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El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la convocatoria del 'proceso de participación ciudadana' convocado por Artur Mas para el 9-N (el domingo que viene) como alternativa a la consulta oficial, que fue paralizada por el mismo tribunal el 29 de septiembre. La suspensión tiene efectos desde el día 31 de octubre, fecha en que la Abogacía del Estado interpuso el recurso contra el 9-N alternativo.
Al contrario de lo que reclamaba el Ejecutivo de Rajoy -que no solo había pedido la suspensión de este 'referendo encubierto', sino que solicitaba que el tribunal incluyera una advertencia sobre las consecuencias que la vulneración de su decisión podían acarrear-, el Constitucional no incluye en su resolución ningún aviso respecto a la infracción que conlleva no obedecer su postura.
Como en el caso de la consulta original, el tribunal ha admitido a trámite el recurso del Gobierno en el que se solicitaba la suspensión automática de la convocatoria. En este caso, no existía un acto formal determinante de esa llamada a las urnas pero el Constitucional ha considerado que elementos como las cartas a los funcionarios, la web activada para el 9-N o la publicidad que la Generalitat (gobierno local) ha ordenado emitir para promover la participación tienen el mismo efecto que un decreto de convocatoria.
El Ejecutivo de Rajoy no sólo ha pedido la suspensión de este 'referendo encubierto', tal como lo califica en el recurso, sino que ha instado a los magistrados a ir más allá con una advertencia al presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre las consecuencias que la vulneración de su decisión podrían acarrearle.
El Constitucional no ha convocado, para esta segunda suspensión de la consulta soberanista, una sesión extraordinaria, tal como hizo en septiembre. El tribunal tenía ya previsto celebrar un pleno esta semana, desde hoy martes hasta el jueves. El presidente, Francisco Pérez de los Cobos, ha decidido, en cualquier caso, que el recurso del Gobierno contra el 9-N sea incluido en el orden del día y se debata en la primera jornada del pleno.
Los motivos de impugnación son prácticamente iguales a los que se esgrimieron en el primer recurso a las que, en esta ocasión, añade las escasas garantías democráticas que tiene el nuevo proceso.
La Generalitat, por su parte, ha tratado de sortear esta nueva y previsible suspensión alegando que, si el Gobierno cree que el proceso de participación convocado es continuación de la consulta oficial del 9-N, debería haber presentado un proceso de ejecución y no un nuevo recurso. Sobre este último, la ley otorga al Ejecutivo el privilegio de solicitar la suspensión inmediata y el tribunal debe concederla mientras que el proceso de ejecución requiere plazos más amplios y la obligación de escuchar a las partes antes de resolver.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere que el pleno haga referencia a la responsabilidad e infracciones que conllevan el incumplimiento de su resolución, lo que supondría una declaración inédita.