Greenpeace ha denunciado en un comunicado la "criminalización" en varios países de sus activistas, después de que la Fiscalía de Bruselas pidiese ayer penas de cárcel para 11 miembros de la organización que en 2009 entraron sin permiso en una cumbre de la Unión Europea (UE) en esa ciudad.
Una portavoz de Greenpeace confirmó que en el juicio, iniciado ayer en el Tribunal Correccional de Bruselas, el fiscal solicitó penas de 1 mes de cárcel -no de un año, como informaron en principio medios locales- y una multa de 1.100 euros para cada uno de los acusados, de nacionalidad belga, holandesa, francesa y británica.
"Estamos impactados por la criminalización de aquellos que expresan sus opiniones de forma abierta y pacífica. Es un síntoma de una sociedad paralizada por el miedo al terrorismo, y que en el fondo corre el riesgo de acabar con nuestros progresos democráticos", señala Greenpeace en un comunicado.
Para la organización, el proceso abierto en Bélgica contra diez activistas y un portavoz de la organización "es desproporcionado y sintomático de una tendencia que busca criminalizar las protestas".
Los miembros de Greenpeace, haciéndose pasar por una delegación oficial, entraron en 2009 en el edificio del Consejo Europeo en Bruselas mientras se celebraba una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la UE para llevar a cabo una acción en favor de la lucha contra el cambio climático.
La defensa solicitó la absolución de los acusados, con el argumento de que se trató en todo momento de una acción pacífica, los activistas nunca fueron controlados por los servicios de seguridad y portaban su propia documentación, que habría permitido identificarlos fácilmente.
El fallo del tribunal se conocerá el próximo 17 de marzo.