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Los hechos ocurrieron en septiembre de 2012. Jacqueline Sauvage, de 69 años, mató a su marido, Norbert Marot, de tres disparos de escopeta. Fue condenada a diez años de prisión por homicidio culposo en 2014. Sus abogadas apelaron la decisión, aduciendo que la mujer había cometido el asesinato en defensa propia, pues durante 47 años que estuvo casada con Marot, un alcohólico violento, que la golpeaba salvajemente y la torturaba sexual y psicológicamente.
¿Lo mató en legítima defensa? Ese es el debate hoy en Francia, que espera que, el jueves 24 de noviembre de 2016, un tribunal de apelaciones de París revise la decisión de los jueces de mantener a Jacqueline en prisión. Durante el juicio, se conoció que Marot no sólo violaba a su esposa, también a sus dos hijas y de un hijo, que terminó ahorcándose. De acuerdo con la mujer, en promedio la golpeaba tres veces por semana. "Nuestro padre murió y para nosotros esto es un alivio", aseguró una de las hijas, abusada desde los 16 años.
La familia vivía en Selle-sur-le-Bied, región de Valle del Loira. La violencia de Marot era conocida por los vecinos, que le temían. Al igual que su familia. Particularmente Pascal, el hijo, quien también era blanco de los golpes paternos. Según dijo Jacqueline durante las audiencias, cuando le disparó a su marido, no sabía que su hijo se había ahorcardo.
Sauvage contó los hechos. De acuerdo con reportes de prensa francesa, ese día Jacqueline dormía la siesta y Norbert la despertó a los gritos, amenazándola para que le preparara la comida. "En ese momento, tuve la determinación de tomar el arma. La cargué y cuando lo vi sentado en la terraza, le disparé. Tiré cerrando los ojos. Solo dudé al tercer disparo", relató la mujer.
Y es en este punto justamente en el que la ley se enreda. En Francia está contemplada la legítima defensa, solo que Jacqueline no se defendió en caliente. Tampoco denunció jamás a su agresor. Aunque hay reportes de que acudió cuatro veces en los últimos cinco años al hospital, por cuenta de las golpizas, jamás fue ante las autoridades para poner en conocimiento el maltrato de su marido.
El caso ha despertado mucha solidaridad en Francia. Cerca de 400.000 personas han firmado una petición para lograr la liberación de Jacqueline, pero el Estado piensa otra cosa. En 2015 rechazó la apelación en la que se alegaba que el asesinato había sido en defensa propia. El juez dijo entonces que ella había mostrado una "fuerza desproporcionada". Argumentó que disparar por la espalda era "desproporcionado".
Debido a que sólo en 2015 fallecieron en Francia 122 mujeres víctimas de su pareja o expareja, una media de una cada tres días, según datos del ministerio de Familia, Infancia y los Derechos de la mujer, el Gobierno planea un nuevo plan nacional de lucha contra la violencia de género. En el Congreso cursa actualmente un proyecto para que las leyes tengan atenuantes para las maltratadas. La idea es que se considere el "síndrome de la mujer maltratada", como el que existe en Canadá y que se define como la incapacidad del sujeto para salir por sí mismo de la situación, pues es presa del miedo y la dominación por parte del otro. Por eso no denuncian, no reaccionan y se sumen durante años en la depresión.
A comienzos de 2016, el presidente François Hollande decidió indultar a la mujer, pero eso no implica que no tenga que cumplir la condena.
El nuevo proyecto
Este caso ha destapado el terrible escenario de la violencia de género en ese país. Por eso el Gobierno planea que su proyecto sea implementado entre 2017 y 2019 para disminuir, también, la media anual de 223.000 mujeres que sufren violencia machista, y las 84.000 que cada año son víctimas de violación, tentativa de violación o agresión sexual en el país.
Se trata del quinto plan interministerial de este tipo, creado para poner coto a una violencia todavía "masiva" en el país, según el ministerio, y para el que el Ejecutivo ha aumentado el presupuesto hasta los 125 millones de euros, el doble de lo invertido en el último plan, de 2014 a 2016.
El texto, presentado ayer en el consejo de ministros, comporta 122 acciones, de las que una parte ya han sido puestas en marcha por otros ministerios.
Se contempla crear 2.000 plazas de acogida de urgencia, que se sumarán a las 1.550 ya creadas en los últimos dos años, lo que supone el 94 % del objetivo marcado para 2017.
Otro de los objetivos es fomentar que las víctimas denuncien, y poner a su disposición un servicio psicológico especializado y otro de inserción laboral mejor adaptado que el actual.
Además, se crearán de forma experimental "espacios de encuentro protegidos" y "medidas de seguimiento" para los 143.000 menores que viven en un hogar cuya madre es víctima de violencia de género.
Se dedicarán 100 nuevas viviendas de acogida para las víctimas de entre 18 y 25 años y, en medios rurales, habrá convenios de formación con asociaciones para las víctimas, a las que se les pagará los gastos de transporte. La iniciativa incluye campañas de comunicación y sensibilización en las redes sociales, la primera lanzada hoy y que durará hasta el viernes, para acabar con el sexismo y los estereotipos "que constituyen el caldo de cultivo de la violencia perpetrada contra las mujeres".