Lo que algunos llaman el “derecho a desconectarse” entró en vigor en las empresas que operan en Francia con la llegada del nuevo año. La decisión busca garantizar el tiempo de descanso de los trabajadores. Unos meses atrás, el filósofo y escritor español Daniel Innerarity escribió en el diario El País de España, reflexionando sobre este problema, que se trataba de “una forma de poder, una imposición que exige de nosotros disponibilidad continua”.
“El Ejecutivo estableció en el texto que adoptó el Parlamento en verano que la forma de hacerlo será la negociación entre las partes, de forma que en las compañías de más de 50 empleados, dirección y representantes de los trabajadores tendrán que discutir para llegar a un acuerdo que podrá tener validez uno o varios años”, informó la agencia Efe.
En caso de que la negociación entre unos y otros no prospere, la ley permite que sea el empresario quien establezca las reglas, sin que eso implique sanciones para nadie. Empresas como el gigante de telecomunicaciones Orange ya se han adelantado a la exigencia y desde el pasado 27 de septiembre pide a sus empleados que establezcan tiempos de no utilización de su mensajería electrónica, en particular durante las reuniones para facilitar la concentración.
Otra compañía que ya planteó reglas de juego para sus directivos fue el fabricante de neumáticos Michelin. La compañía estableció “un control de las conexiones a distancia” para sus directivos que trabajan con carácter itinerante entre las 9 de la noche y las 7 de la mañana en los días laborables, y los fines de semana desde las 9 de la noche de los viernes a las 7 de la mañana de los lunes.
En la conocida como “Ley El Khomri”, por el apellido de la ministra de Trabajo que la promovió, Myriam El Khomri, se justificaban estas regulaciones por considerar que las tecnologías de la información y de la comunicación “si están mal controladas, pueden tener un impacto para la salud de los asalariados”.
Según un estudio publicado en octubre por el gabinete Eléas, el 37 % de los activos utilizan sus herramientas digitales profesionales fuera de los horarios de trabajo y el 62 % estaba en favor de una regulación.