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El Gobierno brasileño defendió de nuevo que un juicio político para destituir a la presidenta Dilma Rousseff supondría una "ruptura constitucional", al tiempo que un juez neutralizó los intentos opositores de acelerar ese proceso.
La nueva advertencia del Gobierno surgió en momentos en que tanto la prensa local como fuentes políticas insisten en que esta semana pudiera decidirse enjuiciar a Rousseff por unas maniobras fiscales dirigidas a maquillar las cuentas públicas de 2014, cuando fue reelegida para el nuevo mandato que comenzó el pasado 1 de enero.
La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.
La decisión sobre un proceso de esa naturaleza debe ser tomada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien hasta ahora ha recibido una veintena de solicitudes en ese sentido y ha rechazado la mitad porque carecían de tales "fundamentos jurídicos".
Sin embargo, el próximo pedido que debe examinar se refiere al maquillaje de los resultados fiscales del Gobierno correspondientes a 2014, que, según la lectura de la oposición, la Constitución contempla como uno de los motivos para una posible destitución.
En el artículo 85 de la Constitución brasileña, entre otros "delitos de responsabilidad" del presidente, se mencionan los que atenten contra "la probidad en la Administración" y "la ley presupuestaria".
Cunha había establecido que, en caso de rechazar esa solicitud, la palabra final correspondería al pleno de los Diputados, al que la oposición podría apelar contra su decisión.
No obstante, una medida cautelar dictada hoy por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del Tribunal Supremo, echó por tierra esa posibilidad al considerar que el trámite establecido por Cunha carece de base legal.
Según Zavascki, la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe únicamente al presidente de la Cámara Baja, con apoyo de su departamento jurídico, pues así lo define una ley de 1950, que es la que aún establece las normas y procedimientos para iniciar un juicio con miras a la destitución de un jefe de Estado.
Cunha, quien está en la mira de la justicia como sospechoso de haberse beneficiado de las corruptelas en Petrobras, declaró que el departamento jurídico de la Cámara de Diputados estudiará la medida cautelar dictada por el juez Zavascki y que, si lo cree "necesario", apelará ese dictamen.
Sin embargo, aclaró que esa cautelar "no interfiere en nada" en la decisión que pueda adoptar en relación a un posible juicio contra Rousseff, pues solo alteraría el procedimiento para llevarlo a cabo si se considerase que la mandataria incurrió en irregularidades.
El Supremo aún debe examinar una demanda de abogados vinculados al gobernante Partido de los Trabajadores (PT) que insisten en que una "falta administrativa" referida al ejercicio fiscal de 2014, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar al actual Gobierno, que asumió el pasado 1 de enero.
En medio del embrollo jurídico, el Gobierno insistió en que los "problemas políticos" del país deben resolverse mediante un "amplio diálogo" y reiteró que un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff supondría una "ruptura" democrática.
"Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con rupturas constitucionales" como un proceso contra Rousseff, que dependería de "asuntos jurídicos que no existen", dijo hoy a los periodistas el ministro de Información, Edinho Silva.
El ministro reiteró que "no hay fundamentos jurídicos para tomar una decisión como esa" y apuntó que las demandas de la oposición para juzgar a Rousseff son parte de un "embate político sin ninguna base jurídica", por lo cual "no pueden" ser aceptadas.
"No podemos paralizar al país por embates políticos", cuando "lo importante es que Brasil supere sus dificultades económicas y vuelva al camino del crecimiento", indicó el ministro, quien aludió así a la difícil situación del país, cuya economía ha entrado en recesión y este año se calcula que se contraerá casi un 3 %.
Silva también ratificó la opinión del Gobierno en el sentido de que esas maniobras fiscales no constituyeron lo que la Constitución define como "delito de responsabilidad" y subrayó que fueron durante la gestión anterior de Rousseff.
Contra esa tesis, la oposición ha anunciado que anexará a sus pedidos de juicio político contra Rousseff un informe de un fiscal de un órgano de contraloría que sostiene que esas maniobras fiscales de 2014 se repitieron en los primeros meses de este año, con lo cual serían referidas al nuevo mandato de la presidenta.