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El impacto que ha causado el hallazgo de 28 cuerpos incinerados en una fosa común del estado mexicano de Guerrero, en la localidad de Iguala, ha puesto en el foco de la opinión pública a su alcalde, José Luis Abarca. A lo escabroso se la historia se suman las altas probabilidades de que los cuerpos encontrados sean de algunos de los 43 estudiantes desaparecidos –de entre 18 y 23 años- en la región desde el 26 de septiembre y que sea justamente Abarca, en alianza con el cartel Guerreros Unidos, quien esté detrás de la masacre.
La búsqueda de los estudiantes continúa, así como la del alcalde, quien en este momento se encuentra prófugo de la justicia. Hasta ahora la versión que tienen las autoridades apunta a que los estudiantes fueron detenidos por la Policía local luego de interrumpir un acto público encabezado por la mujer de Abarca. Al parecer, los agentes detuvieron a los buses en los que los jóvenes se transportaban al finalizar su manifestación y los entregaron al cartel. Dos sicarios detenidos, en declaración a la fiscalía de Guerrero, confesaron que así había ocurrido la masacre. Solo falta que las pruebas forenses confirmen que los cadáveres corresponden, en efecto, a los estudiantes.
La evidencia y su fuga han hecho que los dedos acusadores señalen al alcalde, ahora quizá en mayor medida, cuando Washington y la OEA piden una acción pronta e indagaciones profundas para conocer la verdad. La aparente y delicada cooptación de las instituciones locales a manos del narcotráfico llevaron a al presidente del país, Enrique Peña Nieto, a enviar un contingente de 400 efectivos de la Policía Federal para controlar la zona y desarmar a la fuerza pública local. En respuesta, Guerreros Unidos dio un ultimátum: iniciarán una guerra en caso de que 22 de los agentes detenidos por presuntos nexos con el cartel, no sean liberados prontamente.
La situación general va más allá del escándalo. Acaso hoy José Luis Abarca sea el hombre más buscado de México, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PDR), al que pertenece, determinó su expulsión y pidió al consejo de Guerrero que se le levante el fuero político. Su historia ahora parece deslegitimada: el comerciante que inició su carrera vendiendo sombreros en Iguala, creció como joyero y avanzó hasta construir el centro comercial Galerías Tamarindos, quizá no deba su fortuna solamente a su talento en los negocios legales.
Ya las preguntas entorno a su capital aparecían en 2012, cuando él mismo financió su campaña a la Alcaldía. Entonces se decía que era un enclave del cartel de los hermanos Beltrán Leyva y que su plan de gobierno consistía básicamente en despejar la zona para el libre paso del negocio. Incluso, Abarca fue denunciado el año pasado por la muerte de tres activistas del propio PRD, entre ellos Arturo Hernández Cardona, quien era un férreo opositor de su figura. No obstante, la Procuraduría General de la República archivó la investigación.
El tiempo de libertad para el alcalde se agota con el incremento de los señalamientos. Desde el Senado se lanzan discursos que piden su captura inmediata y una revaluación de los enlaces políticos en Guerrero. El PRD intenta desligarse de su figura y recuerda que antes de recibirlo en sus filas, intentó hacer lo propio con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que hoy gobierna al país. En ese entonces, Abarca todavía era un empresario, dudoso, pero empresario al fin y al cabo.