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El 8 de enero de este año, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, tras reunirse en París con abogados de la firma Volterra Fietta —contratada por Colombia en diciembre para buscar alternativas ante el fallo adverso que el pasado 19 de noviembre emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) en el litigio con Nicaragua—, anunció que las recomendaciones de los expertos internacionales deberían conocerse a mediados de mayo.
Según fuentes de Cancillería, dicho material ya fue entregado a Colombia, al igual que una serie de puntos y bases “confidenciales” en los que estaba trabajando el grupo de abogados colombianos contratados para buscar salidas jurídicas al fallo. La firma internacional evaluó a profundidad la tesis que expuso hace unos días la excanciller Noemí Sanín —que ya estaba siendo contemplada por los asesores del gobierno colombiano desde hace varios meses—, según la cual el fallo de la CIJ pudo estar influido por un negocio entre China y Nicaragua para la construcción de un canal interoceánico que uniría al Caribe con el Pacífico y atravesaría al país centroamericano.
Según ha explicado Sanín en un libro escrito por ella y el exministro de Justicia Miguel Ceballos, “para ello la nación centroamericana necesitaba hacer suyas las aguas del sur del archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe”.
De inclinarse por esta tesis, explican analistas, Colombia deberá respaldarla con pruebas más fehacientes que la amistad de la jueza china, Xue Hanquin, con el embajador nicaragüense en La Haya, Carlos Argüello. “Si Colombia demuestra que hubo un tráfico de influencias y dinero de por medio sería un escándalo mundial, un caso sin precedentes”, explicó Ricardo Abello, profesor de la Universidad del Rosario y experto en el tema. “Como se ha manejado esto, cualquier cosa puede seguir; que Colombia presente las pruebas, eso sí tumbaría el fallo”, agregó.
Abello aclara que desde que se conoció el fallo Colombia tiene dos opciones: una, pedir la revisión del fallo, algo que tiene que hacerse a los seis meses de que se descubra un hecho nuevo, “y lo de China no es una novedad pues se conoce desde 1917, cuando la Corte Centroamericana de Justicia ya hacía referencia a la eventual construcción de un canal por Nicaragua”, y dos, solicitar una interpretación.
Sanín y Ceballos refuerzan su tesis recordando que “Argüello aseguró antes del fallo, que el interés de Colombia era impedir la construcción del canal, allí se presentaría un hecho nuevo que no conocía la Corte y se cumpliría la única causal para solicitar formalmente la revisión”.
El abogado internacionalista Rafael Nieto Navia, miembro del equipo colombiano contratado por la Cancillería, no comparte la “tesis china”: “Yo creo que la relación de China y Nicaragua viene de tiempo atrás. ¿Qué tan avanzada está? No sabemos y creo que Sanín tampoco, pero eso no tiene mucho que ver con las eventuales demandas de Colombia de interpretación o revisión. Al fin y al cabo, la Corte dictó una sentencia y sobre la base de esa sentencia es que se está actuando. Si aún no hubiera fallo, los nicaragüenses podrían estar pensando en su canal, pero eso no tiene que ver con el fallo”.
Abello insiste en que Colombia ya está quedando bastante mal vendiendo un discurso para manejar la situación política interna. “A nivel internacional estamos en un error. Se tiene que tener en cuenta que este fallo no tiene reversa y hace rato ya que debíamos haber entrado en una negociación binacional. Lo dije desde el primer día: la parte jurídica terminó, hay que abrirle espacios a la diplomacia. El resto es cuento chino”.