El aumento de la tensión entre Argentina y el Reino Unido por su enfrentamiento acerca de la soberanía de las Malvinas ha provocado una lluvia de banderas británicas e isleñas en Port Stanley, la capital de las islas, y parece tener el efecto contrario al que busca Buenos Aires: lejos de atemorizar a los habitantes del archipiélago, la tensión no hace más que reavivar la memoria de la guerra de 1982, aumentando el sentimiento de comunidad de los malvinenses y recordándoles que, hoy por hoy, su defensa depende precisamente de Gran Bretaña.
El bloqueo a los buques con bandera de las Malvinas y las trabas a los barcos con pabellón británico, apoyado por Chile, Uruguay y Brasil, están provocando pequeños inconvenientes a los pesqueros gallegos que faenan en la zona y problemas para la llegada de alimentos y materiales desde el continente, pero eso sólo significa que los isleños han de pagar un sobreprecio porque algunos productos llegan ahora desde Gran Bretaña.
Quienes de verdad temen una escalada de la tensión son los trabajadores chilenos y de otros países de Suramérica empleados en las Malvinas y los excombatientes argentinos que visitan el archipiélago, que temen la suspensión del vuelo semanal que une a las Malvinas con Punta Arenas, en el sur de Chile. Eso los obligaría a viajar a través de Londres, a precios prohibitivos. “El bloqueo nos está afectando”, explica Antonio Cordeiro, representante de los armadores de Vigo en las Malvinas desde 1988. Lleva allí tanto tiempo que lo llaman “el cónsul de Galicia”. Primero negociaba licencias para los armadores y desde que el sistema se cambió a empresas mixtas busca socios locales para los gallegos.
“Están sometiendo a inspección a los barcos cuando llegan a Montevideo y pidiéndoles los papeles. Cuando declaran que vienen de las Malvinas, les abren expediente sancionador, que puede acabar con la imposición de una multa, aunque hasta ahora no se ha dado el caso. En una ocasión tuvo que intervenir un helicóptero de la Armada por la actitud agresiva de los inspectores”, explica Cordeiro.
“Aquí siempre hemos tenido una buena relación con la industria pesquera española, muy positiva, con contactos a nivel científico. Los españoles han estado desde hace tiempo en las Malvinas y enseguida se interesaron por las licencias, y luego han sido los que han formado más empresas conjuntas”, explica John Barton, director de Pesca del Gobierno de las Malvinas.
Desde que se introdujo el sistema de licencias de pesca, en 1986-87, se ha revolucionado la economía de las islas, que desde 1989 son autosuficientes salvo en los gastos de defensa, que siguen a cargo de los contribuyentes británicos.
El final del período de relaciones constructivas entre Argentina y las Malvinas que se dio en la era de Carlos Menem, en los años noventa, está afectando a la conservación de los caladeros. “La falta de colaboración de Argentina es un gran problema, un gran paso atrás. Entre 1990 y 2005 hemos tenido una política bilateral de conservación muy buena, que era entre Gran Bretaña y Argentina con participación de las Malvinas. Hemos tenido científicos argentinos trabajando acá. Eso ahora es poco probable”, se lamenta Barton.
La escalada del conflicto
¿A qué se debe el aumento de la tensión de los últimos meses? Se apuntan varias causas: la cercanía del 30º aniversario del conflicto de 1982, la evidencia de que sí hay petróleo en las Malvinas, la estancia estos días del príncipe Guillermo de Inglaterra en las islas. “Me temo que le voy a tener que dar una respuesta diplomática: se lo tiene que preguntar a Argentina”, se excusa el gobernador británico del archipiélago, Nigel Haywood. “Leemos en los periódicos que hay un aumento de la tensión en el Atlántico Sur, pero no lo hay. Lo que hay es un lado intentando aumentar la tensión. Pero nosotros, no”, añade.
Sin embargo, Haywood pierde esa compostura diplomática cuando se le recuerda que Londres ha considerado esencial la opinión de la población local en los contenciosos de las Malvinas y Gibraltar, pero le devolvió Hong Kong a China en 1997 y, sobre todo, expulsó en los años 60 a los habitantes de la isla de Diego García para convertirla en una base militar de Estados Unidos sin pedir su opinión a los afectados. “Son casos muy diferentes y de hace mucho tiempo. Nos podríamos remontar también a la invasión española de los Países Bajos”, se revuelve en el sofá de su acogedora residencia frente a la bahía de Port Stanley (que los argentinos llaman Puerto Argentino). “El gobierno británico ya ha admitido que en aquellos tiempos se cometieron errores”, añade, recuperando la compostura.
Visto desde las islas, la cuestión de la opinión de la población local es un elemento central del debate sobre la soberanía del archipiélago. “Aquí no había ningún tipo de población indígena cuando los ingleses tomaron posesión de las islas en 1765”, afirma Dick Sawle, uno de los ocho miembros que forman la Asamblea Legislativa local, nacido en Inglaterra pero afincado en las Malvinas desde 1986.
“En 1832 había aquí una población civil de unas 30 personas. Y estaban sólo para una cosa: matar vacas. Porque los barcos necesitaban carne. En octubre de 1832 vino aquí un buque desde Buenos Aires con una guarnición militar argentina que tuvo muchos problemas con la población civil. Los ingleses vinieron tres meses después y los expulsaron. Más o menos lo mismo que en 1982”, ironiza.
“Cuando algunos argentinos hablan de las Malvinas parecen hablar de un territorio deshabitado”, se queja John Fowler, director adjunto de periódico local, el Penguin News, también malvinense de adopción. “Otros parecen hablar de un lugar mítico, pero es un mito nacional irreal, sin carne, y en casos extremos, como el de algunos ministros de la señora Kirchner, es un territorio en el que quizás haya gente, pero es gente que no cuenta porque no importa”, sostiene.
“Pero si los argentinos que había aquí en 1800 eran importantes, nosotros también somos importantes. Estamos en la misma situación que Argentina, Uruguay o Chile hace muchos años, con la diferencia de que no ha habido masacres como cuando los españoles reclamaron los territorios. No creo que el argumento histórico sea crucial, pero ¿qué cambiaría si hubiéramos expulsado a 20 o 30 personas en 1833, que es algo que además podemos probar que no ocurrió?”, se pregunta. “No puedes ir a 1833 y dibujar las fronteras con base en eso”, concluye.
Oro negro, el reto
La gran preocupación de los habitantes es que la tranquilidad en la que viven se vea alterada por la llegada del petróleo. En los 70, los isleños se sentían abandonados por Londres y se preparaban para ser traspasados a los argentinos. La guerra de 1982 lo cambió todo y luego, en 1987, las licencias pesqueras multiplicaron los ingresos de las islas. Hoy les sobra con un presupuesto anual de 55 millones de euros. Con el barril a 10 dólares, las exploraciones petrolíferas que empezaron en 1998 fueron primero una pequeña decepción. Pero en 2010, Rockhopper dio con una bolsa de entre 350 y 450 millones de barriles. Y el barril de Brent está por encima de los 120 dólares. Ahora está buscando socios industriales y financieros para explotarlo y se espera que las extracciones empiecen en 2016.
¿Podrán digerirlo o les pasará como a esas familias a las que les toca la lotería y no son capaces de asimilar la súbita riqueza? “Creo que somos conscientes de los riesgos. Estamos estudiando qué se ha hecho en otros territorios pequeños donde se ha encontrado petróleo. Lo que han hecho mal y lo que han hecho bien. El reto es cómo manejar los ingresos, y estamos estudiando la posibilidad de crear un fondo soberano”, explica Stephen Luxton, director de Recursos Minerales. Un reto más grande para el modo de viña isleño que los desencuentros con Argentina.