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Tras años de conversaciones infructuosas para definir los límites marítimos bilaterales en una línea equidistante a las costas de Perú y Chile, el primer país demandó en el 2008 al segundo ante la Corte Internacional de Justicia con el argumento de que los límites nunca habían sido fijados. Seis años después, el 27 de enero, la Corte dictará sentencia en este caso. Para los chilenos, la frontera marítima fue definida en tratados firmados en 1952 y 1954. Sin embargo, para los peruanos, esos acuerdos fueron de carácter pesquero. Los dos gobiernos han asegurado que acatarán el fallo, que es inapelable y de cumplimiento obligatorio para ambas partes.
En Perú el ambiente es optimista. El 55% de los peruanos cree que la CIJ “respaldará plenamente” la posición de Perú en el diferendo marítimo, según una encuesta de la empresa Ipsos, divulgada este domingo en Lima. El sondeo reveló asimismo que el 27% considera que el tribunal internacional va a darle "parcialmente" la razón a los dos países, mientras que el 8% considera que el fallo será "plenamente" a favor de Chile.
En Chile, el presidente, Sebastián Piñera, citó al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) un organismo que no se reúne desde 2005, para analizar el tema. El Cosena llamó a mantener la calma y la armonía una vez la Corte se pronuncia. Todos los miembros del Consejo (expresidentes y exministros) expresaron la necesidad de que Chile, conforme a su conducta permanente de respecto al derecho internacional, cumpla y exija el cumplimiento del fallo, así como su debida ejecución, “resguardando los legítimos intereses del país. Chile ha hecho valer todos los argumentos de hecho y de derecho que sustentan su posición, conforme al derecho internacional y a los tratados internacionales”, señala la declaración.
El presidente chileno enfatizó que el fallo se aplicará “resguardando los legítimos derechos e intereses de Chile”. “Quiero enfatizar que en la ejecución e implementación de este fallo, este gobierno, y estoy seguro también el gobierno que vendrá tomarán todas las precauciones y disposiciones necesarias para defender los legítimos derechos e intereses de nuestro país”.
El mandatario fue claro en decir que la aplicación del fallo será gradual y acordada. “Chile buscará avanzar en la debida ejecución, la cual tendrá que ser gradual y acordada con Perú”.
Por su parte, el presidente peruano, Ollanta Humala, aseguró que “la posición pública y oficial del Gobierno peruano y chileno son coincidentes en acatar el fallo de La Haya”, sostuvo Humala en una entrevista con el semanario Caretas. El mandatario indicó además que “la clase política chilena es lo suficientemente madura como para evaluar el costo que tendría en sus relaciones bilaterales, y en los espacios más amplios en los que participamos tanto Perú como Chile, el costo de no acatar el fallo”. Humala también se reunió con dos expresidentes –Alan García y Alejandro Toledo– para analizar la aplicación de la sentencia.
¿Cuándo aplicarlo?
El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, negó que alguna de las partes conozca el contenido de la sentencia que se hará pública el 27 de enero. Sin embargo, mientras Perú pide su aplicación inmediata, Chile rechazó esta posibilidad. El presidente Humala aseguró que “una vez conocida la decisión de la CIJ ésta deberá aplicarse “lo más pronto posible. Debe sumarse una predisposición a ejecutarlo lo más pronto posible, ya hemos tenido antecedentes que no queremos repetir”.
“De ninguna manera vamos a tener una aplicación inmediata porque requiere modificaciones en cualquiera de las circunstancias, aún en el caso de que por ejemplo se mantuviera todo exactamente igual a lo que es hoy, exactamente igual a lo que es la posición de Chile”, aseguró Moreno, quien agregó: “Que aunque el fallo dejara todo como está en la actualidad, Perú tendría que cambiar una determinada cantidad de cosas como la legislación y la cartografía y eso requiere naturalmente tiempo”.
El ministro coincidió con lo manifestado más temprano este viernes por el almirante retirado Edmundo González, exjefe de la Marina chilena, quien consideró "imposible" una aplicación inmediata del fallo. “Es imposible que la sentencia de La Haya sea de ejecución inmediata; eso es impracticable. El solo cambio de las zonas SAR (zona marítima sobre la que un país tiene responsabilidad) puede durar más de un año”, afirmó González en su cuenta Twitter.
El canciller Moreno aseguró que el gobierno chileno no hará elucubraciones e insistió en que lo mejor es esperar con "tranquilidad" y "sin triunfalismo" el fallo. Añadió que los plazos de implementación dependerán del veredicto, pero que ambos países harán "su mejor esfuerzo para hacerlo en las mejores circunstancias para adecuarse a lo que la corte dictamine".