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En Estados Unidos el tema de la pena de muerte se ha convertido en un asunto de aritmética básica: hay cerca de 3.000 reos que esperan su hora en los corredores de la muerte, en las cárceles de los 32 estados que la aceptan. Sin embargo, no hay inyecciones letales suficientes para ejecutar las sentencias. Cada estado tiene sus provisiones, sin números exactos y públicos, pero la realidad ha obligado al cambio: están siendo utilizadas inyecciones nuevas con composiciones químicas diferentes que ya han causado la reacción de abogados y familiares de los condenados.
La defensa de Herbert Smulls, hallado culpable de asesinato por una corte de Misuri en 1991, intentó postergar la ejecución pactada para la noche del miércoles. Sus abogados recurrieron al al Tribunal Supremo para exigir que fuera publicada la fórmula de la inyección con la que su cliente sería ejecutado, debido a las sospechas de que esta no estuviera homologada por las autoridades federales. El Tribunal ordenó detener la ejecución para revisar el recurso, pero horas después levantó la moratoria: Smulls fue ejecutado a la medianoche sin contratiempos, tal y como estaba planeado.
Anteriormente, las inyecciones estaban estandarizadas por la autoridad federal. Su composición era la misma mezcla de un anestésico (pentotal sódico o, en su defecto, pentorbital), un paralizante (bromuro de pancuronio) y cloruro de potasio. La química de cada uno hacía que el reo no experimentara dolor y mantuviera la calma hasta que el exceso de potasio hiciera que su corazón dejara de latir. La muerte, el peor castigo posible, llegaba de manera tranquila.
Los obstáculos aparecieron en 2011, cuando el laboratorio estadounidense Hospira, encargado de la producción anunció que no continuaría con la elaboración de inyecciones letales. Estados Unidos comenzó entonces a importar la mezcla desde Europa, sin contar con que meses después, la Comisión Europea resolviera, por principio, prohibir la exportación que químicos destinados para la pena de muerte. Fue entonces cuando cada uno de los 32 estados, que aprueban la pena capital, comenzó a experimentar una suerte de déficit de inyecciones, obligando a estandarizar una formula a nivel local.
En el caso de Smulls la inyección aplicada no causó contratiempos, pero la historia no fue igual en el caso del reo Dennis McGuire, ejecutado el 16 de enero en Ohio, quien antes de morir experimentó una agonía de unos 30 minutos en frente de sus familiares, con fuertes espasmos y contracciones. Tampoco fue el caso de Michael Lee Wilson, ejecutado el 9 de enero en Oklahoma, quien antes de morir se quejó de fuertes dolores: "me quema todo el cuerpo", fueron sus últimas palabras. En ambos casos, las familias de los ejecutaros anunciaron acciones legales contra el estado.
El debate se ha extendido por el país, al punto que la prensa ha abierto el debate sobre si es el momento de ingeniar un nuevo método para causar la muerte a los condenados, citando voces que incluso recomiendan el regreso a la silla eléctrica. No se trata de un problema menor: causar un castigo cruel a un condenado, sin importar la gravedad de sus delitos, es una violación a la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.