El Gobierno y las administraciones regionales españolas acordaron un protocolo contra la ablación o mutilación genital femenina, una práctica a la que pueden estar en riesgo unas 17.000 niñas de familias inmigrantes en España.
Mediante este Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la Mutilación Genital Femenina se exigirá a las familias, en general de origen africano, que renuncien a someter a sus hijas a esta práctica cuando viajen a sus países.
En una conferencia de prensa, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, estimó que en España hay aproximadamente 17.000 niñas en riesgo de sufrir esta práctica y proceden de alguno de los 29 países donde se realiza "esta atrocidad".
Explicó que el protocolo aprobado establecerá que las familias que hacen viajes a sus países en los que se mutilan los genitales de las niñas y mujeres firmen un "compromiso preventivo" antes del desplazamiento y acepten un control posterior.
El protocolo "ayuda a avanzar" en la erradicación de esa práctica y proporcionará las herramientas necesarias a los profesionales sanitarios para prevenirla, dijo el ministro.
Según el Ministerio de Sanidad español, sólo otros ocho países en Europa cuentan con un protocolo similar.
La ablación es ilegal en España y castigada con penas de cárcel y pese a la limitación de la justicia universal, los tribunales españoles son competentes para perseguir los delitos de este tipo si los responsables residen en territorio español.
La ONG Plan Internacional expresó su satisfacción por la aprobación de un Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la Mutilación Genital Femenina, una práctica que, recuerda, han sufrido más de 140 millones de niñas y mujeres en todo el mundo.
El protocolo obligará a los médicos a denunciar en los tribunales la ablación de niñas menores y mayores de 14 años y aún dependientes de sus padres desde el punto de vista socioeconómico.
La mutilación genital femenina, que se fundamenta en la creencia de que es sinónimo de pureza, está extendida en al menos veintinueve países, en su mayoría de África, pero también en otros de Asia y Oriente Medio, a pesar de su prohibición en las legislaciones internacionales y locales, según la ONG.
En su comunicado, la organización reclama un acuerdo internacional que acabe con la ablación, que afirma que supone "una violación de los derechos humanos y un atentado contra la vida de las niñas y las mujeres".