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Alberto Fujimori de 75 años, cumple una condena de 25 años de cárcel en una base policial de Lima por violación de derechos humanos y secuestro durante su gobierno (1990-2000) en el contexto de la lucha contra la guerrilla y el terrorismo del maoista Sendero Luminoso. El exmandatario (1990-2000) está preso en un cuartel militar en Lima por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado de 25 personas por los casos Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). Asimismo, por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, tras el "autogolpe" de Estado que dio en abril de 1992.
Sin embargo, en este momento se le sigue otro juicio por el desvío de US$40 millones provenientes de fondos públicos, destinados a la compra de la línea editorial de la prensa "chicha" (diarios sensacionalistas) para favorecer su segunda reelección presidencial en 2000. Este juicio sufrió su segundo traspié, pues la tercera audiencia programada para analizar el caso debió ser suspendida porque no había sala plena. Una audiencia anterior se suspendió, según los abogados de Fujimori, por la precaria salud del expresidente.
En medio del debate por las dificultades para llevar a cabo el juicio, Alberto Fujimori –rompiendo la prohibición expresa de la ley- llamó por teléfono a la emisora Radio Programas del Perú (RPP) y dio una entrevista. “Hasta ahora no hay una sola prueba, un solo testimonio", aseguró Fujimori. Durante la entrevista, Fujimori declaró que "de todas maneras" tomará "alguna acción legal" ante las acusaciones de haber violado los derechos humanos, que calificó de "tamaña injusticia".
"Lo siento muchísimo y me da tremendo pesar que (estos casos) hayan ocurrido en mi gobierno, aunque yo no soy el responsable directo ni indirecto", dijo.
Añadió que durante su gestión "hay algunos errores evidentemente que se han cometido", pero también se atribuyó el éxito en la lucha contra el terrorismo y los éxitos económicos del país. El exmandatario también afirmó que la decisión que tomó en junio pasado el presidente Ollanta Humala de negar el indulto humanitario solicitado por sus hijos fue "un golpe tremendo".
"En la forma como niega el indulto, con esa dosis de animadversión, de satisfacción, algunos de mis hijos lo han sentido como de sadismo", aseguró.
También dijo que no descarta volver a la política activa si eventualmente es beneficiado con el arresto domiciliario, un pedido que fue rechazado la semana pasada, en primera instancia, por la justicia peruana. Al referirse al actual proceso que afronta por la compra de la línea editorial de diarios sensacionalistas durante su gestión, afirmó que su defensa se basa en su "absoluta inocencia".
La Justicia peruana ya condenó en 2005 a 29 personas por ese caso, entre ellos el exasesor Vladimiro Montesinos, quien fue sentenciado a 8 años de prisión, y los exgenerales Elesván Bello y José Villanueva por los delitos de peculado (mal uso de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir. La Fiscalía pidió 8 años de prisión y el pago de un millón de dólares por reparación civil para Fujimori por el desvío de 122 millones de soles (43 millones de dólares) del presupuesto de las Fuerzas Armadas hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), manejado entonces por Montesinos. Con esos fondos, el entonces asesor pagó miles de dólares a los dueños de varios diarios sensacionalistas para atacar a los rivales políticos de Fujimori durante la campaña electoral de 2000.
El exgobernante también se quejó de que la audienciadel proceso solo haya durado diez minutos y de que la presidenta del tribunal le haya llamado la atención por distraerse. Afirmó que cuando terminó la audiencia fue supervisado por un médico que constató que su presión arterial estaba muy elevada y se encontraba "al borde del derrame".