El fiscal mexicano, Jesús Murillo, admitió este miércoles que faltan "muchas cosas" por aclarar en torno a la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías corruptos y miembros del cártel de Guerreros Unidos el pasado 26 de septiembre en Iguala.
En declaraciones a Radio Fórmula, reiteró que el caso no está cerrado, pero que después de cuatro meses la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) logró establecer una "verdad histórica que puede comprobarse paso a paso" y "consignar (presentar ante un juez) por homicidio" a los autores confesos.
Las confesiones permiten construir "una historia que nos da tiempo, lugar, modo y circunstancia", dijo Murillo, quien aseguró que la investigación está "muy bien hecha", a pesar de la dificultad que supone probar los homicidios sin restos que puedan ser identificados.
"Si yo tomo el argumento de que por el hecho de que no pueden identificarse los restos, (...) dejo impune el homicidio", afirmó el fiscal y añadió que la identificación del estudiante Alexander Mora "certifica que el grupo ahí fue asesinado" porque "él iba con los demás".
Respecto a los puntos pendientes, dijo que se deben ejecutar al menos seis órdenes de aprehensión contra personas que participaron en los hechos, integrar otras averiguaciones e imputar a funcionarios por desaparición forzada, un delito en el que quiere ser "cuidadoso" para evitar que se le caiga.
Sobre la petición de los familiares de que se investigue el papel que jugaron las Fuerzas Armadas la noche del 26 de septiembre, reiteró que "no hay un solo elemento que indique que el Ejército haya intervenido".
Ningún soldado ni mando castrense ha sido llamado a declarar ante por el caso; "no hay razón" para ello, afirmó, si bien admitió que esa noche "efectivamente" varios soldados acudieron a un hospital de Iguala, "revisaron que no hubiera gente armada y se retiraron".
El procurador también respondió hoy al reclamo de los familiares sobre el incumplimiento de uno de los compromisos alcanzados con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de que les informarían a ellos primero los avances que a la opinión pública.
Señaló que los familiares y sus representantes legales han tenido acceso todo el tiempo al expediente y dijo no ver "dónde está el incumplimiento".
Respecto a quién o quiénes estarían detrás de la decisión de que los jóvenes fueran a Iguala para recolectar dinero con el fin de viajar a la capital mexicana a la manifestación conmemorativa de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, dijo que no le compete a la fiscalía en tanto "no hay un asunto delictivo".
Según la versión oficial, el 26 de septiembre pasado los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros presuntamente por órdenes del entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca para evitar que arruinaran un acto de su esposa.
En el tiroteo murieron seis personas, incluidos tres normalistas, y 43 fueron estudiantes fueron detenidos y entregados a miembros de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron e incineraron en un basurero al creer que eran miembros del grupo rival Los Rojos.
Los padres de los 43 jóvenes insisten en que no hay pruebas científicas que confirmen la versión de la fiscalía, a la que acusan de pretender cerrar el caso "de manera descarada" por intereses políticos, y anunciaron que van a seguir con su lucha, que incluye denunciar al Gobierno ante instancias internacionales.