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El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff anunció este miércoles un conjunto de medidas para combatir la impunidad y la corrupción en Brasil, en medio del monumental escándalo de la estatal Petrobras.
"Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de combatir la impunidad y la corrupción", dijo la mandataria en Brasilia, pocos días después de una serie de masivas protestas callejeras en su contra.
Por su parte el máximo tribunal de justicia de Brasil rechazó una solicitud presentada por legisladores opositores para incluir a la presidenta entre los investigados por el escandaloso fraude a la estatal Petrobras.
El ministro de la Corte Suprema a cargo de la "Operación Lava Jato" (lavadero de autos), Teori Zavascki, que develó el escándalo, no aceptó el pedido "por errores técnicos", informó el miércoles a la AFP la asesoría de prensa de ese cuerpo colegiado. La presentación había sido realizada por miembros del partido PPS (centro izquierda) y contó con el apoyo de figuras de otras agrupaciones, como el senador socialdemócrata Aecio Neves, derrotado por Rousseff en las elecciones de octubre pasado por un estrecho margen.
El escándalo
La megacausa de Petrobras investiga una confabulación empresaria y política que operó dentro de la petrolera estatal y giró ilegalmente unos 4.000 millones de dólares durante la última década.Esa trama tiene bajo investigación a 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores, entre otros.Esta semana, la fiscalía general denunció formalmente a 27 personas, entre ellos al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) Joao Vaccari Neto, por los delitos de corrupción y lavado de dinero.
La acusación está siendo analizada por un juez en Curitiba (sur), que deberá decidir si inicia o no un proceso en su contra.Rousseff está bajo fuego desde que comenzó su segundo mandato en enero, con varios frentes de tormenta simultáneos, entre ellos la crisis en Petrobras que puso el foco en la financiación presuntamente ilegal de su propio partido, y la economía que no logra dar señales positivas desde hace largo tiempo.
El miércoles, una encuesta mostró un derrumbe de su popularidad al 13%, un retroceso de 10 puntos desde febrero, así como un rechazo a su gestión del 62%, según la encuestadora Datafolha, una de las más fiables en Brasil.