La nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la francesa Christine Lagarde, quien sucede a su compatriota Dominique Strauss-Kahn, procesado por intento de violación en Estados Unidos, se enfrenta a su vez a problemas con la justicia, aunque de índole muy diferente. El Tribunal de Investigación de la República Francesa, institución encargada de juzgar a los aforados, accedió a abrir una investigación judicial para determinar su papel en el arbitraje del litigio que enfrentaba al polémico empresario Bernard Tapie con el banco Crédit Lyonnais, entonces público, y que se saldó con una indemnización multimillonaria a favor del primero. Los hechos se remontan a 2007, cuando era todavía ministra de Economía.
El tribunal acepta así la demanda de investigación formulada a principios de mayo por el fiscal general del Tribunal de Casación, Jean-Louis Nadal, quien respondía a su vez a una petición de un grupo de parlamentarios socialistas. Los siete magistrados de la comisión de requerimientos, que tomaron esta decisión tras cinco horas de acalorado debate, van incluso más allá de la petición inicial. Esta planteaba una investigación por abuso de autoridad, pero la comisión ha incluido los posibles cargos de complicidad por malversación de bienes públicos y falsificación, delitos más graves, castigados con hasta 10 años de cárcel y 150.000 euros de multa (el doble que por abuso de autoridad). El abogado de Lagarde ha calificado la decisión de "locura total".
La investigación se abrirá en los próximos días y podría tardar años, durante los cuales la directora del FMI puede ser llamada a declarar en varias ocasiones. La acción judicial puede desembocar en el procesamiento de la dirigente política o la desestimación del caso. Al tratarse de hechos anteriores a su nombramiento en el FMI, Lagarde no dispone de inmunidad.
En concreto, los tres magistrados que se encargarán del procedimiento deberán examinar la intervención de la exministra en 2007, en el enrevesado litigio que enfrentaba a Tapie con el Crédit Lyonnais por la venta de su empresa de ropa deportiva Adidas en 1993. El empresario y exministro del Gobierno socialista de François Mitterrand -y que luego apoyó en las presidenciales de 2007 al entonces candidato conservador y ahora mandatario Nicolas Sarkozy- y el banco llevaban una veintena de años enfrentándose en los tribunales. Tapie acusaba al banco de haberle engañado con la compra de la empresa, que volvió a vender al cabo de un año por el doble de su valor.
Tras años de batalla judicial, en 2005 el Tribunal de Apelación de París condenó finalmente a la entidad bancaria a indemnizar a Tapie con 135 millones de euros. Sin embargo, un año después, el Tribunal Supremo revirtió la sentencia. Finalmente, el empresario y el banco deciden recurrir a un tribunal de arbitraje para poner fin al culebrón jurídico. Aquí es cuando el caso empieza a salpicar de lleno a la entonces titular de Economía. En primer lugar, se le reprocha el haber dado el visto bueno a dicho procedimiento de arbitraje, habitual en conflictos comerciales, pero no en casos en los que está representado el Estado, pese a que estaban en juego fondos públicos.
Por otra parte, se le recrimina por no haber recurrido la decisión del tribunal de arbitraje, que estableció en 2008 una indemnización de 285 millones de euros para el empresario. De esa suma, unos 45 millones se fijaron en concepto de daños morales, una cantidad desorbitada y denunciada por la izquierda como un "regalo fiscal" al nuevo amigo de Sarkozy. Para incluir esta suma, dice la acusación, el acuerdo de arbitraje habría sido modificado de forma irregular durante el procedimiento. El total de las indemnizaciones superaba los 400 millones de euros con los intereses, y se quedaba en unos 220 millones tras el pago de impuestos y tasas.
Pero la actuación de Lagarde no se habría limitado a optar por este polémico procedimiento. Según el periódico digital Mediapart, cuyas revelaciones del caso Bettencourt provocaron la dimisión del titular de Trabajo, Eric Woerth, la ministra estaba al tanto de la existencia de vínculos entre un miembro del tribunal de arbitraje, Pierre Estoup, y el abogado de Tapie, sin hacer nada al respecto.
Yves Repiquet, abogado de Lagarde, ha tachado los cargos contra la exministra de "locura total", y pronostica: "No será la primera instrucción que termina en un "no ha lugar", lo que despejará, dice, las sospechas que "un puñado de diputados" se empeñan en extender "abusivamente" contra Lagarde.
El FMI ha reafirmado su apoyo a su nueva directora gerente, pero el caso amenaza con debilitar la posición de la primera mujer a la cabeza de la organización con sede en Washington. Nombrada el 28 de junio, asumió el cargo el 5 de julio, decidida a hacer olvidar el escándalo protagonizado por otro francés, Dominique Strauss-Kahn.
Antes de ser elegida, la exministra informó al Consejo de Administración del FMI de la eventual apertura de esta investigación. Pero su buena gestión al frente de las finanzas francesas -fue nombrada mejor titular de Economía de la zona euro por el Financial Times en 2009 y batió el récord de permanencia en el ministerio-, sus conocimientos jurídicos y su inglés perfecto la impusieron al frente de la institución, en un momento crucial marcado por la crisis de la deuda en varios países.
Aunque es verdad que la investigación puede acabar después de que Lagarde haya cumplido su ciclo en el FMI, la situación es embarazosa para Francia y concede munición a los grandes países emergentes que intentaron que uno de sus representantes ocupara un puesto que siempre ha estado en manos de Europa.
El país se arriesga a una nueva humillación
"Francia se arriesga a una nueva humillación internacional tras el caso DSK, y en ambos casos la responsabilidad es de Nicolas Sarkozy", declaró la dirigente del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, que no ha dudado por su parte en establecer el paralelismo con el caso Strauss-Kahn, dirigente dimitido del Fondo Monetario Internacional (FMI) por su procesamiento por intento de violación, al que Lagarde releva en el puesto. Sea declarada culpable o inocente, Lagarde "ha perdido ya una parte de su autoridad" y ha provocado que la imagen de Francia se vea perjudicada, añadió Le Pen.
Por su parte, la primera secretaria del Partido Socialista, Martine Aubry, apoyó la investigación y estimó que "los franceses tienen derecho a saber si estas decisiones fueron tomadas en contra del interés general, y en ese caso, quién las ha tomado". Unas horas antes, el jefe de filas de los socialistas en la Asamblea, Jean-Marc Ayrault, celebraba la "decisión lógica" del tribunal de investigar "por qué el Estado recurrió a un procedimiento inhabitual, a un tribunal privado, para acabar haciéndole un enorme regalo financiero al señor (Bernard) Tapie".
Por su parte, el FMI emitió un comunicado de apoyo a su flamante directora gerente, Christine Lagarde, tras la apertura de la investigación judicial en Francia por abuso de autoridad y malversación de fondos. En el texto, el organismo reitera que confía en que la dirigente "será capaz de llevar a cabo sus labores de directora de manera eficaz". En la misma línea se pronunció el letrado de la política francesa, Yves Repiquet, quien aseguró que la investigación no compromete su papel en la institución.
"En lo que concierne a Christine Lagarde antes de su elección como directora gerente, el consejo directivo debatió sobre el caso en Francia", informó en un escueto comunicado el FMI, tras conocerse la decisión del Tribunal de Justicia de la República. "No sería apropiado que el consejo hiciera declaraciones sobre un caso que está actualmente en manos de la justicia francesa", añadió, antes de concluir que confía en que esto no tendrá incidencia sobre su labor en el seno de la organización.
"Esta investigación presenta una ventaja evidente, porque permitirá levantar definitivamente la sospecha abusivamente llevada a cabo en contra de Christine Lagarde por un puñado de diputados", reaccionó por su parte el letrado de la exministra, Yves Repiquet. Fue en efecto la petición de un grupo de nueve parlamentarios socialistas dirigida al fiscal general del Tribunal de Casación lo que inició la actuación de este. El abogado añadió que esta investigación no era de ninguna forma incompatible con sus funciones actuales en el FMI.