Exilio a golpes en la frontera

La situación humanitaria en Venezuela está tomando visos de tragedia. A la usanza de las  prácticas de discriminación racial que imperaban antes de mediados del siglo XX en Europa, las autoridades de ese país, amparadas en el estado de excepción que decretó el presidente Nicolás Maduro, están a la caza de colombianos que viven de manera ilegal en el país vecino. (Vea: “Estado de excepción busca suspender elecciones”: Carlos Vecchio)

 

De casa en casa, sin orden judicial, los militares revisan cajones y enseres, piden papeles y hacen cateos. Marcan las casas de cinco municipios del estado Táchira (limítrofe con Norte de Santander) con letras que señalan el destino que dichas construcciones deben correr. Si no tienen la R de revisado, les toca la D de demoler. 

 

 Y a continuación, con la celeridad de un juicio abreviado, la orden es ejecutada. Al estridente sonido de las grúas que por esta época pululan en la zona, le siguen los gritos de la población desesperada. La caída de las humildes estructuras. El derrumbe de sueños construidos durante años en medio de una pobreza similar a la que abundaba en la Colombia de la que miles huyeron desde los años 80 para buscar refugio en contra de la violencia de los guerrilleros. De los desmanes de los paramilitares. De las presiones del narcotráfico y del abandono al que fueron sometidos durante mucho tiempo por el Estado en el que nacieron. 

 

Se instalaron del otro lado de la frontera en barriadas informales  y se emplearon en lo que pudieron tratando de aprovechar las ventajas de la ubicación de sus nuevos hogares. Por eso, muchos sobreviven con el comercio, incluso de gasolina. Y por eso también los grupos ilegales que les hicieron imposible la vida en Colombia vieron que podrían extenderse hasta allí con sus prácticas criminales. Todos buscan sacarle provecho a la frontera desde hace muchos años y ahora el gobierno venezolano emprende con sorprendente celeridad un generalizado plan dizque para acabar con la ilegalidad que durante tanto tiempo no vio. Y los más pobres, como de costumbre, son los que terminan perdiendo.       

 

Muchas casas ya han sido derribadas, sobre todo en la zona cercana al puente internacional Simón Bolívar. Hasta ahora, según cifras del gobierno venezolano, 791 ciudadanos colombianos han sido deportados por su situación ilegal. En cambio, el gobernador de Táchira, José Vielma Mora, dice que son 1.012 expulsados. Cifras extraoficiales revelan un horizonte mayor: esta semana, por lo menos otros 2.000 colombianos tendrían que volver al país. Vladimir Solano, periodista del diario La Opinión de Cúcuta, dice que los ánimos en la zona están caldeados. “Por una parte, han sacado a la gente que vive cerca del río. Los que han sido deportados viven cerca de ese lado. Hay retenes y sacan a muchos colombianos sin documentación”. 

 

En Cúcuta, uno de los principales afectados es el comercio informal. “Los productos subieron de precio –cuenta Solano–. El colombiano que pasa para Venezuela a trabajar ya no vive con eso. Entonces se dedican al contrabando”. De aquí hacia Venezuela o viceversa, según dicten los precios, se transportan de manera ilegal productos básicos como papel higiénico y leche. La gasolina, que es el negocio primordial para los llamados pimpineros, ha subido de precio esta semana: la pimpina está a $50.000, el doble de lo que costaba hace una semana. La gente acude, de nuevo, a las bombas de gasolina.

 

Salomón Burgos, ciudadano de Cúcuta, cuenta su experiencia: “Si nos dirigimos a una estación de gasolina, de las pocas que hay en la ciudad, encontramos filas de hasta tres horas. Y ni hablar de conseguir carne y pollo. La respuesta de los mayoristas es ‘si logra pasar por la trocha, le avisamos’, y lo poco que hay de carne y pollo made in Colombia ya está comprometido”. 

 

Las denuncias sobre maltratos a ciudadanos copan el voz a voz en la frontera y que algunos menores de edad de padres colombianos fueron separados de sus familias y llevados a un centro de atención público. El Gobierno colombiano señaló que 170 menores han sido repatriados y, según cifras de la Defensoría del Pueblo, 34 se habrían quedado en Venezuela sin su familia. La Guardia venezolana niega que los menores hayan sido separados de sus padres.

 

Juan Jacobo Castellanos, periodista de Noticias Caracol, está en la frontera y cuenta que “siguen deportando colombianos. Muchos salen por trochas. Se espera que el número aumente”. Oficialmente, 691 adultos han sido deportados y  ya fue instalada la Mesa Unificada Humanitaria para  brindarles asistencia. La integran el Ministerio del Interior, la Cancillería,  la Oficina de Gestión del Riesgo, la Registraduría y la Cruz Roja. Mañana las dos cancilleres se reunirán para discutir laproblemática de la zona.   

 

La Defensoría del Pueblo ha atendido a 180 colombianos en refugios provisionales y recibió 40 quejas por malos tratos durante la deportación. Dice que son 538 los colombianos expulsados de Venezuela desde barrios como Mi Pequeña Barinas y Ezequiel Zamora. 

 

Venezuela asegura que los colombianos han sido deportados “sin ningún tipo de tortura ni humillación” y que han sido allanados lugares que los paramilitares usaban para “secuestros, torturas y trata de personas”. Ocho paramilitares “comprobados” fueron arrestados en San Antonio del Táchira.  El juez rector de ese estado, Marcos Medina, afirmó que todas las personas detenidas  han sido procesadas conforme a la ley.