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“¡A los periódicos les llegará su hora!”, juró sin recato el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el pasado viernes en un acto en el céntrico Estado de Miranda. “Me llamarán dictador, no me importa; pero voy a endurecer las normas para acabar con el amarillismo y con la propaganda que alimenta la muerte”.
Con la amenaza, una de las más abiertas que haya proferido durante su todavía corta gestión de 11 meses, el sucesor de Hugo Chávez al frente de la revolución bolivariana quería ponerle coto a la cobertura que los medios de prensa privados hacen de la inseguridad en Venezuela, uno de los principales problemas que aquejan a la ciudadanía y al que el chavismo no ha encontrado cómo darle respuesta.
Por tanto, el Gobierno ha optado por bajarle el volumen al tema en los medios, en particular, en la prensa escrita, el último rescoldo de la libertad de información luego de que los más populares medios como la televisión y la radio fueran domesticados o, simplemente, aniquilados.
La declaración de Maduro le dio además un contexto relevante para entender el propósito del torniquete con que el Gobierno trata ahora de asfixiar a la prensa independiente que queda: periódicos y revistas se están quedando sin papel para imprimir. No han obtenido del Gobierno los permisos necesarios para acceder a las divisas extranjeras con las que podrían comprar en el extranjero el papel, que se importa en su totalidad.
Aunque muchos de ellos pasaron por los 17 pasos burocráticos requeridos para obtener las divisas en el enrevesado sistema de control de cambios que se estableció desde 2003, no se les han entregado. Es el caso del diario El Nacional de Caracas, por ejemplo, uno de los más importantes del país, cuya última autorización para importar data de mayo del año pasado. Ahora, como muchos de sus pares en la capital venezolana y del interior, se vio obligado a reducir sus ediciones a la mitad. Con esos recortes, podría mantener las tiradas hasta mayo, horizonte temporal que comparte con otros medios sobrevivientes; mientras tanto, en medio de la crisis, 11 periódicos ya han tenido que cerrar operaciones.
Este martes, en Caracas, una marcha recorrió algunas cuadras de la capital. La protesta, convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) —que agremia tanto al personal periodístico como técnico y obrero de los diarios— arrancó de la céntrica plaza de Venezuela y tuvo un destino inusual: la sede del Centro de Comercio Exterior (Cencoex), que sustituye desde enero al organismo administrador de divisas en el régimen de control de cambio. El objetivo de la movilización era exigir que se reabrieran los cupos para la importación de papel. El presidente del Cencoex, Alejandro Fleming, se negó a recibir a la representación sindical.
Los manifestantes, aunque poco numerosos —unos centenares— consiguieron reunir una representación genuina de las redacciones de los principales medios impresos de Caracas, así como del diario El Impulso de Barquisimeto (Estado de Lara, centro-oeste del país), el más antiguo de Venezuela, también gravemente amenazado por la escasez de papel. Los organizadores de la marcha aseguran que 30.000 empleos directos e indirectos están en riesgo ante un eventual cierre de la gran prensa nacional y regional.
El recorrido de la marcha se completó con apenas un incidente menor, cuando un piquete de la policía antimotín les impidió seguir su ruta original para evitar que pasaran junto a la sede del temido cuerpo de policía política, Sebin. La posición oficial hasta ahora niega que haya insuficiencias en el suministro de papel para la prensa. Diversos portavoces gubernamentales han dicho que en los puertos del país aún hay bobinas de papel sin retirar y que los medios privados hacen importaciones excedentarias que, de hecho, les alcanzan para revender el producto. Todavía este lunes el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, atribuyó la alharaca de los medios a una intención desestabilizadora. “Que los periódicos compren su papel”, retó Cabello, “el Gobierno no les debe nada”.
El editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, le salió al paso a esas declaraciones en un preámbulo de la marcha. “Es verdad que el Gobierno no nos debe dinero”, ironizó, “porque nosotros no le estamos pidiendo un préstamo. Lo que estamos haciendo es pagar unas importaciones con nuestro dinero, pero en las actuales reglas del juego al Gobierno le toca autorizar el acceso a las divisas y liquidarlas”.
Según portavoces del sector, en la actualidad están retenidas habilitaciones de pago de divisas para importar papel de prensa por un valor de 100 millones de dólares. Ese monto es llamativamente menor que los 2.500 millones de dólares que el Estado venezolano adeuda a las aerolíneas internacionales por repatriación de dividendos, o que los casi 500 millones que el gigante agroindustrial Empresas Polar ha afirmado, a través de un comunicado, que el Ejecutivo debe para pagar a proveedores extranjeros antes de tener que paralizar sus operaciones. La desproporción parece respaldar a quienes sostienen que el corte de los desembolsos de divisas a la prensa obedece a una represalia política, y no solo a los aprietos en el flujo de caja del Gobierno.