Japón ultima la aprobación de una controvertida reforma militar

 El Parlamento nipón ultima este viernes la aprobación definitiva de una polémica reforma militar que divide profundamente al espectro político y a la ciudadanía y cuya tramitación ha sido retrasada por partidos de la oposición con la presentación de varias mociones de censura.

El Senado se dispone a votar en las próximas horas la tramitación del proyecto legislativo después de que la Cámara Baja rechazara este vierenes por mayoría el último escollo -una moción de censura contra el Gabinete del primer ministro, Shinzo Abe, que ha impulsado la reforma- interpuesto por las formaciones opuestas a la medida.

La amplia mayoría que la coalición gobernante, formada por el conservador Partido Liberal Demócrata (PLD) de Abe y el budista Nuevo Komeito, ostenta en ambas cámaras ha hechos inútiles los intentos para bloquear la iniciativa, que previsiblemente será aprobada sin problemas en la votación definitiva.

La nueva normativa está destinada a dotar de un mayor protagonismo a las Fuerzas de Auto Defensa (Ejército) niponas, ya que les permitirá defender a aliados si son objeto de un ataque o participar en operaciones de seguridad de Naciones Unidas.

Sin embargo, muchos consideran que esto acaba con el pacifismo plasmado desde el final de la II Guerra Mundual en el artículo 9 de la Constitución japonesa, que hasta ahora solo permitía al país usar la fuerza para defenderse.

De hecho, para poder sacar adelante la nueva legislación el Gobierno Abe aprobó el año pasado de manera unilateral una muy protestada "reinterpretación" de dicha cláusula.

El último tramo para la aprobación de la reforma militar -la cual es rechazada por más de la mitad de los nipones, según las encuestas- ha deparado en los últimos días manifestaciones masivas frente a la sede del hemiciclo en Tokio y acaloradas riñas entre parlamentarios rara vez vistas en la política nipona.

Este viernes nuevamente miles de personas se concentraron ante la sede parlamentaria en la capital nipona para protestar por el cambio normativo y pedir a la coalición gobernante que dé marcha atrás.