:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/-DGqUaFt4EmBDlaufcsjavCarMM=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/IO2FCY35Z5CFZPJOZA4NWJAYKI.jpg)
La población afrodescendiente de Estados Unidos continúa manifestándose en contra de la absolución de George Zimmerman (29 años), el hombre de madre peruana que en febrero de 2012 disparó contra Trayvon Martin y le quitó la vida en el estado de Florida. Que Martin fuera un joven de raza negra de 17 años, estuviera desarmado y acabara de comprar dulces resulta una introducción demasiado pacífica para la tragedia en la que se convirtió su historia: las seis mujeres que compusieron el jurado del juicio concluyeron que Zimmerman actuó en defensa propia y el homicidio de Martin fue involuntario.
La historia de la defensa de Zimmerman diría que él, en calidad de vigilante de una urbanización, consideró sospechosa la imagen de Martin (quien portaba una gorra que, dicen, ocultaba su rostro) y lo increpó para que se retirara. La discusión derivaría en una pelea que acabaría con el tabique roto del acusado, pero con la muerte de un afrodescendiente sin antecedentes penales, menor de edad y, como afirman los grupos de defensa de derechos civiles, víctima de una estigmatización en la que la mezcla de tez oscura con un gorro en la cabeza resulta inquietante para cualquiera.
La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) ha pedido al secretario de Justicia y fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, quien es afroamericano, que formule cargos federales contra Zimmerman, de modo que pueda ser juzgado nuevamente. Holder anunció que su departamento abrió una investigación formal sobre el caso.
No obstante, Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, pidió calma a la población indignada y destacó que a pesar de la inconformidad, el veredicto había sido producto de una decisión legítima del sistema de justicia.
Los ánimos de los afroamericanos estás exacerbados. Juntos componen cerca del 13% de la población total (ya superada por el 15% que reúne a los latinos), pero proporcionalmente sus cuentas con la justicia son más altas: las personas de raza negra componen el 35% de la población carcelaria y el 42% de los condenados a muerte en el país. A finales de julio, en el estado de Texas, fue ejecutada mediante inyección letal Kimberly McCarthy, una afroamericana de 52 años encontrada culpable del homicidio de una anciana de nombre Dorothy Booth en 1997. A pesar de que la defensa argumentara que su sentencia había sido fundamentada en el odio racial, McCarthy se convirtió en el prisionero número 500 en ser ejecutado en el estado texano.
Los manifestantes que hoy salen a las calles de ciudades como Nueva York, Chicago, Boston, Los Ángeles, entre otras, quizá estarían satisfechos si una condena como la impuesta a Kimberly McCarthy hubiese sido impuesta a George Zimmerman. Pero no, bajo su perspectiva, la realidad sigue indicando que el presunto sesgo antiafroamericano de la justicia es vigente en la nación.
Las instituciones, por supuesto, niegan la existencia de un perfil racial en sus programas, pero las estadísticas parecen jugar en contra. Por ejemplo, en el más reciente informe del Centro de Derechos Constitucionales consta que de las 576.394 personas detenidas preventivamente para ser interrogadas en Nueva York, durante 2009, el 84% eran afroamericanos o latinos. En 2011, cuando las detenciones ascendieron a 684.000, el porcentaje racial hizo lo propio con estos dos mismos grupos: 87%. Todo esto sin contar que en otros niveles como el escolar, un estudiante negro tiene tres veces más probabilidad de ser suspendido que un estudiante blanco.
En cualquier caso, para la historia quedará que la Fiscalía atribuyó motivos raciales al asesinato de Martin, aunque el jurado no lo haya asumido así. George Zimmerman recuperó su libertad, pero su hermano Robert ha dicho a la prensa que después de la fuerte reacción que produjo el veredicto, él tendrá que “cuidarse la espalda el resto de su vida”.