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Desde 2002, cuando la prisión de Guantánamo abrió sus puertas (en Cuba, bajo control de EE. UU.), 693 prisioneros han sido liberados o transferidos a otros países. A estos se les sumarán otros 15 que el gobierno de Barack Obama envió ayer a Emiratos Árabes Unidos: 12 de ellos yemeníes y tres afganos. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos desde 2009, cuando prometió acabar con ella, es posible que el presidente Barack Obama termine su mandato sin clausurar la prisión, que se ha convertido en el símbolo tangible de los programas contraterroristas de EE. UU.
En principio, la idea de Guantánamo era alojar a los prisioneros más peligrosos, involucrados con el terrorismo. Sin embargo, desde su fundación, numerosos reportes han señalado que parte de los prisioneros se encuentran encarcelados de manera preventiva, sin que su proceso avance, y que en ocasiones se han violado las reglas internacionales, se los ha sometido a torturas y se los ha privado de un proceso justo.
Por esa razón, Obama prometió desde su campaña que cerraría la prisión. Cuando instaló su gobierno había 242 prisioneros en Guantánamo. Hoy quedan 61. Pese a la disminución evidente, su plan de cerrarla antes de acabar su período presidencial parece imposible porque, hasta ahora, el Congreso, de mayoría republicana, se ha cerrado a esa posibilidad.
En 2014, el Congreso relajó las leyes que prohibían, de manera casi absoluta, la transferencia de presos de Guantánamo a otros países. Desde entonces, algunos de esos presos han sido enviados a Uruguay, Georgia, Eslovaquia, Kazajistán, Omán, Marruecos, Arabia Saudita, Mauritania, Italia y Serbia. El gobierno de Obama ha insistido desde 2010 en que es necesario que, más allá de realizar transferencias a terceros países, los presos sean juzgados en suelo estadounidense bajo las leyes federales.
El Congreso se ha opuesto de manera rotunda a esa propuesta. En agosto del año pasado, Obama anunció que había un plan para preparar prisiones en Kansas y Carolina del Sur para transferir a los prisioneros. La mayoría republicana en el Congreso ha rechazado la propuesta y es muy probable que ésta no prospere: ya en 2010, Obama había firmado un memorando en el que ordenaba el cierre oficial de Guantánamo y la transferencia de los presos al centro correccional de Thomson, en Illinois, pero fue imposible realizarla tras las protestas, entre otras instituciones, de la Fiscalía General, que declaró que un movimiento similar sería ilegal.
Guantánamo se convirtió en un tema de baja prioridad para el Congreso entre 2011 y 2013, de modo que los intentos de Obama por obtener mayor presupuesto para las transferencias de prisioneros fueron infructuosos. El presidente incluso sugirió que la negación constante del Congreso sería, en ciertas circunstancias, tomada como una invasión a la independencia de los poderes públicos. En dos ocasiones, Obama se ha visto obligado a firmar las leyes que determinan el bloqueo de presupuesto para transferir presos de esa prisión. El próximo presidente, si es demócrata, tendrá que lidiar con un Congreso cerrado a la banda.