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A Jeff Sessions, de 70 años y nominado para el cargo de fiscal general de Estados Unidos por el presidente electo, Donald Trump, lo antecede una fama irregular: cuando lo promovieron como juez federal de Alabama, un estado con un historial inacabable de racismo, el hecho de haber llamado boy a un fiscal afroamericano —un término de servidumbre— y de haberle dicho un abogado blanco que “era una desgracia para su raza” por defender afros le vedaron aquella oportunidad. Desde entonces, se ha especulado sobre su afinidad con el Ku Klux Klan —un grupo de extremistas que defienden la supremacía blanca— y su marcado racismo tanto en su época de fiscal federal y de senador por Alabama, cargo que ostenta desde 1997.
En la sesión de este martes ante el Senado, que se encargará de confirmarlo o negarle el cargo de fiscal general, Sessions dijo que las acusaciones eran falsas: “Aborrezco al Ku Klux Klan, lo que representa y su odiosa ideología”. Minutos antes, dos hombres habían entrado en la sala luciendo el atuendo típico de los miembros de ese grupo: una bata blanca de pies a cabeza, con dos hoyos a la altura de los ojos. “¡No a Trump, no a un Estados Unidos facista, no al Ku Klux Klan!”, gritaron. Durante la sesión, Sessions prefirió eludir los comentarios. En cambio, se dedicó a esbozar su programa en caso de convertirse en fiscal general.
Una de sus prioridades, como se sospechaba desde su nombramiento, es la inmigración. Dijo, primero, que castigaría con severidad a las personas que violaran las fronteras en repetidas ocasiones. Dijo, segundo, que la llegada exacerbada de migrantes afectaba a los trabajadores estadounidenses al reducir los salarios. “Creo que, en demasiadas ocasiones, el Congreso ha sido complaciente al apoyar legislación que haría feliz a los grandes negocios, pero que tendría un impacto en los salarios”. De acuerdo con un artículo de la revista The Atlantic, a pesar de que los economistas defienden la idea de que la llegada de inmigrantes fomenta el aumento de los salarios y el ascenso entre los trabajadores nativos (como lo sostienen también economistas europeos sobre la migración desde Oriente Medio hacia Europa), sí existe un impacto directo entre los trabajadores menos calificados, quienes son, en últimas, los que se disputan por las plazas laborales con los migrantes, que llegan a ocupar los puestos más bajos de la cadena laboral. “No creo que los estadounidenses quieran acabar con la inmigración, pero creo que afecta a los salarios”, dijo Sessions. Numerosos economistas sostienen que, aunque podría existir un impacto en los salarios, los migrantes se convierten en una nueva fuerza laboral que, bien dirigida, traería numerosos beneficios a economías que necesitan renovarse.
Sessions tiene un largo historial dedicado al control de la inmigración. Fue una de las voces más rigurosas durante los debates, en 2007 y 2013, dedicados a la posible nacionalización de parte de los 11 millones de migrantes ilegales que hay en Estados Unidos. También estuvo en contra de dar visados a trabajadores extranjeros para que ocupen puestos de alta calificación y consiguió que el Senado aprobara una ley para que las oficinas gubernamentales no contrataran inmigrantes ilegales. Una de sus intenciones era, también, extender dicha ley a las empresas privadas.
La nominación de Sessions ha producido también una incesante partida de críticas por la suerte que tendrían las minorías bajo su gobierno en la fiscalía general. Durante el mandato de Obama, la fiscalía general estuvo en abierta defensa de los derechos de afroamericanos —que sigue siendo un tema esencial a la hora de hablar de las tensiones en Estados Unidas— y de la comunidad LGBT. Sessions sorprendió con su respuesta ante el Senado: “Entiendo profundamente la historia de derechos civiles y el impacto terrible que la discriminación incesante y sistemática, así como las restricciones al derecho de votar, han tenido sobre nuestro hermanos y hermanas afroestadounidenses (…). Debemos seguir hacia adelante y nunca hacia atrás. Entiendo los reclamos de justicia e igualdad de la comunidad LGBT. Garantizaré que los estatutos que protegen sus derechos civiles y su seguridad sean respetados en su totalidad”. Sessions se comprometió a ser un contrapeso de cara a la presidencia de Donald Trump y a decir “no” si el mandatario “se excede”.
Una de las preocupaciones del nominado fiscal general es la criminalidad. Según las estadísticas más recientes del FBI, los asesinatos aumentaron 11% entre 2014 y 2015, el mayor aumento desde 1971. Por eso, uno de sus objetivos es trabajar con las agencias federales y locales para detener el narcotráfico y la proliferación de pandillas. En su discurso, Sessions no se refirió a los crímenes por parte de civiles sin antecedentes o al control de armas.