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Ricardo Martinelli, que gobernó Panamá de 2009-2014, cumple casi un año de autoexilio, mientras le llueven denuncias de casos de corrupción que han arrastrado a todo su gabinete a las puertas de la prisión y se ha dictado una orden de busca y captura en su contra.
El expresidente se marchó de Panamá el 28 de enero pasado tras anunciar el inicio de una "gira internacional" para denunciar la "persecución política" que, dice hasta hoy, le ha montado su sucesor y ex vicepresidente Juan Carlos Varela, lo que no ha evitado que acumule doce denuncias ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De estas acusaciones seis ya fueron admitidas por los magistrados, que son los únicos que pueden procesarlo porque es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en el que se acreditó el mismo día que Varela asumía el poder, el 1 de julio de 2014.
Martinelli, un magnate de los supermercados, tendrá que enfrentarse a acusaciones graves como la violación de la intimidad de al menos 150 correligionarios, opositores, periodistas y líderes sindicales mediante una red de escuchas electrónicas ilegales que mantiene en prisión preventiva a dos de sus exjefes de seguridad.
Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, este consuegro de Martinelli, son los exjefes del Consejo Nacional de Seguridad que están en prisión preventiva por este caso, cuya trama se complica porque los equipos que se usaron para la interceptación "desaparecieron", sobre los que también hay una investigación por su compra con sobrecostes.
El Tribunal Supremo de Panamá ordenó el pasado día 21 la detención provisional del exgobernante, lo que dio inicio al proceso para su búsqueda y captura por el caso de escuchas ilegales.
Aunque el exgobernante alega que cada vez que Varela tiene una caída en su imagen le "inventan" un proceso o se le vincula a otro caso de corrupción, lo cierto es que en la sociedad panameña está claro que nada de lo que pasaba durante su administración le era ajeno.
La supuesta manipulación de información privilegiada para influir en el mercado de valores canadiense de las acciones de la empresa minera Petaquilla Gold es otro caso que podría afectarle y que, según las investigaciones, derivaría en el blanqueo de capitales.
Este hecho emerge de la investigación del fraude de la casa de valores local Financial Pacific, en liquidación, que se descubrió en la administración Martinelli, en el que una de las directivas implicadas, Maite Pellegrini, desde el inicio señaló al exgobernante, lo que fue ratificado en un juicio por un exdirectivo de la Superintendencia de Valores, Ignacio Fábrega.
El pasado 23 de septiembre, la Corte Suprema admitió dos nuevas causas penales que vinculan a Martinelli, dirigente del partido Cambio Democrático, con actos de corrupción.
Una de estas es la relacionada al expediente administrativo que le fue remitido a la CSJ por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre el fraude millonario a la casa de valores Financial Pacífic.
En total, son seis las causas penales abiertas al exgobernante panameño, que se marchó un día después de que se iniciara la primera, por la compra con sobrecostes de comida deshidratada, que causó un "agujero" de 12 millones de dólares en las finanzas del Estado, según las auditorías de la Contraloría General.
Martinelli, que está en la ciudad estadounidense de Miami, asegura que no ha cometido ningún delito y ha pretendido compararse con el encarcelado dirigente opositor venezolano Leopoldo López y ha comparado a Varela con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien califica de dictador.
No es de extrañar, puesto que antes de ser aliados en la campaña de 2009, Martinelli llegó a tratar de "burro" a Varela, luego cuando en 2011 lo expulsó de la Cancillería le tildó de "vago" y ahora, que está de opositor lo llama, "tortugón madurito", mientras se resiste a regresar a Panamá aduciendo que "no se respeta la presunción de inocencia".
Varela, cuyo Gobierno ha puesto al menos 200 denuncias por corrupción contra el Gobierno anterior, cada vez que le preguntan sobre los epítetos que le lanza Martinelli sonríe, le recrimina que no respeta la alta investidura que ejerció y dice que los casos penales los tiene que afrontar ante la Corte.
En la actualidad, se encuentran en prisión preventiva cuatro exministros y otros cinco tienen prohibido salir del país. También están procesados una veintena de ex altos cargos y una docena de empresarios vinculados al exgobernante.