La presidenta chilena, Michelle Bachelet, se reunió hoy con dirigentes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, quienes plantearon la necesidad de agilizar procesos judiciales en contra de violadores de los derechos humanos.
"Planteamos una agenda de largo plazo, pero también medidas inmediatas como la derogación de algunos artículos del Código Penal que, a través de la prescripción de delitos, han permitido que las sentencias contra los inculpados en crímenes y desapariciones sean mínimas", dijo a Efe Mireya García, vicepresidenta de la agrupación.
García indicó que también se solicitó a Bachelet que se refuerce el personal, presupuesto y atribuciones de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PID), cuya labor de indagación es considerada fundamental por los familiares de las víctimas para avanzar en los procesos judiciales.
Adicionalmente, se pidió a la mandataria que el Consejo de Defensa del Estado, que actúa habitualmente como querellante en los juicios penales por crímenes de lesa humanidad, mantenga esa misma actitud y no se oponga al pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas por parte del Fisco chileno, cuando éstas son otorgadas a través de fallos de los tribunales civiles.
García evaluó como "muy positivo" el encuentro con Bachelet e indicó que los temas específicos planteados seguirán siendo abordados directamente con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez.
Bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), unos 6.000 chilenos murieron o desaparecieron víctimas de la persecución política, mientras otros 28.000 fueron sometidos a tortura.
Miles de causas judiciales contra los violadores de derechos humanos permanecen aún abiertas en los tribunales chilenos, ya que hasta ahora sólo han sido condenados algunas decenas de inculpados en estos crímenes.