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A cuatro meses de abandonar la Casa Blanca y cuando disfruta de los niveles más altos de popularidad, el presidente Barack Obama decidió entablar un peligroso duelo con el Congreso, que puede arruinarle la recta final de su gobierno.
En una movida que todavía es motivo de análisis, Obama decidió vetar un proyecto de ley que permitía a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 demandar a Arabia Saudita. Según justificó el mandatario, “firmar esta ley habría tenido un impacto nefasto para la seguridad nacional de Estados Unidos”. No dijo más.
Ayer, por primera vez en sus casi ocho años de Gobierno y tras nueve vetos, el Senado eliminó la prohibición con 97 votos a favor y uno en contra. Horas después, la decisión era confirmada en la Cámara de Representantes.
Con el veto, Obama se arriesgaba a aumentar el rechazo de la opinión pública y, de paso, minaba el apoyo a la candidata demócrata, Hillary Clinton, a quien se identifica con el continuismo.
“Entiendo el deseo de justicia de los familiares y estoy decidido a ayudarlos en este esfuerzo”, explicó en un mensaje dirigido al Senado. Y agregó: “la propuesta hubiera sido contraproducente para el interés nacional de Estados Unidos y socavaría el principio de inmunidad soberana, exponiendo al país a demandas ante diversos tribunales alrededor del mundo”.
Pero en tiempos electorales no hay razones que valgan. El 8 de noviembre no solo se elige presidente, también se renovará una parte del Congreso. Antes de que la medida fuera aprobada, Obama multiplicó sus contactos en la Cámara para convencer a los demócratas, principalmente, de apoyar su censura a la iniciativa.
Dos tercios de los legisladores se unieron detrás del proyecto y levantaron el veto presidencial, con lo que la ley entrará en vigor. Una decisión, que dicen analistas, a futuro jugará en contra de los intereses estadounidenses.
La Ley de Justicia contra Patrocinadores de Terrorismo llevaba tiempo dividiendo Washington. Dos días antes del 15° aniversario de los atentados fue finalmente aprobada por el Congreso.
Explican expertos que 15 de los 19 terroristas que participaron en los ataques del 11S eran saudíes, por lo que se sospecha –aunque varias investigaciones no han logrado confirmarlo– que el gobierno de ese país pudo financiar a los terroristas.
¿¿Cuál es el verdadero problema? “Si se elimina la inmunidad soberana en tribunales estadounidenses a gobiernos extranjeros se estará minando un principio de reciprocidad que ahora protege a Estados Unidos de demandas similares en el exterior”, coinciden columnistas en la prensa estadounidense.
Obama lo explicó así en su mensaje que acompañaba el veto: “Podría haber demandas contra EE.UU. o cargos estadounidenses por acciones cometidas por un grupo armado que ha recibido asistencia de EE.UU., por mal uso de equipamiento militar estadounidense que hagan fuerzas extranjeras o por abusos cometidos por unidades de policía que han recibido entrenamiento estadounidense, incluso si las acusaciones en cuestión no tuvieran mérito”.
En ese mensaje, Obama alertó también de que si el país perdiera en esos juicios podría haber “potenciales consecuencias financieras graves para EE.UU.”.
La relación con Arabia Saudita también pesó en la decisión de veto de Barack Obama. Este año, la alianza de 70 años entre Washington y Riad llegó a su punto más delicado cuando el mandatario estadounidense criticó a Arabia Saudita y a otros aliados del Golfo, “por no hacer lo suficiente en la lucha contra el terrorismo en Siria e Irak”. Arabia Saudita es un actor clave en Oriente Medio: es importante para contener a Irán y también en la guerra contra el Estado Islámico, que empieza a perder territorio.