HRW alerta que reducir edad penal no mejorará la seguridad en Brasil

Agencia EFE / Agencia EFE

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció el martes en Brasil que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años que estudia el Congreso viola normas internacionales y no es la respuesta adecuada a los problemas de seguridad que enfrenta el país. 

"Los niños y adolescentes que violan la ley pueden y deben ser responsabilizados, pero de una forma individualizada que promueva su reintegración a la sociedad", sostiene la ONG de derechos humanos en una carta enviada este martes a líderes del Congreso. 

Una comisión del Parlamento estudia una propuesta de enmienda constitucional para reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal, de modo que los adolescentes sean juzgados de la misma forma que los adultos y no bajo un régimen especial.

La propuesta es apoyada por el 87% de los brasileños, según una encuesta de la consultora Datafolha. 

Sim embargo, HRW señala que de aprobarla, el país "pondría en riesgo los derechos de los niños y adolescentes y, en última instancia, la seguridad de sus propios ciudadanos". 

"Juzgarlos y castigarlos como adultos no es la respuesta para los problemas de seguridad pública que enfrenta Brasil", añade.

Según la ONG, uno de los varios grupos que batallan para frenar la iniciativa, ésta se basa en varias premisas "infundadas", entre ellas la percepción de que los jóvenes de entre 16 y 18 años son impunes. 

HRW recuerda que según el Estatuto del Niño y del Adolescente, aprobado en 1990, los menores de 18 años que infrinjen la ley son sometidos a medidas socioeducativas, que pueden variar desde trabajos comunitarios hasta la internación en centros correccionales por un máximo de tres años.

"Si hay impunidad en casos que involucran adolescentes, es reflejo de una falla más amplia que hay hoy en Brasil en relación a la investigación y consecuente responsabilización criminal", agrega la carta. 

HRW señala además que introducir a los jóvenes de 16 años en el universo penal adulto contradice la Convención Internacional de los Derechos del Niño de la ONU, normativa que Brasil aplicó hace 25 años, de forma pionera entre los países de América Latina.