Gobiernos de Managua y Bogotá "en sintonías distintas"

El abogado nicaragüense Mauricio Herdocia destaca la posibilidad de diálogo, pero reitera que el fallo no puede modificarse.

La agenda de Mauricio Herdocia ha estado ocupada con un buen número de entrevistas desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció la estrategia de Colombia frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (19 de noviembre de 2012) que estableció nuevos límites marítimos con Nicaragua. Aunque trabajó por años en la Cancillería nicaragüense, Herdocia ya no forma parte del gobierno de Managua, pero su experiencia lo ha convertido en una fuente de consulta constante: fue miembro de la Comisión Territorial Asesora del país centroamericano para los diferendos limítrofes y uno de los responsables de la estrategia que Nicaragua ejecutó en su demanda contra Colombia ante la CIJ. En esta oportunidad, y en diálogo con El Espectador, hace referencia a las posiciones fijadas por el presidente Santos.

El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, habló de un tratado para la implementación del fallo. ¿Es esta versión compatible con la necesidad de un tratado a la que hizo referencia Santos?

Esperemos que sea compatible, aunque obviamente hay diferencias en el lenguaje que cada uno de ellos ha utilizado y la forma en la que se ha planteado el tema. Nosotros consideramos que la atmósfera política en Colombia, influida por el tema electoral, obviamente genera un cierto lenguaje que envía mensajes en diferentes grados. Lo principal, creo yo, es la idea de conformar una comisión colombo-nicaragüense que pueda entablar un diálogo para un tratado de aplicación del fallo de la CIJ, es decir, que tiene que ser absolutamente respetuoso de las líneas trazadas por este tribunal. Hay temas que pueden abordarse en este marco: la colaboración para la pesca artesanal de poblaciones raizales, las acciones coordinadas para la protección de la reserva Seaflower, la lucha contra la narcoactividad, etc. Lo que no se puede hacer es alterar los límites que la Corte ha definido con toda claridad.

Cuando Santos dice que pone freno a las ambiciones expansionistas de Nicaragua, ¿qué opinión le generan estas palabras?

Creo que el lenguaje está muy marcado por la tormenta política interna de Colombia. Lo que Nicaragua está haciendo es algo absolutamente normal. La Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar establece que si un Estado ribereño considera que tiene una plataforma continental que se extiende más allá de las 200 millas náuticas, puede llevar ese planteamiento a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, una comisión neutral, establecida por la ONU. Nicaragua tiene razones geológicas para creer que este podría ser su caso, pues la plataforma continental es un dato real y comprobable científica y materialmente. Aprovecho para destruir un mito: algunos comentarios dicen que, si la Comisión se la concede, esa plataforma continental extendida de Nicaragua va a llegar hasta Cartagena. Eso es absurdo, el derecho internacional establece 200 millas náuticas de plataforma para los estados.

¿Qué sigue en este caso cuando los dos gobiernos han hecho públicas las condiciones para un diálogo?

Los gobiernos están en sintonías distintas, pero yo confío en que Colombia va a terminar aceptando que no se puede cambiar lo dispuesto por un tribunal internacional, porque sin ese punto de partida es muy difícil encontrar caminos para la ejecución del fallo. Lo importante es que en la vía de los hechos, el fallo ya se está cumpliendo y eso nos tranquiliza: nuestras embarcaciones patrulleras están vigilando la zona y se están otorgando los permisos correspondientes a embarcaciones extranjeras.

¿Cuál cree que es el interés del gobierno de Colombia al demandar el Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional?

Colombia ya denunció el Pacto de Bogotá, fue una decisión soberana del Ejecutivo. En todo caso, si hay alguna intencionalidad es reafirmar un planteamiento que expresó el presidente Santos en el sentido de que en su concepto es necesario un tratado para definir los límites. Pero la verdad, como todos sabemos, es que independientemente del arreglo al que se llegue entre Nicaragua y Colombia, los fallos de la Corte se aplican de manera automática y directa, no necesitan ser reescritos ni por una asamblea, ni por un tribunal, ni mediante un tratado. Nicaragua ha accedido a la posibilidad de un tratado de ejecución para que los costos emocionales, políticos y económicos del fallo puedan racionalizarse dentro de una lógica sana para generar un espacio que ha sido de conflicto, pero que mañana debe ser de colaboración, cooperación e integración, inclusive.

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@Motamotta