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Desde que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió el fallo adverso a Colombia y le otorgó a Nicaragua la soberanía de más de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe que antes estaban bajo control colombiano, la tensión entre los dos países sube. Desde Managua se habla de estudios para explotación petrolera en la zona, de permisos para pescar y de cómo el país ejerce soberanía con naves desde hace siete días de forma marítima y aérea. Desde la otra orilla, el gobierno colombiano renunció al Pacto de Bogotá, estudia pedir la revisión del fallo ante la CIJ y ha dicho que no va a aplicar la sentencia “hasta no garantizar los derechos de los colombianos”.
Hoy, trece días después de conocido el fallo, los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y Colombia, Juan Manuel Santos, se reunirán cerca del mediodía en Ciudad de México, luego de la posesión del presidente Enrique Peña Nieto. Fue Ortega quien buscó el acercamiento, según dijo, para “estrecharle la mano y darle un gran abrazo fraternal al presidente Santos”. En las primeras declaraciones tras la sentencia, Ortega dijo que veía normal la reacción de Colombia, pero que “tenía que acatar el fallo”.
Es precisamente este punto el que ocupará el primer lugar de la agenda. Colombia piensa pedir a la Corte una demanda de interpretación o revisión, que según el excónsul colombiano en Managua (1977-1979), Favio Avella Martínez, tendrá que resolverse muy pronto y sólo ratificará la decisión del 19 de noviembre. “Si uno lee detenidamente el fallo, encontrará todas las explicaciones”, señala. El segundo punto, quizás el más espinoso, tiene que ver con los derechos de los raizales en la zona. El presidente Santos quiere buscar un tratado bilateral que garantice los derechos de pesca y navegación de la población sanandresana que históricamente ha estado en la zona.
Ricardo Abello, profesor de la Universidad del Rosario, explica que “el gobierno colombiano debe buscar que esos derechos se garanticen sin necesidad de que los pescadores tengan que pedir una autorización o permiso en Nicaragua, como lo sugirió el presidente Ortega. Habría que tener especial cuidado en dejar claro cuándo son los acuerdos y qué derechos tendrían los isleños en la zona”.
Según lo dijo el presidente Santos desde la cumbre de Unasur en Lima, el encuentro se centrará en los “tratados y acuerdos que Colombia y Nicaragua han firmado bajo los límites establecidos del tratado Esguerra-Bárcenas, que fijaba, anteriormente, los límites marítimos”.
El analista internacional y profesor de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, dice que “en este momento, no tendría sentido desconocer el tratado Esguerra-Bárcenas, porque el que lo desconoció fue Nicaragua. Yo creo que lo que el presidente revisaría tiene que ver con lo fijado ahora por la Corte en relación al enclave de Serrana y Quitasueño y al mar territorial de ambos, que permita que la explotación de recursos del lado nicaragüenese no afecte a Colombia”.
Finalmente, el excónsul Avella dice que Nicaragua tiene una buena actitud hacia Colombia, porque conoce bien cómo le está doliendo el fallo al país. “Lo que buscan los nicaragüenses es una aplicación sin traumatismos de la sentencia para poder usufructuar ese deseo que tenían desde hace tantos años: tener acceso a esas aguas marinas y submarinas. Es un trago amargo de pasar, pero llegar a acuerdos de cooperación sería el estadio más aceptable”.