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Lorent Gómez Saleh y Gabriel Valles, los dos jóvenes venezolanos expulsados de Colombia hacia su país, fueron privados de su libertad y podrían pasar un período largo en la cárcel antes de que la justicia venezolana decida sobre sus supuestos delitos.
Carlos Nieto Palma, abogado de Gómez Saleh y defensor de derechos humanos, dice que a Lorent y Gabriel los privaron de la libertad en la audiencia realizada el martes en Caracas y les ordenaron como centro de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela, donde muy pocas personas están detenidas. El motivo de la privación de libertad es que “a Lorent se le había impuesto en Venezuela un régimen de presentación del año 2010, por el cual tenía que presentarse ante la justicia cada 21 días hasta que se abriera un juicio. Él había dejado de presentarse hace unos años, pero siempre estuvo en Venezuela. Viajó varias veces por el aeropuerto de Maiquetía, no salió escondido ni cruzó ilegalmente la frontera. Llegó a Colombia en febrero de este año, por vía legal, tenía un salvoconducto del gobierno colombiano. Sin embargo, sí se fue buscando alguna protección porque sabía que lo querían agarrar”.
¿De cuáles delitos fue acusado Gómez Saleh en 2010? Nieto dice que por hechos relacionados con protestas y manifestaciones. Los delitos principales son incitación al odio y obstrucción de vías públicas, cuyas penas oscilan entre dos y cinco años. “Son delitos que, dentro de la juventud venezolana, se han vuelto una historia común. Uno se da cuenta si revisa las más de 3.000 detenciones que hay desde febrero de este año. Lo que pasa es que Lorent hizo esas acciones desde 2010”.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, ha dicho que desde febrero se han producido casi 3.300 detenciones, la cifra más alta por manifestaciones públicas en el mundo, y que algunos de los 500 casos conocidos por el Foro Penal incluyen torturas. A la mayoría de detenidos se les han aplicado medidas sustitutivas y siguen sometidos a la autoridad judicial bajo regímenes de presentación o prohibiciones de movilizarse. Actualmente hay alrededor de 69 estudiantes detenidos por manifestarse contra el gobierno.
Por la forma como ha sido tratado, añade Nieto, parece que Gómez Saleh fuera un narcotraficante, un delincuente de alta peligrosidad, un terrorista. De hecho, uno de los pocos detenidos en el lugar donde están Lorent y Gabriel es el narcotraficante Waled Malik, “el cual Colombia tardó nueve meses en entregárselo al gobierno de Venezuela, con todo y que ahí sí había un procedimiento legal completo, por orden de extradición. A Lorent lo entregaron ocho horas después de detenerlo en Colombia”.
- El debate sobre la expulsión
Según Nieto, hay detalles en el proceso que llaman la atención. Por ejemplo, que no existía dentro del expediente de Lorent ninguna orden de captura ni tenía código rojo de Interpol, ni solicitud al gobierno de Colombia para que lo expulsara. Las solicitudes que hay, tanto del Ministerio Público (Fiscalía) como la orden de captura del mismo tribunal, tienen fecha del 6 de septiembre. Lorent fue detenido en Bogotá y deportado el 4 de septiembre. Las solicitudes de Venezuela son posteriores a la deportación, fueron hechas cuando Lorent ya estaba en Caracas, en el Sebin.
Añade: “Es discutible que a Lorent lo hayan detenido cuando todavía su salvo conducto no se había vencido, como dice su familia, sino que se le vencía al día siguiente, cuando tenía la cita en inmigración. Eso, en primer lugar, es violatorio. En segundo lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos dice que los gobiernos no deben entregar a ningún ciudadano a un país donde sepan que su vida corre peligro o que va a ser detenido; es lo que se conoce en el derecho internacional como el principio de no devolución. El gobierno colombiano violó ese principio, que es ley también en Colombia, porque sabían quiénes son Lorent Saleh y Gabriel Valles y qué les podía pasar si los trasladaban a Venezuela. No respetó ese principio y los puso en manos de sus captores, de una manera insólita”.
El artículo 22.8 de la Convención Americana dice: “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.
Al respecto responde Sergio Bueno Aguirre, director nacional de Migración Colombia. Dice que Gómez Saleh jamás solicitó refugio en el territorio nacional y por lo tanto no se aplica ese principio de no devolución, ya que éste, regulado expresamente en el artículo 32 del Decreto 2840 de 2013, se aplica para ciudadanos que han solicitado esta condición ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) y que la misma no haya sido aprobada por esta comisión. “En tal virtud, simplemente se procedió a adelantar el proceso de expulsión a su país de origen. Vale la pena destacar que, ya en ejecución de la acción administrativa, no aplica dicha solicitud”.
Comunicados de Cancillería y Migración Colombia sobre el caso decían que la expulsión de los jóvenes se había debido a que incurrieron en actividades proselitistas prohibidas por las normas migratorias de Colombia y que llegaron a la agresión personal contra personajes de la vida pública. Sergio Bueno aclara cuáles fueron esas acciones:
“Para la toma de la decisión, por parte de Migración Colombia, de expulsar a los dos ciudadanos, se dio una confluencia de factores que dieron lugar a la aplicación del artículo 105 del Decreto 4000. Entre estos se encontraron violaciones a la normatividad migratoria, tales como adelantar actividades en el territorio nacional para las cuales no estaban autorizados al ingresar al país. Entre estas podemos destacar, por ejemplo, que Saleh había ingresado con un Permiso de Ingreso y Permanencia PIP-6, que se les otorga a las personas que vienen a adelantar estudios no formales, a participar de capacitaciones o algún tipo de evento deportivo. Sin embargo, el ciudadano venezolano asegura, expresamente en redes sociales, que es el presidente de la ONG Operación Libertad Internacional y, para laborar como cooperante o voluntario de una ONG en Colombia, requiere la visa TP-6 estampada en su pasaporte”.
Sergio Bueno añade que Gómez Saleh “permaneció irregular en Colombia por varios meses, ya que el permiso de ingreso y permanencia PIP-6 que se le otorgó le permite estar en el territorio nacional por un período de 90 días calendario. Sin embargo, el ciudadano ingresó el 19 de febrero de este año y su permiso expiró a los 19 días del mes de mayo. Desde esa fecha y hasta finales de agosto permaneció como irregular en Colombia, y pese a que el 27 de agosto se le otorgó un salvoconducto por 10 días para legalizar su situación migratoria, e incluso tener la posibilidad de solicitar una visa, éste jamás lo hizo”.
Además, dice Bueno, se evidenció que Gómez Saleh y Valles “adelantaban constantemente actividades proselitistas que son de conocimiento público, gracias a las redes sociales, y que en algunos casos afectaron el orden público y la tranquilidad social, como es el caso de la detención de Saleh por parte de la Policía Nacional y la agresión, por parte de este mismo ciudadano, al candidato al Senado por la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff. También se tuvo conocimiento por información reservada de que estos dos ciudadanos adelantaban actividades que atentaban contra la seguridad nacional”.
¿Qué sigue en el proceso? Nieto Palma explica que en 45 días el fiscal debería formular cargos y luego vendría la audiencia preliminar. Después probablemente reabrirán el juicio que está guardado desde 2010. “Esto es largo. Lorent va a permanecer privado de libertad un buen tiempo y Gabriel también. Los dos están en el mismo expediente, tenían el mismo régimen de presentación y todo lo demás”.
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@DanielSalgar1