"Fue una política de Estado"

María Ángela Holguín explica que el gobierno actual, como los anteriores, confiaron en la estrategia y en el equipo que defendía los intereses de Colombia en La Haya.

Angélica Lagos Camargo
24 de noviembre de 2012 - 09:00 p. m.
La ministra María Ángela Holguín dice que no hubo ningún error en el proceso ante La Haya.  / David Campuzano
La ministra María Ángela Holguín dice que no hubo ningún error en el proceso ante La Haya. / David Campuzano

Seis días han pasado desde que la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó, mediante un fallo inapelable, que Colombia tiene soberanía sobre siete cayos en el Mar Caribe y que a Nicaragua le corresponden cerca de 75.000 kilómetros cuadrados más de aguas, cuyos derechos correspondían anteriormente a nuestro país. El fallo adverso a los intereses colombianos ha generado todo tipo de reacciones. El Gobierno, en voz del presidente Santos, criticó apartes de la sentencia. Llamados a desacatar el fallo han surgido desde diferentes sectores, mientras que académicos y analistas llaman a la cordura e invitan al país a cumplir con la justicia internacional.

La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, le dijo a El Espectador que ahora el Gobierno estudia con un equipo de abogados internacionalistas la nueva situación. De paso, manifestó su inconformidad con un titular de este diario, que a su juicio fue descontextualizado: “Me sorprendió y me molestó el título de la entrevista al excanciller Julio Londoño en El Espectador, que en forma inexplicable descontextualiza sus declaraciones. Titulaba: ‘Colombia hoy es más grande’. Él se refería a que los colombianos ahora sí veían todo el archipiélago y nuestra jurisdicción marítima. En un momento tan difícil para el país, en un tema tan delicado, es imperativo mantener el contexto en que se dicen las cosas”. 

Ahora que salió el fallo de la CIJ salen todas las voces críticas. Se ha dicho que la sentencia de 2007 anticipaba lo que venía...

En el fallo de 2007 la Corte decidió su competencia para fijar el límite marítimo porque el meridiano 82, según la Corte, nunca se había constituido como tal. No estaba en el Tratado sino en un acta de canje. Y al decidir esta competencia era claro que se pronunciaría sobre el límite y éste cambiaría.

La estrategia de defensa colombiana comenzó hace once años. ¿Cuando usted llega a la Cancillería pensó en cambiarla?

Cuando llegamos en 2010 sólo faltaba el proceso oral y creímos que cambiar en ese momento, al final de un proceso de diez años, habría traído más complicaciones a la defensa colombiana. Cuando los agentes hicieron la presentación y la explicación de los argumentos, consideramos que nuestra obligación era continuar esa estrategia y esa defensa que se había iniciado en 2001 y que el gobierno del presidente Álvaro Uribe había continuado. Además, la competencia, conocimiento y solvencia jurídica de los abogados internacionales confirmaba esta decisión.

¿Siempre hubo unidad frente a la manera como se llevó el caso en La Haya?

Siempre. Fue una política de Estado. La Comisión Asesora, a la que se le informó y consultó, estuvo de acuerdo en la defensa. Le reitero que teníamos abogados de primer orden en derecho internacional y derecho del mar. En lo que lleva este gobierno, en cada Comisión Asesora que se ha convocado se ha presentado la evaluación del caso. El gobierno actual, como los anteriores, confiaron en la estrategia y en el equipo que nos representaba en La Haya.

¿Cuál es la principal duda jurídica que tiene del fallo?

Son varias dudas, unas relacionadas con la parte de soberanía y otras con la parte de delimitación. Si bien la Corte reconoció la soberanía de Colombia sobre los siete cayos del archipiélago que reclamaba Nicaragua —Albuquerque, Cayos Este-Sudeste, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo—, lo hizo basada en efectividades, es decir, el pleno dominio efectuado por Colombia desde 1969.

La Corte ignoró la evidencia representada en el propio Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 y sus respectivos trabajos preparatorios, así como numerosos documentos aportados por Colombia que demuestran la unidad geográfica, histórica y jurídica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto llevó a la Corte a desconocer la unidad del archipiélago, su calidad de único e indivisible, y a darle un tratamiento equivocado y separado a cada uno de los cayos.
En materia de delimitación, la Corte, desconociendo su propia jurisprudencia, estableció como área relevante para la delimitación las 200 millas contadas desde la costa nicaragüense, le dio un peso desmesurado al criterio de proporcionalidad en materia de longitud de las costas. Asimismo, y no obstante haber ajustado ya la línea media provisional en dirección a las islas colombianas de Providencia y San Andrés, les recorto sus espacios de zona económica exclusiva y plataforma continental al norte y noreste y sur y sureste, respectivamente, espacios que el derecho internacional les reconoce a las islas en condiciones similares que al litoral continental. Al mismo tiempo, enclavó a Quitasueño y Serrana, dos componentes geográficos e histórico-jurídicos del archipiélago. Estos son sólo dos elementos del fallo que no están basados en el derecho internacional.

Si el país se retira del Pacto de Bogotá, Nicaragua tendría un año —tiempo en que se haría efectivo el retiro— para demandar de nuevo. ¿Qué se puede hacer para evitar eso?

No creo oportuno entrar en precisiones jurídicas y menos aun en especulaciones frente a un asunto que es materia de un análisis especializado y demanda la mayor prudencia de nuestra parte. El Gobierno se pronunciará oportunamente sobre estas cuestiones cuando haya adoptado las decisiones correspondientes.

¿Ya habló con el gobierno de Nicaragua sobre el fallo? ¿Cómo están las relaciones?

No he hablado con el canciller. Había hablado con él en Cádiz la semana pasada, coincidimos en que teníamos que mirar hacia adelante en las relaciones entre los dos países una vez saliera el fallo. Los raizales siempre han dicho que quieren que el país tenga relación con Nicaragua.

El consenso es general: el fallo es inapelable. ¿Cómo revertirlo?

Estamos estudiando todos los recursos que contempla la Corte.

¿Para buscar esas salidas se sigue trabajando con el mismo equipo negociador o incluirán a la academia y otros sectores?

Estamos con un equipo de abogados internacionalistas. Es una nueva situación que requiere un estudio muy de fondo y estamos consultando unos expertos que conocen el caso y otros que no.

¿No es mejor, como un sector del país ha dicho, reconocer el fallo y acercarse a Nicaragua para llegar a acuerdos bilaterales?

Nos encontramos adelantando el análisis del fallo y los posibles cursos de acción, los que naturalmente contemplan el desarrollo de iniciativas en el marco de la relación bilateral y con los demás países de la región. Nuestro archipiélago está en el corazón del Caribe occidental, tenemos seis fronteras marítimas acordadas con nuestros vecinos en el área.

Los pescadores raizales de San Andrés son los más afectados con el fallo. ¿Ya están haciendo algo para aliviar la situación?

El presidente, en un diálogo que tuvo el martes pasado exclusivamente con ellos, acordó que incluirá una serie de iniciativas que mejoren su calidad de vida, las cuales serán financiadas por el Gobierno. Para apoyarlos, el próximo martes el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la UNAP sostendrán una mesa para ayudarles a identificar y priorizar iniciativas que mejoren sus condiciones sociales y económicas.

¿Qué responde a las críticas que se escuchan desde la isla sobre la falta de atención que tuvieron durante el proceso?

Yo respondo por el tiempo que he sido canciller. Sobre los años anteriores habría que preguntarles a los otros. En junio de este año hice una reunión con los raizales, los diputados, los distintos sectores de la comunidad y la gobernadora. Les contamos en qué estaba el proceso una vez las audiencias orales habían finalizado y la reserva del caso se había levantado.

Es común que en Colombia se busquen culpables. Sin caer en eso, ¿cómo explicarles a los colombianos este fallo?

No creo que sea la manera de enfrentar una situación tan compleja y difícil para el país. En estos momentos de dificultad tenemos que unirnos y concentrarnos en defender nuestra soberanía y atender las preocupaciones de los sanandresanos. Yo dije en estos días que es más fácil ser historiador que profeta. Los distintos gobiernos, los cancilleres, los agentes, trabajaron de buena fe por el bien del país y para proteger su soberanía. La defensa fue muy seria, que la Corte desestimara los argumentos es otra cosa.

¿Reconoce algún error?

No, ninguno. Creemos que se hizo lo que se debía hacer. Fue la Corte la que no falló en derecho.

¿Por qué no aclararle a la gente tantas dudas sobre el fallo y socializarlo?

Eso haremos una vez analicemos y entendamos el fallo en su totalidad.

Por Angélica Lagos Camargo

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