En 2010, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, España se convirtió en un país vanguardista en la manera de legislar sobre el aborto. La ley original databa de 1985, expedida por el Parlamento español después de 36 años de dictadura franquista. La ley original permitía a la madre recurrir al aborto en caso de que el embarazo fuera producto de una violación, que el feto tuviera algún tipo de malformación o que la vida de la madre estuviera en peligro por el desarrollo del bebé en su vientre.
El gobierno Zapatero, desde una política liberal y dando prioridad al derecho de la mujer, impulsó una reforma que finalmente fue aceptada. El entonces nuevo marco legal ampliaba de manera significativa el margen y que a hoy es el marco vigente: toda madre es libre de abortar durante las 14 primeras semanas de embarazo, sin necesidad de justificar su decisión. Después de ese plazo, el aborto puede ser practicado hasta la semana 22 si médicamente se demuestra que el bebé representa un “riesgo para la vida y la salud” y no se estableció límite de tiempo cuando se presenta alguna “enfermedad extremadamente grave e incurable para del feto”.
No obstante, el marco legal que rige el aborto en estos tiempos no es el indicado a ojos del gobierno conservador del presidente Mariano Rajoy, quien asumió la presidencia en diciembre de 2011. En medio de los serios padecimientos que presenta la economía española actualmente y los esfuerzos del Ejecutivo para no sucumbir ante la crisis, la idea de elaborar una nueva ley del aborto fue adelantada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El proyecto de cambiar la legislación había sido planteado por Rajoy en sus primeros meses de gobierno, pero hasta estos días era una incógnita cuáles serían las variaciones en las que estaba pensando. Sin embargo, en España causaron revuelo las declaraciones de Ruiz-Gallardón, quien el afirmó que en los planes del Gobierno está la supresión del apartado que permite el aborto en caso de malformación del feto: “No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Yo creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos”. Su afirmación fue publicada en una entrevista con el diario La Razón.
Luego de este anunció, el viernes, la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó que la nueva ley será presentada en el próximo periodo de sesiones del Parlamento, en donde el Partido Popular (el partido de gobierno) tiene la mayoría.
La iniciativa impulsada por la administración Rajoy pretende reemplazar la existente y eliminar los plazos establecidos en la reforma de 2010 y regresar un esquema muy similar al de 1985. La diferencia es que en este último, la salvedad que hou hace Ruiz – Gallardón si estaba permitida.
Esta iniciativa ya activado los mecanismos de protestas de las asociaciones médicas, de mujeres y derechos humanos, que ven en ella un retroceso inadmisible. "La reforma lleva a la legislación a fechas cercanas a la dictadura franquista y aleja España de la mayor parte de Europa en cuanto a derechos reconocidos a las mujeres”, se lee en un comunicado redactado por los colectivos sociales, de manera conjunta, a favor de la ley actual.
Otro de los documentos citados por la prensa española por estos días es la carta que el reconocido neurocirujano infantil Javier Esparza le envió al ministro de Justicia: "No creo que ninguna sociedad tenga el derecho, y menos pudiendo evitarlo, de cargar a ningún ser humano con sufrimientos más allá de lo imaginable (…) quiero suponer, pues no puedo entenderlo de otra manera, que la intención del ministro (...) es producto del desconocimiento de esta realidad y de estas enfermedades".