Egipto; después Muamar Gadafi, en Libia, y finalmente Ali Abdula Saleh, en Yemen.Pero lo peor estaba por venir. Cuatro años después de las revueltas, símbolo de cambio y renovación, estos países pasaron de lo malo conocido a lo peor por conocer. Túnez parece vivir la situación más esperanzadora, pues está en medio de un proceso de apertura democrática; lo que no pasa en Libia y Yemen, que asisten a una espiral de violencia sin fondo. Egipto, por su parte, vio consolidar sus peores temores: desapareció el rostro de 30 años de abusos, pero no su régimen.

Los militares regresaron al poder y hoy en el país no hay ningún tipo de libertad: no hay poder legislativo, los medios de comunicación están sometidos y la persecución a la oposición rompió todos los límites. “La Junta militar hace y deshace, mientras 42.000 presos políticos llenan las cárceles y cada vez se reducen más las opciones de los opositores: la radicalización yihadista o el exilio parecen ser las últimas vías de escape”, explica Luz Gómez, profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, en un artículo en el diario El País.

Lo dice por los acontecimientos más recientes y que hicieron que organizaciones internacionales levantaran su voz de protesta: la condena a muerte de Mohamed Mursi, el primer presidente elegido democráticamente en el país. Mursi ganó en las urnas en junio de 2012, gracias al poder y a la capacidad organizativa de los Hermanos Musulmanes, tras vencer en una apretada segunda ronda electoral al exprimer ministro del depuesto presidente Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq. El presidente aglutinó no sólo el voto islamista, sino también el de muchos que temían la victoria de alguien como Shafiq, a quien se veía como una figura del antiguo régimen de Hosni Mubarak (1981-2011). La falta de habilidad política habrían acabado con Mursi.

En un artículo publicado en la revista estadounidense Foreign Policy, el laureado con el Premio Nobel y excandidato presidencial egipcio Mohamed el-Baradei resaltaba la escasa destreza de Mursi para gobernar y anticipaba que “si los Hermanos Musulmanes no comparten el poder, los militares volverán al poder”. Tal como pasó. Luego de masivas manifestaciones para exigir su renuncia, Mursi fue derrocado el 3 de julio de 2003, por la bota militar. El golpe de Estado fue liderado por el entonces jefe del Ejército, Abdelfatah al Sisi, quien en junio del año pasado se convirtió en presidente en unas polémicas elecciones en las que obtuvo el 96,91% de los votos. El regreso de los militares al poder acabó con el nuevo horizonte para el país árabe.

Desde el derrocamiento de Mursi, las autoridades han perseguido a los simpatizantes, integrantes y líderes de los Hermanos Musulmanes, movimiento que declararon como “grupo terrorista” y al que el actual gobierno compara con Al Qaeda. Veinte mil de sus simpatizantes y dirigentes han sido encarcelados y varios cientos de ellos ya han sido condenados a muerte. Y para evitar el destino de Mubarak, Al Sisi aprobó una Ley Antiprotestas que condena cualquier manifestación en el país.

Para asegurarse de que tampoco surja un movimiento que amenace sus intereses, el Ministerio de Asuntos Sociales y Justicia dio un ultimátum a todas las asociaciones a que se registren conforme a la muy restrictiva Ley de 84/2002, que permite a las autoridades disolver las asociaciones, bloquear sus fondos e, incluso, encarcelar a sus responsables si representan una amenaza para la seguridad nacional.

Mursi fue condenado hace unos meses a 20 años de cárcel por el uso de la violencia en disturbios ocurridos en 2012, y en un juicio, calificado como “una farsa” por Amnistía Internacional, fue enviado al corredor de la muerte, junto a otras 120 personas el sábado. Mohamed Mursi fue condenado a la pena capital por su fuga de la cárcel durante la revolución de 2011. Esta sentencia, sin embargo, deberá ser confirmada el 2 de junio tras la opinión no vinculante de la máxima autoridad religiosa del país.

Según denuncian organizaciones humanitarias, el expresidente no contó con las mínimas garantías procesales, lo que repite el patrón de varios juicios expeditivos celebrados en el último año con otros tantos centenares de condenas a muerte. “Que el primer y único presidente egipcio elegido democráticamente sea condenado a muerte es ya de por sí grave. Pero sobre todo es demoledor para el futuro de la democracia en Egipto que los delitos motivo de la condena, el motín y la fuga de la cárcel en plena revolución de enero de 2011, se identifiquen con la esencia misma del levantamiento popular que acabó con Mubarak. Esto viene a ser una condena de toda la revolución”, escribe Luz Gómez García en El País.

Nacido el 20 agosto de 1951 en el pueblo de Al Adwa, en el delta del Nilo, Mohamed Mursi nunca dejó de medrar dentro de la cofradía islámica, carrera que transcurrió en paralelo a su trayectoria profesional como ingeniero.

Entre 1985 y 2010 fue jefe del departamento de Ingeniería de la Universidad de Zagazig, adonde regresó después de haber trabajado durante tres años como profesor universitario en California (EE.UU.). Tras ingresar en 1979 en los Hermanos Musulmanes, escaló en su organigrama hasta que en 1995 se convirtió en miembro del Consejo Consultivo, su máximo órgano de decisión. Diputado entre 1995 y 2005, ese año perdió el escaño y al siguiente fue encarcelado durante seis meses por apoyar las manifestaciones de jueces reformistas. Durante la revuelta que derrocó a Mubarak, fue recluido en la prisión de Wadi Natrun, al norte de El Cairo, de donde logró escapar dos días más tarde gracias al caos en los presidios tras la desbandada de los guardianes, por lo que fue condenado a muerte y que ha hecho que Turquía, la ONU y otras organizaciones critiquen al régimen de Al Sisi.

Algo que no cayó bien. El Ministerio egipcio de Exteriores calificó como “injerencia en los asuntos internos del país” las críticas internacionales contra la condena a muerte dictada por un tribunal egipcio contra el expresidente. “Cualquier señal negativa hacia la justicia egipcia es totalmente inaceptable, a nivel tanto oficial como popular, por el prestigio y el respeto del que goza la magistratura egipcia entre el pueblo”.

Mientras tanto el país sigue en caída libre. Según los últimos registros, Egipto ocupa hoy el puesto 31 en la lista de Estados fallidos. El índice de asesinatos, robos y secuestros aumentan, los jóvenes no tienen empleo y la inversión extranjera no muestra señal de querer volver al país. “A la gravedad de lo sucedido solo le supera la impudicia con que se ejecuta y se presenta (...) Al Sisi es un buen amigo de occidente, garante de la estabilidad en un país determinante para que todo siga como siempre y no se atiendan las demandas de democracia de los pueblos árabes”, concluye la profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid en El País.