El desalojo de un sueño

Gloria Gallego está lejos de Colombia. Ella no vino buscando el ‘Spanish dream’. Sus circunstancias personales la llevaron a Madrid, donde decidió quedarse. No llegó sola, trajo a su familia, a su mamá y a sus hijas, huyendo de una pesadilla quizás demasiado cotidiana en Colombia.

Encontró su nicho como cuidadora de una anciana, un trabajo común en un continente envejecido. Su llegada coincidió, como la de tantos inmigrantes, con el auge de una economía española que no tenía techo. En el país europeo con el mayor índice de adquisición de vivienda, comprar un inmueble era casi un tema de moda. “¡Si es que hasta tenía que pedir cita para hablar con la inmobiliaria!”, aclara Gloria.

Ella, como tantos españoles e inmigrantes, vivió una edad dorada en la que el crecimiento no parecía tener fin. Un canto de sirena que provocó que el 1,6% de población inmigrante en España en 1996 ascendiera al 12,2% (cerca de 6 millones de extranjeros) en 2010. El año 2012 ha sido el primero en el que se ha registrado un descenso. Pero también fue víctima de esta situación ya que, a la entrega casi indiscriminada de créditos hipotecarios, se unió la letra pequeña difícil de interpretar de cualquier contrato legal y una situación de pago que, en circunstancias normales, hubiera resultado escandalosa: “Mi préstamo fue a 30 años pagando €1.650 mensuales (Col$3’906.490)”. Desde la inmobiliaria que sirvió de intercesora en su nombre con el banco, Caja Madrid, le repetían: “Tranquila, señora, que esto no cambiará”.

Un día “la abuelita ¡pues se murió!, y el trabajo escaseaba”, explica Gloria. Pronto su vida se convirtió en un infierno de morosidad. Cuando la burbuja inmobiliaria estadounidense estalló en el 2008, quedó claro que las cosas no iban bien. España se encontró inmersa en una crisis hipotecaria similar a la que afectó a Colombia en 1998, pero de tremendas proporciones.

A medida que se desmoronaba la burbuja inmobiliaria, el tipo de interés interbancario (Euribor en Europa) alcanzaba el 5%, por lo que quedaron expuestos los problemas de liquidez bancaria y de financiación que afectaban al país. Para alguien como Gloria, esto se tradujo en el incremento de su mensualidad hipotecaria hasta €2.500 (Col$5’918.925) por una casa cuyo valor se había depreciado en casi un 16% desde 2007.

Gloria se vio en la penosa obligación de escoger entre comer o pagar la hipoteca y entrar en morosidad bancaria. “Subía mi cuota mientras la vivienda valía muchísimo menos. Su tendencia era bajar más, pero yo seguía con la deuda viva acumulando intereses”.

Cuando por fin encontró un trabajo con buena remuneración, se acercó al banco para renegociar la deuda. Pero ya no había vuelta atrás. El banco rehusó escuchar su caso a menos que pagara €20.000; a lo que debía se le agregaban más intereses, además de los gastos legales que le había endosado el banco. “Ya la casita se perdió… yo agoté todos los recursos para ver si podía solucionar esto. Y, aunque nunca perdí la esperanza, llegó un punto en que no pude más”.

En España, el impago de una hipoteca deriva en un proceso de subasta sobre la tasación designada por la escritura. Por lo general esas subastas no son exitosas, ya que el precio no puede bajar del 70% del valor del bien en la primera subasta ni del 60% cuando es adjudicado por el banco. De esta manera la entidad financiera se apodera de la vivienda y la ejecución hipotecaria se mantiene por el valor restante de la deuda más intereses de mora y costos judiciales. Es decir: a una familia con una hipoteca se le arrebata la casa por impago, pero sigue con la obligación de pagar lo que resta de crédito, los intereses y los gastos jurídicos del banco.

Una vez cumplida esta realidad, a Gloria se le comunicó que tenía que desocupar su casa. “Yo pensaba irme, pero me aconsejaron que no lo hiciera porque la deuda se la dejaría a mis hijas, ¡yo que hice miles de cosas para dejar a mis hijas bien y me salen con esto! Pues se me arrugó el corazón…”.

Gloria acudió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que le ratificó que no debía abandonar su vivienda, ya que era lo único que le quedaba para poder negociar otro fin a su triste historia. Solo logró postergar la fecha de lanzamiento, es decir, desalojo, hasta el 23 de octubre del año pasado y la promesa de poder solicitar un alquiler social a Caja Madrid. Esta figura permite que el dueño se convierta en inquilino del banco durante un tiempo determinado.

El 23 de octubre de 2012, Gloria, su mamá, su hija y su hermano se aferraron a la casa y esperaron la llegada de los oficiales que iban a ejecutar el desahucio. “Llegaron 30 miembros de la Guardia Civil (el primer cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional), además de la policía. Me quedé dentro de la casa con mi mamá y con todo cerrado. Ellos no llegaron a timbrar porque el abogado de la Plataforma y miembros del 15M (nombre por el que se conoce al movimiento de los indignados en España) salieron a negociar. Como es costumbre para la PAH en estos casos, vinieron muchas personas a acompañarme y se pusieron enfrente de la puerta” para evitar la entrada de los cuerpos de seguridad del Estado.

“En esas se vinieron los oficiales contra los que estaban afuera. Cuando escuché los gritos me escondí y me arrodillé a rezar… Golpeaban al que fuera, niñas, personas mayores, al que fuera. Para mí fue supremamente duro ver a mi hija con golpes por todo el cuerpo. El abogado me rogaba por teléfono que no fuera a salir… mi hija entró en crisis”, relata Gloria. “Eventualmente el abogado me dijo que abriera, explicándome que tenía que sacar mis cosas en dos horas. Sacamos lo más importante. Fue tremendo. ¡Imagínate los nervios! Me arrancaron la casa: me sentí impotente, fracasada y derrotada. Ni se me ocurría volver a Colombia así”, relata Gloria, “porque a pesar de todo, nuestros amigos españoles estuvieron aquí para apoyarnos…”.

LA TRAGEDIA DE LOS DESAHUCIOS

La izquierda española presentó una enmienda a la totalidad de la reforma de Ley Hipotecaria con el objetivo de detener temporalmente las ejecuciones hipotecarias. Específicamente, propone una moratoria universal e indefinida de los procedimientos hipotecarios, a petición del deudor, siempre que éste se halle en una situación de insolvencia económica y no tenga otra vivienda. También propone la creación de un Fondo Social de Viviendas, de Titularidad Estatal y Gestión Autonómica, que integraría inmuebles de la administración pública desocupados y pisos de entidades financieras, que saldrían al mercado como viviendas públicas de alquiler a un precio protegido durante cinco años.