Raymundo Riva Palacio es periodista, uno de los más reputados columnistas de todo México. No precisa el lugar donde ocurrieron los hechos, aunque fue en una ciudad importante del centro del país. Todo ocurrió en marzo de 2010, pero él publicó su relato tres meses después: en la madrugada, los vecinos de un sector de alto perfil llamaron a la Policía porque en una casa vecina había cuatro camiones de seguridad como los que transportan divisas. Nadie vio las caras de los hombres que entraron a la fuerza. Llevaban pasamontañas. Tampoco nadie supo quiénes eran, pero se llevaron a cuatro personas. Los vecinos sólo dieron una pista: portaban en sus brazos una insignia con “la garra de un depredador”.
Voces suspicaces dicen que se trató de mercenarios y que ese depredador en realidad era un oso —la garra de un oso—, insignia de la firma Blackwater. Si eso fuera cierto, se trataría de la misma empresa privada de servicios de seguridad que envió sus hombres a Irak y Afganistán para apoyar las misiones estadounidenses; la misma que ha firmado en los últimos cinco años contratos por US$971.800 millones con el Pentágono; la que le ofreció a Alex Martuu —así dijo llamarse— ir a México para trabajar en Sinaloa, donde El Chapo Guzmán es el amo y señor.
Martuu, un exmiembro de los Navy Seal (los soldados mejor entrenados de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea de EE. UU., famosos por haber dado muerte a Osama bin Laden), concedió una entrevista a mediados de agosto pasado al diario Excélsior de México, el país de su abuelo y de su padre. Le pagaban bien; sin embargo, no estaba dispuesto a viajar: “Mi preocupación es que las compañías como Blackwater y sus subsidiarias se metan allí, porque los narcos van a hacer lo mismo y van a traer a los rusos, chechenos, sirios, serbios y jordanos”, explicó.
La huella del Oso
Blackwater nació en 1997, cuando Erik Prince, otro exmiembro de los Navy Seal, fundó una empresa para convertirse en una agencia que ofrecía servicios militares. Prince tenía la experiencia en el terreno y el dinero suficiente para instalar un campo de entrenamiento en Carolina del Norte. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron la oportunidad que estaba esperando. El Pentágono contrató a Blackwater y otras firmas del mismo corte para ejecutar misiones de apoyo en Irak y Afganistán.
Su labor se limitaba a la escolta de diplomáticos estadounidenses y caravanas militares. Sin embargo, denuncias de The New York Times revelaron que los contratistas habían asumido tareas militares y de inteligencia. De hecho, las autoridades iraquíes expulsaron a varios trabajadores de la firma después de que el 16 de septiembre de 2007 desataron un tiroteo en la plaza Al Nasur de Bagdad, que dejó a 17 civiles muertos y a 18 más heridos. Cables revelados por Wikileaks no sólo registraron este episodio, sino 14 más en los que Blackwater abrió fuego contra civiles.
No fueron días fáciles para Prince. Además del cese obligado de actividades en Irak, tuvo que acudir al Congreso estadounidense para rendir cuentas de la actividad de sus hombres y para afrontar algunas sospechas de tráfico de armas que se estaría llevando a cabo con un sector de la insurgencia. No hubo sanciones para una compañía que actualmente entrena a cerca de 40.000 exsoldados, que cuenta con armamento de última tecnología y que, en una jugada estratégica de Prince, cambió su nombre a Xe Services a partir de 2009. El oso seguía dejando huella, aunque bajo otro nombre.
Según reveló el NYT, luego de enfrentar esos problemas legales en EE. UU., Blackwater o Xe Services llegó a Emiratos Árabes. Allí formó un ejército de 800 mercenarios, entre los que había varios colombianos, para cuidar a la familia real. Los soldados privados también estarían en el campo de batalla en Libia, en donde un rebelde reportó la muerte de varios de ellos. Según dijo, nueve eran croatas, doce serbios, once ucranianos y diez colombianos, así como bosnios y rusos.
El caso de Blackwater o Xe Services no es el único. Dentro de la lista de empresas contactadas por el Pentágono están también DynCorp y Northtrop Grumman, entre otras, y su incursión en México, según el periodista John E. Ariscano, es una puerta que se abrió en 2008, con la aprobación del Plan Mérida. A partir de entonces, Washington puso en marcha una iniciativa que contribuía con un presupuesto inicial de US$7.000 millones para seguridad y combate del crimen organizado, con asesoría militar de por medio. En los documentos de Estados Unidos sobre las guerras anteriores, los combatientes no figuran como mercenarios sino como miembros de una compañía de operaciones pacificadoras y, en los informes de la ONU y la Cruz Roja, como compañías militares privadas (PMC).
El profesor Luis Astorga de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los analistas locales más curtidos en materia de crimen organizado, asegura que esa puerta sigue abierta: “Hasta ahora no hay ningún documento que pueda probar la presencia de firmas privadas de seguridad en México. Pero pensándolo objetivamente, ¿sería descabellado pensar que EE. UU. necesite personal de confianza para poner en marcha sus misiones cuando las autoridades mexicanas están cooptadas por el dinero sucio?”.
La guerra contra el crimen organizado deja espacio para las conjeturas, como también para las propuestas. A mediados de octubre de 2010, la revista M Semanal publicó una entrevista con Sascha Forst, vocero de la firma Jack Desmond Worldwide, quien aseguró que, aunque no pudiera confirmar un contacto con el gobierno de Felipe Calderón, sus hombres estaban dispuestos a entrar a México y acabar con ‘Los Zetas’, literales depredadores del crimen, en 120 días.
—¿Qué tan grande es el poder de JDW como para poder vencer a ‘Los Zetas’, exmilitares de fuerzas especiales que conocen el terreno y quizá cuenten con el arsenal más poderoso del país?
—“Tenemos acceso a la más moderna maquinaria de guerra disponible en el mercado y estamos dispuestos a utilizarla. Es posible que ‘Los Zetas’ tengan el arsenal más poderoso en México, pero nosotros tenemos el más poderoso del mundo”.