Fiscalía de Brasil pide investigar a 54 políticos por corrupción en Petrobras

El escándalo ahoga a la mayor compañía pública de Brasil en una mezcla de sobornos, fraude, manipulación de licitaciones públicas y lavado de dinero.

AFP

La procuradoría de Brasil pidió este martes a la Corte Suprema abrir investigaciones sobre 54 políticos protegidos con fueros para determinar si participaron en la monumental trama de corrupción que sacude a la estatal Petrobras y mantiene en vilo al gobierno. "Son 28 pedidos de apertura de investigaciones y 7 archivamientos, que involucran a 54 políticos con fueros", dijo a la AFP un asesor de prensa de la fiscalía general.

Los nombres de quienes serán investigados, si la Corte lo aprueba, no fueron divulgados porque las causas están bajo secreto judicial. Pero el fiscal general Rodrigo Janot, que presentó la solicitud, pidió el levantamiento de esa reserva. Ahora la Corte debe contestar.

La "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) consistió en un sofisticado esquema delictivo que asoció a algunas de las mayores empresas del país con directivos de Petrobras, otrora orgullo de los brasileños, para manipular licitaciones y desviar fondos.

La red giró unos 4.000 millones de dólares durante una década, según datos de la policía federal. El escándalo ahoga a la mayor compañía pública de Brasil en una mezcla de sobornos, fraude, manipulación de licitaciones públicas y lavado de dinero, que fue calificada como la mayor investigación de corrupción de la historia del país por la procuradoría general de la República.

Según las delaciones que hicieron algunos acusados a cambio de una reducción de sus eventuales condenas, y que fueron filtradas a la prensa, los fondos desviados fueron destinados a cuentas personales o para financiar partidos políticos.

Las especulaciones sobre sus ramificaciones en el Congreso y en distintos niveles de gobierno apuntan a figuras tanto afines al gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados como a algunos opositores. Según se deriva de las distintas causas, el pago para los directivos de la estatal variaba entre 1% y 3% del total de los contratos multimillonarios.

La lista presentada por Janot inaugura una nueva fase del escándalo, que desatará tensiones entre los poderes de la República de la primera economía de América Latina.