Las horas agitadas de Jalisco

El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) creció como el niño al que no le han prestado suficiente atención y de repente, cuando ya tiene alguna madurez, es capaz de someter cualquier autoridad. Hace una semana, integrantes de esa banda apuntaron contra un helicóptero militar en vuelo, asesinaron a tres de sus ocupantes y obligaron a un aterrizaje de emergencia. Y esa misma semana, con la coordinación propia ya no de una mafia local, sino de una multinacional del crimen y el narcotráfico, bloquearon 39 puntos del estado de Jalisco, habitado por casi 8 millones de personas, quemaron automóviles, incendiaron buses y advirtieron, a fuerza de brazo armado, que el poder es suyo. Ese día, 2 de mayo, taponadas las entradas a los pueblos y a la capital, Guadalajara, el cartel dibujó el más reciente —pero no el último, eso es seguro— trazo de su autoridad en la región, que había comenzado el 8 de abril con un esbozo fatal: el asesinato de 15 policías en convoy en una carretera comarcal.

 

El gobierno respondió con el único recurso a mano: su autoridad. Dijo que, como sucediera en Michoacán nueve años atrás, la fuerza militar se tomaría la región. Sin embargo, como sucedió en Michoacán cuando enfrentaron al cartel de Sinaloa —el cartel más fuerte del país—, la promesa de traer militares a la región puede ser más una causa de desconfianza que de seguridad. Por ese entonces las fuerzas especiales derribaron a uno y otro capo, sumaron a sus listas de bajas y capturas a numerosos sicarios. En 2014 capturaron al jefe de su estado mayor, Joaquín El Chapo Guzmán. El narcotráfico, olvidaron, es una hidra de mil cabezas. La captura de su líder produjo, contrario a las esperanzas colectivas, un refinamiento de sus métodos de trabajo, de modo que el cartel —como reporta El País de España— ha mantenido su poder en la capital de Sinaloa, se ha vuelto más sutil y ha preferido, con cierta sabiduría, eludir un enfrentamiento con el Gobierno. 

 

Da la impresión de que entre mayor sea la actividad militar en contra de los carteles, más poderosos se vuelven éstos. “Sin inteligencia militar ni una estrategia de combate integral al fenómeno del consumo, del lavado de dinero o de la impunidad y corrupción en el sistema judicial —escribe Jorge Zepeda Patterson en El País—, la liquidación ocasional de cabezas del narco simplemente ha provocado la multiplicación fragmentada de organizaciones cada vez más salvajes”. El efecto es contrario a lo esperado, porque el gobierno mexicano parece pensar que los carteles están atados a una figura simbólica y casi sagrada —el capo líder, el jefe—, y que capturándolo producirán un desequilibrio de su cadena alimenticia. Pero no: los carteles en México demuestran que una cabeza perdida puede ser reemplazada por otra. O por varias.

 

Jalisco es justo la prueba de esa resurrección perpetua y la mala estrategia del gobierno, sólo una de las causas del avance del CJNG en la región. Mientras el gobierno prestaba más atención a Los Zetas y los Caballeros Templarios, el CJNG se expandió como una fuerza que se enfrentaba incluso a sus pares. En septiembre de 2011, expuestos sobre la acera en frente de un centro comercial, el CNJG dejó 35 cuerpos de narcotraficantes y delincuentes —pertenecientes parte de ellos a Los Zetas—, como una suerte de rito de paso. El CNJG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es una subdivisión del Cartel del Milenio, nacida después de una serie de rupturas y desencuentros entre sus integrantes. “El gobierno de México en los últimos tres años centró sus esfuerzos en la captura de El Chapo Guzmán —dice Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Autónoma de México y experto en seguridad nacional—; en atender la crisis de Tamaulipas, donde se enfrentan muy violentamente Los Zetas y el Cartel del Golfo, y en enfrentar las crisis de Michoacán y Guerrero. En Michoacán la organización de los Caballeros Templarios ha sufrido golpes estratégicos, tanto por la acción de las autodefensas, como por la ofensiva del gobierno federal. El CJNG está aprovechando los vacíos dejados por el cartel de Sinaloa y los Templarios”. 

 

Jalisco resulta atractivo para los carteles por su posición favorecida: con salida al Pacífico —en los puertos Manzanillo y Lázaro Cárdenas—. El estado tiene frontera con Sinaloa y Michoacán y los ataques del gobierno han dejado sin reino a una región que facilita la conexión con EE.UU. La atracción no es un hecho propio de los últimos años. En los 80, Jalisco era el centro de operaciones de Miguel Ángel Pérez Gallardo, fundador de uno de los primeros carteles de Guadalajara al lado de Rafael Caro Quintero e Ignacio Nacho Coronel, capo del Cartel de Sinaloa dado de baja en 2010. La sorpresa, entonces, pierde efecto: quienes dividieron el país en territorios adiestrados son, treinta años después, los protagonistas de la misma guerra.

 

La sorpresa pierde aún más efecto cuando se revisa la historia de Jalisco: desapariciones, torturas y muertes han sido registradas desde entonces, pero han sido desestimadas, tal vez, en favor de resguardar la economía turística de la zona. Guadalajara es centro de una de las mayores ferias del libro del continente; Puerto Vallarta es centro turístico por excelencia; el tequila proviene de uno de los pueblos del estado, Tequila, donde se encuentran las principales compañías productoras. “Podría decir que lo ocurrido la semana pasada nos tomó por sorpresa, pero más bien fue producto de un descuido, porque las señales ya estaban ahí —dice Teresa Moreno, reportera del diario mexicano 24 Horas—. Hace unas semanas viajé a Nayarit (entidad colindante con Jalisco) y cuando hablábamos del clima de violencia en la zona, una maestra de preescolar (niños menores de cinco años) me platicaba que no es que la violencia haya disminuido, sólo que no es tan mediática. Literalmente me dijo que en varias ocasiones durante el ciclo escolar se habían tenido que suspender clases porque de camino a su escuela los niños tenían que observar con trágica regularidad cadáveres colgados de puentes, ‘No está padre ir de camino al trabajo y encontrarte un colgado’, me dijo”. No es sólo una advertencia: es un desafío.

 

Las acciones del CJNG no son una forma aislada de ataque: son una advertencia certera al gobierno sobre el monstruo armado y ansioso que enfrentarían si, como hace nueve años en Michoacán, deciden convertir la región en prioridad. El CJNG tiene en sus manos misiles tierra-aire de manufactura rusa —que se pueden adquirir a través de Estados Unidos— y es el primer cartel que en muchos años osa atacar bombas de gasolina y bancos. En las últimas semanas, después del asesinato de los 15 policías, el gobierno nacional y estatal —en cabeza del priísta Aristóteles Sandoval— ha dicho que la violencia reciente no se debe al narcoterrorismo. En contradicción a esa afirmación, ha inaugurado la Operación Jalisco, que prioriza el ataque contra los carteles del estado a través de la Fuerza Única, un grupo élite de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el diario Excelsior, varios de sus integrantes han denunciado relaciones cercanas —demasiado cercanas: casi amigables— entre narcos y militares de esa unidad. Los militares deciden —según el testimonio de uno de sus integrantes— a quién encarcelan y a quién liberan, dependiendo de la influencia que tenga el jefe de este o aquel cartel. 

 

La Operación Jalisco comienza con el mismo ahínco de su homóloga en Michoacán. Dos corolarios se desglosan del operativo: la necesidad de crear un estado equilibrado —o, por lo menos, con control de territorio— y mejorar la percepción política sobre el gobierno de Peña Nieto, que en los últimos años ha dado sendos golpes mediáticos mientras los carteles se empotran en territorios de ausencia estatal. “Sin duda, el crecimiento desmedido de este grupo criminal no se entiende sin la participación de agentes dentro de la Fiscalía General del Estado y las policías municipales —dice Ómar García, periodista de El Informador de Jalisco—. (La Operación Jalisco) es un operativo fallido, que ahora tratan de reivindicar por lo menos en el discurso gubernamental”. Felipe Calderón, presidente en el período anterior a Peña Nieto, fue quien declaró una ofensiva directa contra los carteles y su suerte no fue mucho mejor. “La experiencia de los últimos años —dice Moreno— nos demuestra que a mediano plazo ha habido cierta disminución en la percepción de la violencia, pero en el corto plazo los enfrentamientos, bloqueos y matazones se han recrudecido”.

 

El repunte de la actividad militar en contra del CJNG podría alimentar un alza en las violaciones de derechos humanos, desde la parte oficial y desde los narcos: en un entorno así, en donde los ciudadanos suelen esconderse en sus hogares, todos se convierten en sospechosos o en medios para encontrar información. La cabeza de Oseguera ya tiene un precio. Los carteles carecen de dudas para asesinar a un funcionario público —hasta ahora, 70 han caído—. Las autoridades estatales y federales tienen roces, de modo que se crea un nuevo vacío que el CNJG aprovecha. Y un cartel con ese poder operativo tiene la capacidad casi inamovible de hacer lo que le dé la gana: en un video reciente de uno de los bloqueos, un hombre sube a un bus y sin decir una palabra va empapando el suelo con gasolina mientras camina hacia la puerta trasera, arroja el bidón dentro, se apea y en el último escalón, con un solo movimiento de mano, prende el encendedor.