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Hoy entra en vigencia la denuncia del Pacto de Bogotá, hecha hace un año por el gobierno colombiano ante la OEA, como reacción al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 19 de noviembre de 2012, que determinó los nuevos límites marítimos entre Colombia y Nicaragua. La entrada en vigencia implica que, a partir de hoy, la CIJ no podrá aceptar una demanda presentada por o contra Colombia, con base en ese pacto. Sin embargo, podrá aceptar demandas en virtud de otros mecanismos.
El Pacto de Bogotá es llamado formalmente Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y fue suscrito en 1948 en la capital colombiana. Andrea Mateus, profesora de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, explica que el tratado contiene un artículo que establece el acudir a la CIJ como solución pacífica de controversias entre los estados parte. “Por vía de esta cláusula llegamos ante la Corte para el caso Nicaragua vs. Colombia. Esa es una cláusula general que deja abierta la competencia de la Corte en cualquier disputa entre los estados parte del Pacto. Al denunciar el Pacto, cerramos esa vía para que seamos demandados o demandemos a otro Estado ante la CIJ, pero no toda vía”.
Antes de denunciar el Pacto el 5 de diciembre de 2001, Colombia había retirado su declaración de aceptación de la competencia de la Corte, la cual había formulado en 1932 y modificado en 1937. Al haberse retirado de estas dos formas de aceptar tal competencia, no hay un mecanismo general para resolver diferendos ante este tribunal.
Sin embargo, explica el experto en jurisprudencia Ricardo Abello, aún existen mecanismos en virtud de los cuales la CIJ puede conocer un caso presentado por o contra Colombia: primero, si Colombia y otro Estado acuerdan solicitar a la Corte que se encargue de dirimir un conflicto entre ellos. Segundo, mediante un mecanismo conocido como forum prorogatum, que consiste en una aceptación tácita de la competencia de la Corte y se haría efectiva, por ejemplo, si demandan a Colombia y el Gobierno contesta sin objetar la competencia del tribunal.
Tercero, mediante otros tratados de los cuales Colombia es parte y que contienen una cláusula que otorga competencia a la Corte para dirimir conflictos en la interpretación o diferencias sobre el tratado respectivo. En este caso, la jurisdicción de la Corte no es tan general como lo era con el Pacto de Bogotá, sino que se limita al tema de cada tratado (por ejemplo, la convención de la ONU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas). “Se calcula en un número cercano a 100 los tratados que tienen esa cláusula. En este sentido, la Corte sigue con una competencia amplia para casos en los que Colombia sea parte”, dice Abello.
Por estas razones, la denuncia es sólo un alejamiento parcial de la CIJ. Para que Colombia dejara de ser parte de la Corte se requeriría que se retirara de la Carta de la ONU y eso por lo pronto no va a suceder. Sin embargo, la denuncia implica que a partir de hoy no existe una cláusula general de competencia de la CIJ para resolver una controversia entre Colombia y otro Estado americano relativa al derecho internacional. Así se evita que el tribunal vuelva a fijar los límites de Colombia. Esa es justamente la razón por la cual el presidente Santos denunció el tratado. En todo caso, esto no significa que el fallo sobre Nicaragua se modifique o quede sin efectos, o que Colombia se exima de su obligatoria aplicación.
Cuando Colombia denunció el tratado, el representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, dijo que “resulta increíble que el país donde se firmó el Pacto de Bogotá, que lleva su nombre, el cual es un pacto de solución pacífica de controversias, que incluye la mediación y el arbitraje, ahora al denunciarlo mande un mensaje diciendo: no queremos la solución pacífica de controversias”.
Julio Londoño, el representante de Colombia ante La Haya en el caso contra Nicaragua, asegura que de ningún modo la denuncia significa que Colombia no esté de acuerdo con la solución pacífica de sus conflictos, porque en cualquier momento puede volver ante un tribunal arbitral o la CIJ.
En un artículo publicado por la Universidad del Rosario, Andrea Mateus explica que aunque Colombia haya denunciado el Pacto, no renunció a la solución pacífica de controversias, porque sigue siendo parte de la Carta de la OEA, en donde se consagra este principio y los mecanismos para implementarlo. También mantiene el reconocimiento de la competencia de la Corte como uno de los mecanismos reconocidos internacionalmente para solucionar de manera pacífica las controversias entre estados. Además hace parte de la Carta de San Francisco, tratado constitutivo de la ONU en el que se establecen los mecanismos de solución pacífica reconocidos por el Pacto, que deben ser aplicados por todos los estados miembros de la ONU.
Otras lecturas de la denuncia del Pacto de Bogotá pueden hacerse desde la lógica electoral y política.
La ilusión sostenida durante al menos 40 años de que el meridiano 82 era una frontera, sumada a la desinformación sobre el caso que durante más de una década estuvo en la Corte contra Managua, hicieron que el fallo que impuso nuevos límites con Nicaragua generara un sentimiento de pérdida en el común de los colombianos. Nueve días después de emitida la sentencia, bajo mucha presión de la opinión pública, el presidente Santos se abanderó de la indignación y denunció el Pacto como reacción ante un fallo cargado de “omisiones, errores, excesos e inconsistencias”. Sin embargo, como la denuncia no implica la modificación, incumplimiento o “inaplicabilidad” de la sentencia, hoy el Gobierno sigue buscando una estrategia jurídica frente a la decisión de la CIJ.
A Santos, ahora presidente y candidato a la reelección, no le convenía ir en contra de la creciente indignación social por la “pérdida de mar”. A juicio del internacionalista Mauricio Jaramillo Jassir, “la denuncia del Pacto tuvo un impacto inmediato en la lógica electoral. Le significó al Gobierno un espaldarazo por parte de la población, que vio ahí una forma de blindarse contra futuras demandas frente a la CIJ. Aunque dicho razonamiento no sea del todo correcto, para Santos tuvo un efecto positivo en su imagen, luego de una lluvia de críticas por el fallo”.
La denuncia del Pacto, añade Jassir, implicó que Santos fuera en contra de la tradición de la política exterior colombiana, basada en el apego irrestricto al derecho internacional, lo cual implica el reconocimiento de ese tipo de tribunales como actores legítimos para administrar justicia en disputas o litigios. “En Colombia, en la última década ha habido un cambio fundamental para ver en el medio exterior un ambiente hostil, como si las cortes fueran políticas. Idea infundada”.
En el mapa de la política mundial nunca es bien visto que un Estado reaccione como lo hizo Colombia frente a un fallo del máximo tribunal internacional. Eso puede afectar la imagen del país sobre todo frente a sus vecinos —aunque Venezuela acabe de salirse de la Corte Interamericana y Ecuador sea un crítico permanente de la OEA—. No obstante, la denuncia no concentra tanta atención como para generar mayor afectación a Colombia. Además, como dice Julio Londoño, “la posibilidad de la denuncia estaba contemplada en el mismo tratado, en la misma forma como sucede en muchos otros tratados internacionales. Es más, de los 191 países que hacían parte de la ONU en 2001, cuando Nicaragua nos demandó, sólo 69 habían aceptado la jurisdicción de la Corte. Entre ellos no estaban los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, no obstante tener siempre un juez de su nacionalidad en la Corte”.
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@DanielSalgar1