Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, el programa político de EE.UU. se ha centrado en detener las amenazas terroristas exteriores. Por entonces, los 3.000 muertos del World Trade Center fueron razón suficiente para invadir Irak y Afganistán en busca de los cabecillas de Al Qaeda. La historia ha cambiado poco: a pesar de sus intenciones, el presidente Barack Obama heredó ese fardo de su predecesor, George Bush, de modo que hoy preside la coalición de más de 50 países en contra del Estado Islámico.
Sin embargo, es muy posible que la amenaza más mortal que enfrente Estados Unidos venga de su interior: según las cifras más recientes del Departamento de Estado, entre 2001 y 2011 murieron más de 3.000 estadounidenses a causa de actos de terrorismo (el grueso de esa cifra corresponde a los ataques del 9/11), mientras que a causa de las armas que los estadounidenses poseen en sus casas murieron 125.000 nacionales.
La cifra conserva su moldura. En lo que va de este año, con más de 350 ataques (un promedio de uno al día), han muerto más de 10.000, según el Shooting Track, un guarismo muy similar al promedio que apunta el Departamento de Estado. El número de muertes denota también una tesis que expuso Obama tras el tiroteo de esta semana en San Bernardino: “Deberíamos unirnos y actuar de forma bipartidista para hacer que esto sea algo raro, en lugar de algo normal”. Las palabras de su discurso coinciden con aquellas que pronunció después de un tiroteo en una escuela de Oregón que dejó nueve muertos y siete heridos, en octubre de este año: “De algún modo, esto se ha convertido en rutina. El reporte es rutinario. Mi respuesta desde este podio termina siendo rutinaria”.
Para entonces, Obama se había dirigido a los estadounidenses quince veces desde su posesión como presidente para tratar el tema de la venta de armas (protegido por la Constitución). Sin embargo, la respuesta práctica ha sido nula: las conexiones de la Asociación del Rifle, que sería uno de los grandes afectados si se impusiera un control a la venta, con el Partido Republicano, que hace mayoría en el Congreso, han impedido el avance de proyectos que volvieron a ser debate en 2012, cuando 12 personas murieron durante una incursión en un cine de Aurora (Colorado) y 20 niños fueron asesinados en la escuela Sandy Hook en Connecticut. Todo ello a pesar de que, según el portal Politifact (administrado por el analista Mark Shields), desde 1968 han fallecido más de un millón 300 mil estadounidenses en incidentes con armas de fuego, más del doble de las bajas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.
El conjunto de medidas que proponía Obama consistía, en parte, en un sistema de verificación de antecedentes para impedir que criminales o enfermos mentales pudieran acceder a las armas. Ninguna de sus proposiciones tuvo éxito. “La violencia armada se ha convertido en un cáncer para esta nación”, dijo el congresista demócrata Harry Reid a propósito de las muertes en San Bernardino. En el período Obama, la esperanza de una modificación al respecto es mínima. Del mismo modo, han perdido impulso programas de su propiedad dedicados a la salud y la migración. De acuerdo con el Pew Research Center, cerca del 80% de los estadounidenses apoyan leyes para controlar la distribución de las armas y 70% está a favor de crear una base de datos para reconocer a los dueños de dicho armamento. En un artículo en The New Yorker, el periodista Evan Osnos recuerda que buena parte de los atacantes en los últimos años se identifica con la extrema derecha. Contrario a la tesis de que los atacantes son “lobos solitarios”, argumenta Osnos entre líneas que Estados Unidos se enfrenta a un grupo interno de extremistas con una ideología que, aunque discreta, constituye una amenaza.
