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La crisis económica tiene arrinconada a España y, para tomar un aire, es necesario que el país, de acuerdo con los cálculos oficiales, logre una reducción en el gasto público que hoy absorbe el 8,9% de su Producto Interno Bruto. Los planes apuntan a que en 2014 la cifra deberá establecerse en el 3%, pero para conseguirlo el gobierno del presidente Mariano Rajoy ha tenido que promover una serie de recortes que no han estado exentos de polémica.
La salud es un tema crucial y su reforma, que está próxima a entrar en vigor (el próximo 1º de septiembre), tiene a los extranjeros en un papel protagónico. La nueva ley que regirá la salud retira la asistencia gratuita para los inmigrantes ilegales, que ahora deberán financiar su atención acogidos a dos métodos. El primero contempla que el Sistema Nacional de Salud atienda a los enfermos crónicos indocumentados, pero el pago por dicho servicio deberá asumirlo el país de origen, siempre y cuando exista un convenio de cooperación bilateral. Esta regla tendría su excepción, pues el paciente deberá ser atendido sin miramientos económicos cuando el médico considere que se trata de una urgencia: “El doctor no se va a fijar en si hay un convenio de colaboración bilateral, sino que se fijará en si es vital y urgente, si hay que tratar a ese paciente”, explicó Agustín Moreno, director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
La otra opción dice que los extranjeros radicados en España (legales e ilegales), tendrán que pagar una cuota mensual de 59,20 euros en caso de ser menores de 65 años, edad después de la cual el monto asciende a 155,40 euros. Si alguna persona no ha pagado, dependerá también del médico determinar si se trata de una urgencia para prestarle atención inmediata.
La norma, duramente criticada por los sectores progresistas, que ven una suerte de discriminación sanitaria, ha tenido en los colectivos médicos a uno de sus grandes opositores. La Sociedad de Médicos de Familia, por ejemplo, ha informado que sus cerca de 900 miembros no dejarán de atender a los inmigrantes ilegales, escudados en la objeción de conciencia. La reforma “no resuelve el problema y desde el punto de vista profesional nosotros, en la Sociedad de Médicos de Familia, seguiremos prestando asistencia exactamente igual que hemos venido haciéndolo hasta ahora”, dijo Salvador Tranche, vocero de la organización.
El malestar, por supuesto, se ha extendido hasta los llamados “sin papeles”. Mientras el Gobierno argumenta que las medidas son necesarias para combatir el turismo sanitario en España y que representarán cerca de mil millones de euros al año en ahorro, los indocumentados preparan una gran protesta en todas las ciudades del país. La fecha para salir a las calles será el 1º de septiembre, día que la ley entra en vigencia.