Dos mexicanos aparecen recurrentemente en la lista de las personas más ricas del mundo. Una de ellas es Carlos Slim, empresario y dueño del emporio más grande de telecomunicaciones en América Latina y el hombre más rico del mundo. El otro es el criminal más buscado en el mundo. Joaquín Guzmán Loera habitaba hasta ayer en la prisión de alta seguridad de Altiplano y hoy es prófugo de la ley. Durante la noche del 11 de julio, el Chapo escapó por un túnel de poco más de kilómetro y medio. Por segunda vez, el capo más famoso de México burló a la justicia. En 2001 se hizo leyenda al escapar escondido en un carro de lavandería y permanecer prófugo hasta febrero de 2014 cuando fue aprehendido.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno federal declaró una guerra contra el narcotráfico, en la cual la eventual captura de Guzmán era vista por la sociedad civil como uno de los mayores trofeos que se podría llevar el presidente. El Chapo y el Cartel de Sinaloa habían causado en gran parte la ola de violencia en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, considerada durante muchos años como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, tal captura nunca sucedió y con la llegada de Peña Nieto la narrativa del gobierno eliminó de la agenda pública la captura de los grandes capos de la droga (aunque durante casi tres años de gobierno ha detenido a seis figuras importantes) y se enfocó en promocionar las reformas económicas y estructurales que harían memorable su sexenio.
No obstante, el 22 de febrero de 2014, en una conferencia de prensa, se dio a conocer la captura de Guzmán. ¿Qué podría ser más exitoso para un presidente que haber detenido a uno de los hombres más buscados del mundo? A pesar del alto perfil de la captura del Chapo, la violencia derivada del narcotráfico pareció no dar tregua. La creación de grupos de autodefensa en Michoacán y Guerrero continuaron pese a que el enemigo público número uno estaba ahora tras las rejas y la ofensiva de los carteles continuó causando muertes e inseguridad entre la población.
Jesús Murillo Karam, el entonces procurador general, aseguró que no había manera de que Guzmán pudiera escapar de la prisión, por lo que se descartó extraditarlo a Estados Unidos. De acuerdo con sus propias declaraciones a principios de este año, no existía ningún riesgo en que permaneciera dentro de una prisión mexicana. Pero el Chapo conoce a la perfección las fallas en la justicia, vive de ellas y en ellas se basa su negocio.
Las cárceles mexicanas son nidos de impunidad dónde poco se busca la reinserción de quienes se encuentran ahí. Un próspero negocio de tráfico de drogas, extorsiones, prostitución y privilegios mantiene a las instituciones penitenciarias secuestradas por el crimen organizado. Dentro de las prisiones se mantienen las mismas estructuras y jerarquías que fuera de ellas. Es probable que el poder del Chapo se mantuviera aún en su celda, que fuera beneficiado por privilegios y que su poder continuara creciendo a pesar de estar tras las rejas. Si no es así, es difícil imaginar cómo se pudo construir un túnel desde su celda hasta un edificio en construcción fuera de la prisión.
El escape representa un enorme fallo para el gobierno de Peña Nieto. En febrero de 2014, en una entrevista con el periodista León Krauze, el presidente declaró que el escape del Chapo sería imperdonable para el gobierno. Hoy su fuga es la muestra inequívoca del fracaso de una estrategia y de la falta de fortaleza institucional de la búsqueda de justicia en México. El gobierno mexicano está actualmente rebasado por el crimen organizado. La permeabilidad de las instituciones por el narcotráfico está presente en todos los niveles. Si el preso de más alto perfil pudo escapar de la prisión de mayor seguridad, qué tipo de justicia podemos esperar los mexicanos.
Durante los meses pasados, consecuencia de lo sucedido en Ayotzinapa, el gobierno organizó una serie de foros en los que se discutieron las reformas necesarias para asegurar la “justicia cotidiana” de los mexicanos. Existe una preocupación por una renovación institucional y procedimental en el acceso a la justicia. Sin embargo, cualquiera de estas reformas, incluida la de justicia que introduce los juicios orales, es insuficiente si no se elimina de raíz la corrupción que mantiene secuestrado a México. La corrupción que permite que se construyan túneles en prisiones, que cientos de miles de personas hayan sido asesinadas en casi 9 años, que sigan desaparecidas más de 20 mil personas y que encontrar fosas comunes no sea un hecho extraordinario.
Si se tiene que señalar a un culpable de la fuga del Chapo, es la debilidad institucional, consecuencia de la corrupción. Actualmente el presidente Peña Nieto se encuentra en una gira en Francia. A su regreso tendrá que pagar un precio muy alto: la vergüenza nacional e internacional en la que el hombre más poderoso de México no es su presidente, ni un empresario, ni un político, es un narcotraficante que por segunda vez se ha burlado de las instituciones mexicanas.