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Desde octubre del año pasado, al menos 52 mil menores de edad han entrado ilegalmente a Estados Unidos. El cruce se hace principalmente a través de la frontera del estado de Texas con México y la vasta mayoría de estos migrantes son jóvenes centroamericanos. Este número es sólo la cantidad de jóvenes que han sido interceptados por los agentes de frontera estadounidenses y, hasta hoy, ya duplica el doble de la cifra registrada para todo el año pasado.
La Casa Blanca, en cabeza de Barack Obama, y las autoridades regionales de lugares como Texas han emprendido una serie de acciones para tratar de mitigar la ola de inmigrantes, acciones que han terminado por estrellarse contra las encrucijadas clásicas de un país que aún no ha encontrado la forma de resolver el dilema de la inmigración.
Una de estas encrucijadas se manifestó en el pueblo de Murrieta, California, cuando sus habitantes bloquearon el paso de tres buses con 140 inmigrantes detenidos (primordialmente niños con sus acompañantes) para evitar que entraran a una instalación de la patrulla de fronteras ubicada en esta localidad; los custodiados provenían de Texas, estado en donde la infraestructura para procesar el flujo de inmigrantes está colapsando.
Los pobladores de Murrieta salieron a la calle instigados por su alcalde, Alan Long, quien se opone a que su localidad se llene de personas que, en un plazo de 72 horas, deben ser liberadas por las autoridades (bajo el compromiso de reportarse ante un agente de inmigración cada 15 días). Después de 25 minutos de protestas, los buses dieron media vuelta y se dirigieron a otro de los seis centros de detención ubicados en el área de San Diego.
El impasse de Murrieta llegó apenas un día después de que Obama asegurara que utilizará el poder ejecutivo de su despacho (algo así como gobernar por decreto) para implementar la reforma migratoria que desde hace un año está estancada en la Cámara de Representantes, en donde permanece sepultada por la mayoría republicana, que no ha permitido votarla.
Un Obama enojado con el bloqueo republicano, sin embargo, no explicó exactamente cuáles serían los alcances de su propuesta migratoria, aunque aseguró que para finales del verano implementaría los cambios que un equipo de la Casa Blanca diseñará para este fin. Todo esto justo antes de las elecciones legislativas que a finales de este año renovarán parte del Congreso.
Paralelo a este anuncio, el presidente también le solicitó al Congreso un paquete para hacerle frente a la ola de inmigrantes centroamericanos, que incluye US$2 mil millones para mejorar la protección en las fronteras, así como cambios a una ley que permite que niños migrantes (no mexicanos ni canadienses) que lleguen a Estados Unidos puedan pelear su deportación antes de ser expulsados del país: en otras palabras, el cambio permitiría agilizar la salida de estos menores. Cerca del 75% de los jóvenes inmigrantes viene de países centroamericanos.
Una de las principales objeciones de los republicanos de la Cámara a la reforma migratoria es que, según ellos, crea alicientes para inmigrar ilegalmente a Estados Unidos. Los legisladores también critican la falta de acciones de la administración Obama para controlar el inesperado pico de migrantes y aún continúan atacando una medida adoptada por el gobierno en 2012 que les otorgó permisos de trabajo a jóvenes inmigrantes que llegaron de niños a Estados Unidos y aplazó durante dos años la deportación de más de 550 mil personas.
La retórica republicana ha pintado a Obama como un paladín de los inmigrantes, aunque, bajo órdenes del gobierno, el presupuesto de la agencia encargada de las fronteras ha crecido 50% en cinco años y hoy hay cuatro mil agentes más para controlar el flujo de inmigrantes.
El país de las contradicciones: la reforma migratoria que lleva un año detenida en la Cámara fue aprobada por el Senado con el apoyo de republicanos notables, como el excandidato presidencial John McCain, que la dotaron de un presupuesto de US$40 mil millones durante los siguientes 10 años para mejorar la seguridad en las fronteras, inversión que financiará la incorporación de 20 mil nuevos agentes y la construcción o el refuerzo de más de 1.000 kilómetros de cercas. El corazón del proyecto, además de las medidas extras de seguridad, establece un camino de 13 años hacia la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes ilegales.
slarotta@elespectador.com
@troskiller