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Inesperadamente los gobiernos de Colombia y Ecuador anunciaron un principio de acuerdo que pondría fin al litigio causado por las fumigaciones con aspersión aérea llevadas a cabo por el primero en zona fronteriza. Éstas habían conducido a Quito a interponer una demanda en contra de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, por los efectos nocivos causados a la población ecuatoriana. El arreglo no deja de sorprender, ya que desde hace años los dos países habían defendido de forma vehemente la legitimidad y coherencia de sus posturas.
Del lado ecuatoriano, resulta extraño, además, porque se pensaba que sería relativamente fácil ganar la demanda y conseguir que Colombia lo indemnizara y pidiera excusas públicamente por los daños causados con las fumigaciones. A la vez, sorprende que la administración de Rafael Correa, caracterizada por la ortodoxia para defender ciertas posiciones, y especialmente aquellas relativas a la soberanía y dignidad del Ecuador, hubiera accedido a un acuerdo previo al fallo, que anulara de tajo el total de las pretensiones ecuatorianas. Claro está, la indemnización anunciada significaría una renuncia a la pretensión inicial, pero una victoria diplomática sin precedentes.
En Colombia también resulta inesperado porque el Estado había calificado ininterrumpidamente los efectos del glifosato como “inocuos” y, por ende, se pensaba que se contaba con una certeza sobre la imposibilidad de que Ecuador demostrara los efectos nocivos de la aspersión sobre su población. Era tal la seguridad de Colombia que estuvo en disposición de permitir el estudio en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la OEA, con el objeto de determinar científicamente los efectos del químico. Sin embargo, con el anuncio del acuerdo queda claro que el Gobierno reconoce que el reclamo ecuatoriano es sólido y deja entrever que la retórica del pasado tenía vacíos.
El caso demuestra los errores crasos del Estado colombiano durante los últimos años, los cuales llevaron a la actual administración al intento presente de corregirlos. El principio de acuerdo por parte de Colombia es una forma de encauzar una relación que desde 2006 ha estado marcada por los desatinos. Durante el gobierno anterior, se produjeron todos los hechos que llevaron a Ecuador a demandar a Colombia ante la CIJ. Valga decir que no fue sólo el ataque al campamento de Raúl Reyes, sino una política de hostilidad, fácilmente rastreable con hechos, hacia el vecino.
Las fumigaciones en el sur de Colombia fueron el producto del denominado efecto globo, es decir, del desplazamiento de cultivos por su erradicación. Durante las primeras fases del Plan Colombia se fumigó en la zona del Catatumbo, y con ello se logró una reducción en esa región, pero un incremento importante en otras regiones del sur. Valga recordar que para ese entonces, Venezuela protestó contra esas aspersiones, denunciado los efectos devastadores sobre las cuencas compartidas. La respuesta de Colombia en el gobierno Uribe fue clara: jamás se volvieron a presentar fumigaciones por aspersión aérea en el Catatumbo.
Cuando Ecuador empezó a quejarse de los mismos efectos que habían inspirado el reclamo venezolano, la respuesta del gobierno colombiano consistió en proponer una franja de 10 kilómetros a partir de la frontera, en donde no se fumigaría. Así quedó condensado en un acuerdo firmado el 7 de diciembre de 2005 entre la entonces canciller, Carolina Barco, y su homólogo ecuatoriano, Francisco Carrión. Sin embargo, y de forma unilateral, el gobierno de Álvaro Uribe, en cabeza de su ministro de Defensa, el actual presidente Juan Manuel Santos, decidió la reanudación de las fumigaciones, rompiendo lo acordado con Ecuador y debilitando la relación. Esta enérgica respuesta colombiana contrastaba con la docilidad expresada frente a Caracas respecto al mismo tema.
Para Ecuador, la decisión colombiana llegó en mal momento. Rafael Correa había resultado electo, pero en funciones se encontraba Alfredo Palacio, encargado de la transición luego de la caída de Lucio Gutiérrez. Para las autoridades ecuatorianas era difícil responder ante semejante desafío. Pero allí no terminó todo. El 1º de marzo de 2008, en una decisión sin precedentes, se ordenó el bombardeo de territorio ecuatoriano en la operación Fénix que dio de baja a Raúl Reyes. El error de Colombia fue doble: haber violado la soberanía del vecino y, aún más grave, haberle mentido.
Las primeras informaciones desde Colombia señalaban que no se habían bombardeado zonas ecuatorianas. Sin embargo, una vez comprobada esa situación, Quito decidió romper relaciones con Colombia y denunciarla ante la CIJ por los efectos nocivos de las fumigaciones previas. Es importante entender la postura ecuatoriana a la luz de sus circunstancias. La hostilidad de Colombia hacia ese país es notoria y la postura asumida frente al bombardeo así lo demuestra.
Desde ese entonces los ecuatorianos se preguntan con justa causa: si Colombia supiera que hay guerrilleros ocultos en Venezuela, ¿sería capaz de bombardear dicho territorio? Es evidente que no. A Ecuador se lo ve con un sesgo de inferioridad que le ha costado a la relación binacional y no permite la profundización de los lazos. Esta lógica refleja el centralismo que ha marcado la política exterior, sin ninguna consideración por los departamentos del sur del país, emparentados entrañablemente con Ecuador.
Para Colombia, esta decisión llega en un buen momento porque significa una voluntad de reconciliación urgente con un vecino inmediato. Aunque el acuerdo suscitará un debate complejo sobre las responsabilidades de funcionarios cuyos errores le están costando al Estado colombiano, la decisión pone de relieve la intención sana del gobierno por solucionar el problema con Ecuador.
Para éste, el acuerdo es una victoria de suma relevancia. Históricamente, Quito considera que le ha ido mal en las negociaciones con sus vecinos. En 1941, por presión regional, fue obligado a aceptar un acuerdo de delimitación con el Perú desventajoso a los ojos ecuatorianos. En 1998, firmó la paz con éste con la sensación de haber perdido aún más territorio. Sin embargo, con esta indemnización Correa entiende que se empieza a hacer justicia, y con dos temas que favorecen su imagen: frontera y medioambiente. Luego de tomar la decisión de abandonar el proyecto para no explotar hidrocarburos en el Yasuní en la Amazonia ecuatoriana, este principio de acuerdo será interpretado para que Correa aparezca de nuevo como abanderado de la causa verde. Para Colombia es una lección sobre la forma en que conduce su política exterior, que por mandato constitucional debe privilegiar a sus vecinos.
* Profesor Universidad del Rosario