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La Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) es una de las organizaciones más poderosas de Estados Unidos y una de las más férreas opositoras a cualquier modificación, por mínima que sea, a la Segunda Enmienda de la Constitución de ese país, la cual garantiza el derecho a portar armas. Pero su alcance va más allá de sus fronteras.
La NRA gastó US$4 millones en “inversiones” en Centroamérica y el Caribe en 2010, según una investigación difundida por la publicación America’s Quarterly. Miembros de la organización están en contacto permanente con los grupos de propietarios de armas en México y otros países de la región y, en algunos casos, han ejercido una influencia decisiva en los intentos latinoamericanos por regular la posesión de armas, como en Brasil en 2005.
Si bien la suma destinada por la NRA a sus “inversiones” al sur de la frontera es minúscula comparada con su abultado presupuesto —más de US$240 millones, 80 veces más que el mayor grupo antiarmas de EE.UU.—, la organización vigila de cerca los pasos hacia una regulación de las armas en Latinoamérica, como lo ha hecho en el resto del mundo. “Pese a que la asociación no puede gastar dinero fuera de las fronteras de Estados Unidos, la NRA consigue medios para apoyar movimientos locales y ejercer influencia de distintas maneras”, señala Wendy Cukier, autora del informe.
Estados Unidos es el principal exportador de armas personales del mundo, un sector que genera ganancias por encima de los US$700 millones al año. Solamente las destinadas a México ganaron US$129 millones en 2012, según un estudio de la Universidad de San Diego. Desde casos tímidos como la organización de seminarios para defensa personal en Trinidad y Tobago y Costa Rica —por ejemplo el curso Refuse to Be a Victim, dirigido a mujeres—, hasta la “asesoría directa” dad por miembros de la asociación a organizaciones locales en toda la región.
Un ejemplo de esa asesoría directa es México Armado, un grupo que defiende el derecho a portar armas y que participa en las competiciones organizadas por la NRA (que no exige la membresía para hacerlo). Algunos de sus miembros aceptan que hay una comunicación constante con la asociación para recibir asesoría y consejos.
La paradoja mexicana consiste en que en el país en que más de 70.000 personas han muerto a causa de la violencia del narcotráfico en los últimos seis años, para obtener un arma legal es necesario llenar un control ante la Secretaría de Defensa Nacional y superar un trámite burocrático de al menos una decena de pasos.
El mercado negro es otro cantar. La frontera con EE.UU., no obstante, hace que las armas pasen sin problema hacia el sur. Un informe de la ONU calcula que entre el 70% y el 90% de las armas ilegales en México provienen de Estados Unidos. “Aquí (en México) están prohibidas las armas. Vivimos en la evasión y simulación”, apunta el escritor y académico Sergio Aguayo. Subraya “el doble discurso” de la NRA y de algunos sectores del gobierno estadounidense sobre las consecuencias del tráfico de armas hacia México. “Estados Unidos es el principal exportador de armas ilegales a América Latina. (...) Tenemos 12.000 armerías instaladas en la frontera de EE.UU. y ni siquiera hay un reconocimiento oficial de que estamos ante un problema gigantesco. He hallado documentos del gobierno estadounidense de hace cuatro o cinco años donde recomiendan que se haga lo posible por minimizar el tema”, añade.
Y los pocos intentos de hacer una legalización más firme se han topado con una pared. Para la muestra el caso de Brasil. En 2005, Charles Chuck Cunningham, director político de la NRA, viajó a Brasil para reunirse con los dos principales movimientos a favor del control de armas del país suramericano, el primer lugar de muertes con armas de fuego del mundo. Solamente en 2010 murieron más de 38.000 personas.
La asesoría consistió en traducir los anuncios difundidos por la NRA en EE.UU., al punto que algunos no se ajustaban del todo a las circunstancias brasileñas: uno advertía de que no se podía “quitar el derecho a portar armas a los ciudadanos” —la Constitución de Brasil, a diferencia de la estadounidense, no contempla tal derecho— y otro, que “la policía podría tardar hasta siete minutos en responder tu llamada”.
Los brasileños bromeaban con que la policía de su país tardaría mucho más en responder. Pero la estrategia funcionó. Después de que el “sí” a endurecer las leyes contra las armas contara hasta con un 80% de respaldo, a la hora de la votación el “no” triunfó con un 64%. Tras la matanza de 12 niños en 2011 en un colegio de Río de Janeiro, se ha discutido la posibilidad de llevar una propuesta similar a las urnas, pero no se ha definido ninguna fecha.